Por  Ximena Soza

A dos años del estallido social que encendieron los estudiantes secundarios, en Chile se escribe una nueva constitución que destituirá la instalada por Augusto Pinochet y su dictadura cívico militar en 1980, sin embargo en las regiones de la Araucanía y el Biobío siguen estando los militares a cargo y siguen estos desfilando su armamento de guerra, apuntando y disparando arbitrariamente contra la población, particularmente contra los miembros del pueblo-nación Mapuche. El 3 de noviembre fue asesinado un nuevo hijo Mapuche de 23 años, bajo la especulación de un enfrentamiento que según testigos nunca existió. Desmantelar la dictadura no requiere de símbolos, sino de cambios estructurales profundos.

La comisión constitucional que se consolidó a través del voto popular que consiguieron en la calle millones de chilenos y chilenas, redacta la nueva carta magna con diecisiete miembros de pueblos originarios. Además de esta participación histórica, la comisión está dirigida por una doctora Mapuche; Elisa Loncon. Al asumir esta a su cargo, muchas personas celebraron el gesto como un símbolo de tiempos de cambio para los pueblos originarios, en especial para el pueblo-nación Mapuche que ha vivido en un estado permanente de invasión y violencia. El día en que  Loncon asume el cargo, en las afueras del edificio donde se condujo la ceremonia, un hombre Mapuche vistiendo makvn o manta y portando una trutruca (instrumento de viento tradicional) fue arrojado al suelo y detenido por carabineros de Chile solo por ir pasando.  En verdad el símbolo era ese, mostrando la dicotomía entre el discurso y la práctica y graficando perfectamente la relación de las instituciones de estado con los pueblos originarios; una relación asimétrica,  carente de respeto, llena de dicotomías y esencialmente racista.

La convención constitucional para varias comunidades autónomas Mapuche carece de legitimidad. Así lo vinieron a estipular de manera presencial frente a la sede de la misma en septiembre del presente año, comunidades de Malleco y sus alrededores, instancia en la que no fueron recibidos por quienes presiden la comisión. Para ellos el equipo que trabaja en la nueva constitución perpetúa las relaciones raciales promovidas por la institucionalidad y desconoce la autonomía del Pueblo-nación Mapuche legítimamente avalada por el tratado de Trapihue firmado en 1825 por el país naciente de Chile en el cual se reconoce el territorio ancestral como una nación independiente. Este tratado deja de ser respetado cuando Chile busca su expansión hacia el sur del Bio Bio y encuentra como asentarse en territorio Mapuche para abrir espacio al ejército y los colonos, quienes para el 1882 ya habían cometido varias matanzas en contra de los Mapuche.

En otro acto simbólico  el 12 de octubre del año 2021, el cuestionado presidente de Chile, Sebastián Pinera, decretó estado de excepción en varias provincias de la región de la Araucanía y el Biobío, regiones del país que cuentan con la mayor población Mapuche del territorio. El estado de excepción entrega al ejército la capacidad oficial de gobernar la zona, de intervenir las carreteras para realizar controles arbitrarios a vehículos y transeúntes y puntos de entrada a las comunidades, de impedir reuniones, de restringir la movilidad y la locomoción. Desgraciadamente miembros de comunidades autónomas comentan que la implementación del estado de excepción es también simbólica, ya que en general, estos comportamientos no son diametralmente distintos a las prácticas cotidianas de las fuerzas policiales contra las comunidades y sus miembros, ya que estas entran en las comunidades de manera violenta sin mediar justificación y sin discriminar entre adultos, niños, niñas, ancianos o ancianas.

El pasado 3 de noviembre, el joven Mapuche Yordan Llempi fue asesinado por la armada de Chile, quienes habiendo herido a varias personas más, incluso una niña de 9 años, recibieron todo el apoyo del gobierno. Según lo reportado por Radio Universidad de Chile, este asesinato ocurrio en el contexto de un presunto enfrentamiento mientras se desarrollaba una protesta en contra del estado de excepción. De acuerdo a lo reportado por testigos y lo observado en videos de particulares que se encontraban en el área, no habría habido jamás un enfrentamiento y los militares habrían disparado a quemarropa. Uno de los propios afectados, José Huenchuleo Saavedra, dijo a Interferencia.cl que al ir pasando los militares le dispararon una rafaga a su camioneta en la que viajaba con su familia.  Huenchuleo cuenta que después de estar evidentemente herido los militares impidieron que recibiera atención médica en el lugar y fue conducido por otra persona a un centro de salud cercano de donde debió ser trasladado al hospital de Temuco en donde fue operado por los 5 impactos de bala que recibió.

El ministro del interior Rodrigo Délano realizó un punto de prensa en el que justificó el actuar de los militares, diciendo que se habían encontrado armas de “grueso calibre” en la zona y que debido al uso de estas había sido necesario para los agentes de estado ocupar sus armas de servicio. No es la primera vez que el estado miente a propósito de la violencia policial. En el caso de Camilo Catrillanca, asesinado el 14 de noviembre del año 2018 por los miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se había establecido inicialmente que había habido un enfrentamiento, para descubrir rápidamente que su muerte fue causada por un impacto de bala en la cabeza recibida por la espalda.  En primera instancia el reporte policíaco establecía una serie de declaraciones que más tarde fueron refutadas por la autopsia y por la evidencia de audio y vídeo que inicialmente fueron ocultadas. En el caso del asesinato de Yordan Llempi aun no han sido entregadas las imagenes de las camaras que portaban los militares.

El presidente de la república dijo que pediría al Congreso aprobar una nueva extensión del estado de emergencia en ambas regiones, a su vez el Gobernador Regional y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía AMRA realizaron una consulta ciudadana en 32 comunas de su región con la única pregunta a responder de si la población quería que se mantuviera el estado de excepción. La población validó esta intervención con un contundente sí, pero se presume que este número de personas eran no Mapuche, primero porque muchos Mapuche se manifiestan en contra de la participación en cualquier acto de votación gestionado por instituciones del estado y también por la experiencia previa con ciudadanos de la zona. En el pasado los residentes chilenos de estas áreas han mostrado no solo su descontento por la reivindicación de tierras de las comunidades autónomas Mapuche que han recuperado parte del territorio ancestral de su pueblo, pero también su abierto racismo al haber realizado jornadas de inusitada violencia  en la Araucanía, específicamente en las comunas de Curacautín, Ercilla, Victoria, Collipulli y Traiguén, en las que se quemaron vehículos de miembro de comunidades y se incitó directamente al odio sin haber recibido consecuencias por ello.

En el camino al velorio y funeral de Yordan LLempi varias comunidades fueron detenidas por los militares tratando de impedir su paso y participación a esta importante ceremonia.  En el regreso de los funerales, el paso de otras comunidades también fue interrumpido. Radio Kurruf reportó que también en el retorno de la ceremonia comunidades fueron expuestas a controles de armas y detectores de metales. Las revisiones fueron hechas de manera supuestamente aleatoria lo que demuestra un sesgo hacia las comunidades Mapuche y sus miembros, además del seguimiento de un evidente perfil racial. Todas estas prácticas van en contra de lo que se plantea como legítimo derecho del pueblo Mapuche,así como el de otros pueblos originarios en la convención de la Organización Internacional del Trabajo OIT 169 que lidia con su derecho consuetudinario.

A pesar de que desde el estallido social se haya comenzado a gestar una nueva constitución que puede llegar a desmantelar la era de la dictadura de Augusto Pinochet, las prácticas de represión de esta época se siguen perpetuando de manera cotidiana en contra del pueblo Mapuche. Para este pueblo esta discusión es sólo un símbolo de una relación infertil con el estado que no alcanza a traer justicia a sus comunidades, primero porque es una instancia de diálogo asimétrica con una nación que no honra la palabra empeñada en los tratados de los cuales son firmantes, ni lo estipulado por entidades internacionales como la declaración de la OIT 169, un estado que no los reconoce como pueblo-nación y  que intenta frenar  con muertos y heridos sus procesos hacia la autonomía y de reivindicaciones de sus territorios ancestrales. La militarización del territorio Mapuche simboliza  las relaciones raciales cruzadas históricamente por el racismo y la violencia de estado contra miembros del pueblo-nación Mapuche.