El pasado sábado 26 de junio, tuvo lugar el primer taller sobre renta básica, organizado desde la convergencia entre diferentes colectivos de América y Europa, que están trabajando en la defensa y difusión de lo que consideran «la mejor política social»: Red Humanista por la Renta Básica Universal (con presencia en prácticamente todos los países de Latinoamérica y EEUU, además de algunos países europeos), Colectivo por el Ingreso Ciudadano Argentino y Red Temática RBU Udelar Uruguay.

En el evento, se informó respecto a este reclamo que reivindica cada vez más gente, pero también se profundizó en cómo la implementación de una renta básica universal e incondicional afectaría a distintos sectores: mujer, artistas y personas que trabajan en la cultura, estudiantes, pueblos originarios, colectivo LGTBIQ+, personas afectadas por discapacidades… entre otros.

Reproducimos una síntesis del grupo que trabajó en cómo le cambiaría la vida al colectivo LGTBIQ+, rescatada por el coordinador del grupo.

 

Por Ramiro Ruiz Cabaleiro*

La Renta Básica Universal, Incondicional, Individual, Suficiente y Permanente, nos aporta una independencia económica que nos da a todas las personas libertad para elegir cómo y qué queremos hacer en nuestra vida y nos garantiza nuestra autonomía personal y la no dependencia de alguien más para cubrir nuestras necesidades materiales. También nos permite elegir un trabajo adecuado y desarrollar nuestras capacidades. Y lo que es más fundamental, nos evita gastar energía en sobrevivir. Esto sería liberador, porque nadie se vería obligade a soportar discriminaciones ni maltrato de nadie ante el chantaje de la necesidad de supervivencia.

Muches, sobretodo les jóvenes, se alejan de sus propias familias y hasta de sus pueblos natales escapando de un entorno que no acepta la diversidad sexoafectiva. La RB ayudaría a aquelles niñes y jóvenes que por ser discriminades son forzades a abandonar sus hogares, y que con los subsidios condicionados actuales, al no ser individuales, se quedan sin ningún tipo de ingreso para la subsistencia.

Si bien se trata de un cambio cultural, depende también del Estado fomentar la inclusión desde la Escuela, con medidas como la Educación Sexual Integral o mediante materias de no-violencia y campañas para toda la población.

En el ámbito de pareja o de cualquier tipo de relaciones sexoafectivas, la RB facilitaría la emancipación de quien necesite separarse de alguien violente y que no pueda hacerlo por dependencia económica.

La RB también promueve los emprendimientos personales y cooperativos, lo que evitaría que mucha gente migre por razones laborales. Claro que por su parte el Estado debe impulsar que haya puestos de trabajo, complementarios a la RB, distribuidos por todo el país.

Por supuesto, no sólo en el ámbito familiar se discrimina. Según un estudio realizado en Colombia en 2013 del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), “los empresarios saben que no pueden despedir a alguien por ser gay o lesbiana, pero las personas entrevistadas expresaron que en muchas ocasiones se generan presiones de diversa índole que llevan al despido con argumentos ajenos a la orientación sexual. En los casos en los que se logra demostrar que el despido tiene un componente homofóbico, la legislación nacional plantea como única salida la restitución del cargo, pero eso implica para la víctima ser contratada nuevamente en un espacio en el que previamente fue rechazada”.[1]

No son pocas las personas que han sido despedidas de sus trabajos, o que han continuado en ellos viéndose abocadas a ocultar su orientación sexual o identidad de género (6 de cada 10 en España). La primera encuesta latinoamericana realizada por numerosas organizaciones del continente con el apoyo de la Oficina Regional de ONUSIDA muestra que el 37,2% reconoce haber sufrido al menos una situación de acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral en el último año por su orientación sexual y/o identidad de género. Y asciende a 74% cuando se pregunta sobre un listado de experiencias, entre las cuales figuran la violencia simbólica, violencia institucional, violencia sexual, acoso y violencia física.[2]

Como se dijo, la RB otorgaría a las personas un mayor poder de negociación de condiciones laborales frente a la patronal, o bien disminuiría el temor de renunciar y quedarse sin ingresos. ¿Qué tal si une pudiera exigirle respeto a sus empleadores. ¿Qué tal si une no tuviera que tragar saliva y guardar silencio ante los malos tratos, y la incomprensión o rechazo de les compañeres de trabajo? ¿Qué tal si perdiéramos el miedo a quedarnos en la calle, en caso de que no toleráramos la discriminación?

En algunos países la autocensura y la migración por discriminación es aún peor. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e intersexuales (ILGA en inglés),[3] mantener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo todavía es considerado un delito que puede ser castigado con pena de muerte en 12 países. 68 (más de un tercio del mundo) prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo. La mayoría de ellos se encuentran en África y Ásia y las penas van desde multas y condenas de cárcel hasta castigos físicos. En algunos países del Caribe, como Jamaica y Guayana hay pena de prisión, y en San Cristóbal y Nieves, la obligación a los varones de realizar trabajos forzosos. Aún logrando huir de tales situaciones, las personas migradas luego se encuentran en situación de “irregularidad” legal y exclusión social.

En España el 85% del colectivo trans está en paro estructural, y muches abocades a prostitución. En Argentina, de acuerdo a un informe de 2020 de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA) y Fundación Huésped[4], “el trabajo sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente por parte de las mujeres trans, no así por los hombres trans. De todos modos, la precariedad laboral se observa en ambos grupos ya que la proporción de quienes trabajan en el sistema formal es baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans reportó tener aportes jubilatorios.” César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) dice que “por lejos, las personas travestis y trans son las que más sufren. Más de un 80% de las denuncias por violencia o discriminación nos llegan de ellas. Entre un 60 y un 70% son migrantes, carecen de Documento Nacional de Identidad y no están formalizadas en ningún registro. La mayoría en situación de prostitución, y no es un empleo como cualquier otro. Son miles que por ese trabajo terminan acuchilladas o descuartizadas”.[5]

Afortunadamente el informe también nos dice que “la promulgación de la Ley de Identidad de Género produjo, en la población trans, la esperanza de insertarse nuevamente en el ámbito de trabajo formal y 3 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres trans retomaron la búsqueda laboral. Del mismo modo, la discriminación disminuyó de forma considerable de 7 de cada 10 casos a sólo 3 de cada 10 casos reportados.”

También, este 28 de junio debemos celebrar en Argentina la recientemente aprobada ley de cupo laboral trans[6], única en su tipo en la región, que estipula que el Estado Nacional deberá garantizar el 1% de su planta laboral para personas travestis y trans. Según un informe ministerial entre el 27 de enero de 2021 y hasta este viernes 25 de junio, son 4.322 las personas inscriptas. Sin ánimos de opacar estos avances, afirmamos que la RB aseguraría la subsistencia y una vida en condiciones dignas más allá de si se logra conseguir o no un trabajo remunerado.

Sabemos que la pandemia afectó la vida personal y laboral de la gente a nivel mundial. ¿Cuántos casos han habido de jóvenes que con la cuarentena se quedaron sin trabajo y se dedicaron a la prostitución para subsistir? ¿Cuántes de elles han sido asesinades en crímenes de odio? Les asesines «eligen a sus víctimas producto de la vulnerabilidad que genera la clandestinidad y el estigma que se impone sobre la comunidad LGBTIQ+ y les trabajadores sexuales”. Son casos que tal vez podrían evitarse si, en primer lugar, no hubieran tenido la necesidad de migrar en busca de oportunidades laborales. O bien, si al perder sus empleos pudieran acceder a las ayudas del Estado, y estas fueran de un monto suficiente. O quizás aún, si les victimaries, más allá del odio, hubieran tenido un ingreso garantizado que les hubiera permitido llevar una vida digna libre de delincuencia.

Por todos estos motivos la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años, y de 44 para las personas LGBTIQ+ a nivel mundial.[7] Consideramos que son razones más que suficientes para que los Gobiernos implementen de una vez la RBUI y amplíen derechos para todes, empezando por el de la subsistencia material garantizada.


[5] Idem 2

 

*Ramiro Ruiz Cabaleiro vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro de la Red de Humanistas por la Renta Básica