Esta publicación forma parte de la campaña «10 Razones para firmar el TPAN», que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

Por Irene Graíño Calaza

En 2019 António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas afirmaba que «las armas nucleares plantean una amenaza singular y potencialmente existencial para nuestro planeta y cualquier uso de armas nucleares constituiría una catástrofe humanitaria. Se ha progresado mucho en la reducción de peligros, pero hoy temo que ese progreso no sólo se ha detenido, sino que se está invirtiendo». Toni Soler, presidente de FundiPau, explicaba en el contexto de la ratificación del TPAN que «la explosión de una sola arma nuclear provocaría una emergencia humanitaria de alcance incalculable, con la muerte de centenares de miles de personas y miles más heridas que quedarían desatendidas, además de la destrucción del entorno con los efectos que perdurarían durante décadas. En otras palabras, las armas nucleares son incompatibles con uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a la vida».

La amenaza o el uso de armas nucleares es incompatible con el derecho a la vida y puede constituir un delito según el derecho internacional, y es que, las armas nucleares representan una amenaza única y existencial debido a su incomparable poder destructivo. De hecho, se estima que un arma nuclear única es capaz de destruir una ciudad en su totalidad, resultando en potencialmente millones de víctimas y poniendo en peligro el medio ambiente natural y la vida de generaciones futuras por sus efectos catastróficos de larga duración. Este tipo de armas solo se han utilizado dos veces en la guerra. El primer artefacto nuclear utilizado durante un conflicto armado fue arrojado sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y afectó a medio millón de personas, de las que doscientas mil habían fallecido a finales de 1950. El segundo, lanzado sobre Nagasaki tres días más tarde, afectó a casi trescientas mil personas, de las que 100.000 habían fallecido a finales de 1950.

Los efectos de las armas nucleares no se limitan únicamente a víctimas humanas, sino que también generan una gran destrucción medioambiental. En total, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, unos 13km2 en Hiroshima y 6,7km2 en Nagasaki quedaron totalmente destruidos como resultado del calor, el fuego y la onda de choque. Según la OMS, la radiación afecta significativamente a ciertos tipos de plantas, al cultivo, el ganado y al ecosistema marino, por lo que, imaginando un conflicto nuclear a gran escala, los efectos podrían ser tan devastadores que causasen daños ambientales a varios países, generados por la expansión de la radioactividad a través del viento y por los cambios en el clima.

75 años más tarde, el 22 de enero de 2021, estas armas de destrucción masiva pasaron a estar prohibidas por el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), después de ratificarse por 50 países – el número mínimo necesario para la implantación de un tratado-. Este tratado obliga a los Estados que lo ratifiquen a no desarrollar, ensayar, producir, fabricar o adquirir, poseer, almacenar, alojar, amenazar con utilizar o utilizar estas armas en ninguna circunstancia, añadiendo que, aquellos que posean armas nucleares deben desactivarlas y destruirlas lo antes posible, y obligando a pagar reparaciones a las víctimas y los Estados afectados por su uso y a restaurar los ecosistemas dañados.

Es patente el peligrosísimo impacto de las armas nucleares en los derechos humanos y su influencia en el aumento de las amenazas potenciales de una catástrofe humanitaria. La presencia de estas armas obstaculiza categóricamente la construcción para la paz a nivel mundial. Ha sido por tanto esencial en este sentido la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) y es imprescindible que todos los Estados se comprometan a su promoción y defensa y a esforzarse por construir un mundo sin armas nucleares. El Gobierno de España debe ineludiblemente ratificarlo y mostrar su compromiso con la abolición de las armas nucleares, que generan en sí mismas una absoluta vulneración de los derechos humanos, por todas las consecuencias y daños que tanto su posesión como su utilización han ocasionado y ocasionan, tanto a nivel humano como a nivel medioambiental.

Irene Graíño Calaza es jurista y politóloga, integrante del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA

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