Por Maxine Lowy

Llevaba cuatro días viajando desde que en Machala, Ecuador, había subido al primero de cuatro buses que los llevaría a Tacna. Lorena Zambrano venía con sus dos pequeños hijos agotados de tanto mal dormir y mal comer en los buses.

Tenía el pasaporte al día, la invitación de su madre, los permisos del padre de los hijos, los pasajes de regreso y mil dólares: cumplía con todos los requisitos que se exigen para una visa de turista chilena. Sin embargo, la oficial de policía de investigaciones (PDI), que tramita los ingresos al país, no le permitió entrar. La joven regresó al día siguiente y le tocó la misma guardia: “¿cómo se llama la dueña del departamento que arrienda su madre?”, fue la pregunta imposible de contestar que nuevamente impidió su paso.  No se dio por vencida. Al tercer día, hubo cambio de guardia y el nuevo oficial, sin ningún rodeo, timbró su pasaporte, permitiéndoles pisar tierra chilena y abrazar a su madre por primera vez en dos años.

Este episodio,a pequeña escala, ejemplifica, por un lado, el poder discrecional, arbitrario y cambiante de la política migratoria de Chile; y por el otro, el tesón que impulsa a las personas que toman la decisión de buscar mejores horizontes fuera de su país.

La travesía de Lorena y sus hijos ocurrió hace 11 años, poco después de inaugurarse el primer período del Presidente Sebastián Piñera.  Un poco antes, su madre había sido beneficiada por la amnistía que la Presidenta Michelle Bachelet decretara para regularizar el estado legal de miles de migrantes.

Desde entonces, el gobierno de Sebastián Piñera se convirtió en uno de los más severos del continente en materia migratoria. Lorena Zambrano, por su parte, se transformó en una apasionada defensora de los derechos de los migrantes, a través de la organización Asamblea de Migrantes y ProMigrantes de Tarapacá (AMPRO).

Inmigración selectiva

En el pasado Chile no era un destino que atraía a los inmigrantes. No solo su geografía, al sur del sur, y su geología, como la Cordillera de los Andes y el desierto de Atacama, dificultaban el paso, sino que los 17 años de dictadura militar no lo hacían un lugar propicio para asentarse.  Esto empezó a cambiar a mediados de los ‘90, con la llegada de migrantes del Perú. Entre los años 2000 y 2017 la población migrante en Chile se elevó 176%, con las comunidades peruanas y haitianas llevando la delantera, con más de 249.000 y 73.000 migrantes, respectivamente. En aquellos años todavía eran habituales las fronteras abiertas en Chile, igual que en otros países de Sud América. No hacía falta más que el carnet de identidad para cruzar fronteras, especialmente, entre países del Mercosur. A partir de 2017 la comunidad migratoria venezolana igualó a la peruana, llegando, dos años después, a ser el mayor grupo migratorio de Chile.  Hoy la comunidad venezolana supera 455.000 personas, según cifras oficiales.

La creciente presencia inmigrante posicionó el tema por primera vez en la agenda política y puso a prueba los principios que sostienen el andamiaje valórico del Estado chileno. En la actualidad, se evidencia más nítidamentecon respeto a migrantes venezolanos la errática política migratoria de Chile que emana directamente del Presidente Sebastián Piñera.

En febrero de 2019 el mandatario subió a una tarima en Cúcuta, pueblo colombiano fronterizo, para “solidarizar con la lucha del pueblo venezolano en la recuperación de su democracia.” Esto se interpretó como gesto humanitario, y miles de venezolanos se dirigieron hacia este país situado en el sur del continente.

Reiteradas expresiones de parte del propio mandatario y de voceros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de “ordenar la casa”, “proteger nuestras fronteras”, “hacer frente a los delincuentes extranjeros,” diferenciar entre “migrantes buenos y malos”, señalaron el fin de la luna de miel. Haciendo eco de tales expresiones que criminalizan a los migrantes, a mediados de abril 2021, el Intendente de Atacama, afirmó: “No queremos que lleguen personas al servicio del crimen organizado.”[i]  Esta lógica constituye la base de la política migratoria chilena.

Para controlar la entrada de quienes el Estado de Chile consideraba indeseados, se impuso la obligación de postular para una visa de turismo en el consulado de Chile del país de origen, específicamente, y discriminatoriamente para ciudadanos haitianos y venezolanos. Sin embargo, los consulados chilenos en Venezuela y Haití prácticamente dejaron de realizar trámites de visas.

Apenas meses después de la mediática visita a Cúcuta, en junio de 2019, cientos de migrantes, la mayoría venezolanos, quedaron varados en las calles y plazas de Tacna, pueblo peruano fronterizo, cuando Chile cerró el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado.  Sin embargo, en septiembre 2019, ante las Naciones Unidas, Piñera nuevamente criticó a Venezuela por “no respetar a las libertades ni los derechos humanos”.

En noviembre de 2020 el Ministro de Relaciones Exteriores rechazó miles de solicitudes de Visas Responsabilidad Democráticas presentadas en el Consulado de Caracas. La Visa de Responsabilidad Democrática fue un mecanismo introducido en 2018 con el fin explícito de facilitar la entrada de los migrantes venezolanos. Además, en todo el año 2020 se concedió refugio a solo 7 personas, según informes oficiales.

Tomás Greene es director del área jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, con oficinas en Arica, Antofagasta y Santiago, fundada en 2000 para “proteger la dignidad y los derechos de migrantes y refugiados” mediante apoyo jurídico y social.  Ante los rechazos masivos, y, según Greene, “deficientemente fundamentados”, expresa: “Creo que el gobierno…  simplemente no quiere dar refugio porque le obliga al estado a entregar una visa mientras se tramitan las solicitudes. Los flujos migratorios más grandes se entienden como amenaza que la autoridad debe prevenir. Para mí es una irresponsabilidad grave también porque están infringiendo tratados internacionales”.[ii]

De los convenios internacionales humanitarias incorporados por Chile a su derecho interno,es la Declaración de Cartagena del 1984 la que permite declarar refugiados a quienes vienen de Venezuela. Su definición amplia señala que personas que huyen de sus países por “circunstancias [generalizadas] que hayan perturbado gravemente el orden público” deben ser consideradas refugiadas. La incertidumbre y las dificultades de subsistencia prevalentes en su país calificarían a los migrantes venezolanos como refugiados humanitarios.

En abril 2021, tras una audiencia sobre las condiciones migratorias de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)llamó a los estados a adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras que incorporen un enfoque de derechos humanos. En relación a Chile, la CIDH repudió “… la deportación de personas sin consideraciones sobre posibles necesidades de protección internacional o reunificación familiar”.

La CIDH hacía referencia a las amenazas emitidas por voceros de gobierno de expulsar extranjeros. A principios de febrero, el gobierno licitó 15 aviones para expulsar a extranjeros. Solo una semana antes, una mujer colombiana y un hombre venezolano murieron en el desierto altiplánico al ingresar a Chile. A pesar del peligro, en el mismo día del anuncio, más de mil migrantes llegaron hasta Colchane, aldea de 1600 habitantes, donde son comunes el frío penetrante de noche y el sol quemante de día. Desde marzo de 2020 hasta febrero 2021, a pesar de la pandemia, las autoridades regionales estiman que más de 15.000 migrantes pasaron por Colchane.

Señala Tomás Greene: “Para el gobierno, mostrar un avión con gente que sale expulsada debería operar como desincentivo para que todo el mundo vea que en Chile se respetan las normas migratorias y que la gente que no ingresa de forma regular será expulsada. Pero cuando se producen contextos de violencia y pobreza, no se desincentiva fácilmente. Obviamente quisiéramos que todos entraran con sus visas y con sus carnets de identidad chilena desde el primer día, pero esa no es la realidad de nuestra región, sino una mentalidad un poco idealista que no funciona como política”.

Francisco Bazo, integrante del Movimiento Acción Migrante, ha observado el clima cada vez más hostil hacia los migrantes y el endurecimiento de las medidas represivas, con el pretexto de proteger las fronteras.  “El estado chileno nunca ha querido reconocer ni hacerse cargo de las raíces de los problemas que afectan el país. Lo vemos en la represión contra los mapuches. Lo vimos en el estallido social. Lo vimos en el desalojo de un campamento, donde vivían  muchos migrantes. Si solo respondes con mano dura se genera un movimiento contra los migrantes, y campañas racistas.”[iii]

El 11 de abril el ejecutivo promulgó una nueva ley de migraciones, en reemplazo al decreto ley, dictado en 1975 durante la dictadura, cuando Chile, en lugar de ser un país destino para el migrante, expulsaba extranjeros y unos 200,000 de sus propios ciudadanos. La nueva ley solamente logró promulgarse después que el Tribunal Constitucional,una entidad conservadora, dejara afuera siete puntos. Sin embargo, retiene la lógica de la ley anterior, que miraba a los extranjeros con sospecha. Más allá de la creación de una nueva institución dedicada a administrar políticas de migración, otros aspectos representan un retroceso. Primero, introduce medidas administrativas para expeditar la expulsión de extranjeros. Segundo, impide a un migrante cambiar su categoría migratoria, por ejemplo, si entra con visa de turista no podrá cambiarla a visa de residente. Tercero, proporciona un plan de regularización para migrantes que entraron legalmente pero luego se vencieron sus visas, sin embargo, deja afuera a quienes entraron indocumentados.

A los defensores de los derechos migratorios les preocupa que la nueva ley promueva una migración selectiva y aumente la precariedad de la vida de los migrantes en Chile. “Al poner barreras, solo se fomentará la irregularidad,”señala Bazo. “El inmigrante quedará más susceptible a ser explotado.”

Migrantes pro migrantes

En Iquique, Lorena Zambrano y AMPRO fueron testigos de que el caudal migratorio no se detiene. En la primera semana de la promulgación de la ley, su teléfono no dejaba de sonar con las llamadas de migrantes angustiados por lo que podría significar para sus vidas.[iv] Desde enero AMPRO observó la llegada de una migración en masa: viajan juntos grupos de migrantes, integrados por muchas mujeres con niños. Vienen caminando, prácticamentea pie, los 200 kilómetros desde Colchane. Antes de cruzar la frontera, su trayecto los lleva por Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia, pero siguen hacia Chile porque en los otros países “no se los tratan bien y hay alta incidencia de agresividad” hacia migrantes, señala. Además, en Chile, muchos tienen familiares.

Integrada por migrantes veteranos, la organización apaña a la nueva generación de migrantes. AMPRO ha movilizado campañas por las redes sociales para conseguir “todo lo que un ser humano necesita para tener calidad de vida hasta que se vaya a reunirse con sus familiares”: comida, ropa abrigada, camas, medicina, carpas, pañales, hasta preservativos. Hay pequeños almacenes de gente migrante que se han puesto la mano en el corazón y les dan verdura, pan y otros comestibles.

La organización no sólo entrega asistencia material sino orientación social y apoyo para realizar trámites jurídicos. Ha sido un puente importante entre migrantes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ente gubernamental que lleva casos de vulneración de derechos.El 25 de abril, la amenaza del gobierno se concretó con cuando 55 extranjeros, la mayoría de ellos venezolanos, subieron a un avión de la aerolínea Sky en Iquique.

Cada persona que Zambrano atiende le evoca la memoria de su propia llegada. “Me vine asustada con mis dos niños, porque nunca había salido de mi país. Cuando uno atraviesa por la experiencia de salir y viajar, te pasan tantas cosas, y puedes entender al otro. No puedo permitir que otras personas pasen por esto”. Agrega, “Todos tenemos el derecho a vivir en paz sin sobresaltos”.

Crónica de una migrante

A mediados de enero 2021, llegó a Iquique un grupo de personas provenientes de Venezuela, entre ellos, Katerine, de 31 años, con sus pequeñas hijas.  Llevaban 15 días en camino desde Maracaibo.[v] Hacía cinco años que su marido, padre de las niñas, se vino a vivir a Chile y encontró buenas oportunidades de trabajo. Entretanto, la vida cotidiana en Maracaibo se puso cada vez más insostenible. Su sueldo de maestra ya no alcanzaba para pagar los costos básicos de la vida, ni tampoco alcanzaba con la remesa que le enviaba su marido, en un país que cerró el año 2020 con una tasa de inflación de 3.713%, según el Banco Central de Venezuela. Todo escaseaba: un día el pan, el otro el arroz, varios días sin harina para hacer arepasy conseguir gas para cocinar era un desafío constante. Últimamente no se conseguía, por lo tanto cocinaba con una cocinilla eléctrica, pendiente de los esporádicos cortes de luz que los dejaban sin electricidad durante gran parte del día. Katerine se habituó a caminar varias cuadras para llenar un envase grande de agua desde la plaza o desde lo de una vecina, pues en su casa apenas salía un hilo de agua.

Observaba cómo sus vecinos, de ese sector popular, guardaban los muebles con parientes, cerraban sus casas con candado, y se iban. La casa de su madre era una de las pocas habitadas de la cuadra. “Todo el mundo se despedía”, recuerda.

Su marido, el primero de la familia extendida que llegó a Chile, lo hizo en la comodidad de un viaje de pocas horas por avión y al entrar, su pasaporte fue timbrado. Todo en orden. Cuando Katerine decidió que era tiempo de unirse a él, se había puesto más complejo llegar al lejano país. Postuló a la visa consular, pero el consulado nunca respondió. Conseguir pasaporte para sus hijas también resultó engorroso; para cada trámite había que contar con una persona amiga y algo de dinero para destrabar un sistema burocrático. Finalmente, supo de una “agencia de viajes” confiable, que por US$1500 les prometía llevar, hasta cruzar, la frontera Chile, a través de Bolivia.

Una noche a principios de enero, Katerine llegó con sus hijitas al terminal de buses.  Eran un grupo de 13, contando sus hijas y los dos hijos pequeños de otra señora; solo iba un hombre, hermano de otra muchacha. Siguiendo las instrucciones de la “asesora,” llevaban lo justo y necesario en una mochila, más una bolsa de comida enlatada – atún, paté, galletas de soda- y otra con sábanas y toallas.

Dos veces esa noche cambiaron de buses, hasta llegar a San Antonio del Táchira, frente a Cúcuta. Alcanzaron dormir unas horas antes de que les vinieran a buscar.  De pie, en la oscuridad, cruzaron un puentecito sobre un río, un guía iluminando su paso con linterna. A la otra orilla, siguieron caminando; Katerine con la niña en brazos, por un sendero de arena y piedrecillas, en un bosque. El pago a la agencia de viaje incluía hospedaje y pronto llegaron a una residencial, que arrendaba cuartos a los viajeros. “Nos llevaron para dormir hasta aclarar, y nos metieron en dos piezas. Nos recostamos, nos llevaron comiday nos bañamos”.

Así fue la primera jornada de lo que serían 12 escalas más, desplazamientos nocturnos, en su mayoría, por bus, furgón, mototaxi y de pie por lugares sin nombre. En un lugar fueron dejados en una gran galpón, con plástico que tapaba un lado, donde les advirtieron que debían permanecer calladitos y esperar hasta que los fueran a buscar. “Teníamos mucho frío, demasiado frío.”

Para atravesar desde Perú a Bolivia caminaron cuesta arriba durante una interminable hora, por la noche. Con cada paso su mochila y la niña en brazos parecían pesar más. Katerine empezaba a sentir dolor de cabeza, le faltaba aire, y vomitaba:síntomas del mal de altura. Después de esperar un día para estabilizarse y reponerse, emprendieron la siguiente etapa.

Habían recorrido casi 4000 kilómetros y a la vista estaba la fronterade Chile, pero no sería la última frontera de la odisea. Avanzaron 40 metros por la expansión de árida tierra rocosa, cuando en el horizonte apareció un vehículo militar chileno. Rápidamente, corrieron para regresar al territorio boliviano. Al segundo intento, los “asesores” que los habían acompañado desde Maracaibo les dejaron a las afueras de Colchane, donde circulaba gran confluencia de migrantes. No encontraron un vehículo para llevarlos a Iquiquepero un chofer acordó recogerlos desde un punto más allá. Siguiendo las antenas de torres celulares, se internaron nuevamente al desierto altiplánico, con camisas cubriéndoles las cabezas y los hombros para protegerles del sol. Bajando una colina, suspiraron con alivio al encontrarse con un furgón esperando para llevarlos a Iquique.

Hoy Katerine y sus hijas comparten una casa con siete familiares en un barrio popular de Santiago. Las niñas asisten a la escuela virtualmente, y por la tarde Katerine trabaja en un local para enviar ayuda a su madre en Maracaibo.

“No somos delincuentes,” dice. “Solo queremos empezar una vida nueva“.

Desde Iquique, Lorena Zambrano, refleja sobre lo que es la vida del migrante: “Como los caballitos de las carretas con anteojeras, solo podemos ver enfrente, pero no atrás ni al costado. Cuando el migrante llega se focaliza en trabajar, producir y obtener sus papeles, sin mirar más allá. Somos unos animales de trabajo brutal, que no se nos permite quejarnos, no se nos permite alzar la voz. Pasas por momentos traumáticos dentro de tu situación y nadie más lo sabe.”

[i]Intendente de Atacama Patricio Urqueta, 12 abril 2021, https://www.maray.cl/2021/04/13/intendente-urquieta-sobre-nueva-ley-de-migraciones-vamos-a-asegurar-una-migracion-ordenada-segura-y-regular/
[ii] Conversación con Tomás Greene, 16 de marzo 2021
[iii]Conversación con Francisco Bazo, 10 de marzo 2021
[iv]Conversación con Lorena Zambrano, 18 de marzo 2021
[v]Conversación con Katerine C., 11 de abril 2021