A partir del 1 de julio, se reanudarán las ejecuciones de desahucios en virtud de las sentencias dictadas hasta el 29 de febrero de 2020. Los demás plazos serán a partir del 30 de septiembre de 2021 y del 31 de diciembre de 2021.

Ya el 1 de julio llegarán a las comisarías unas 80.000 solicitudes de ejecución, 4.500 sólo en Roma. Que se sepa: los municipios italianos no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a esta oleada de desahucios, no tienen viviendas sociales para garantizar la transición de casa a casa y los recursos para las ayudas al alquiler y a la morosidad no se utilizan ni se distribuyen a las regiones.

Es evidente la responsabilidad política que han asumido el Gobierno, las Regiones y los Municipios, que, en los últimos 16 meses, por un lado, no han indemnizado a los propietarios, agravando aún más las relaciones entre inquilinos y propietarios, y, por otro, no han aprovechado este tiempo para definir un plan nacional que permita alcanzar, mediante la recuperación y sin consumo de suelo, las 500.000 viviendas sociales que se necesitan en Italia.

Así, ha desaparecido del PNRR una partida de financiación de lo que habría sido, y es, un importante proyecto estratégico de infraestructura social: dotar a Italia de un número adecuado de viviendas sociales.

Hoy, el tiempo se ha agotado y es necesario poner en marcha iniciativas para al menos intentar «gobernar» los desalojos, evitando que se reduzcan a una cuestión de orden público.

Es necesario que: a) en las prefecturas se activen mesas de crisis para la ejecución de los desalojos garantizando el paso de casa en casa; b) que los organismos públicos o con participación pública como Inps, Ferrocarriles, Ministerio de Defensa, Ipabs etc. pongan a disposición de los municipios, aunque sea temporalmente, sus activos no utilizados que consisten en decenas de miles de viviendas; c) que el Ministerio de Infraestructura distribuya inmediatamente los recursos de los fondos para contribuciones de alquiler y atrasos de alquileres asignados por la última ley de presupuesto.

A medio y largo plazo, es necesario incluir la cuestión de la vivienda en la agenda política italiana y proceder a la definición de un verdadero plan nacional de vivienda residencial pública de alquiler social.

Por último, Unione Inquilini (Unión de Inquilinos) recogerá las peticiones de los desahuciados para solicitar una intervención sobre el Gobierno italiano del Relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, ya que Italia se ha adherido a convenios internacionales en los que se explicita el derecho a la vivienda y que estos en los casos de desahucios y desalojos se aplican facilitando primero la transición de vivienda a vivienda.

Oficina de Prensa Unione Inquilini

 

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide.