Embajadores colombianos en medio de escándalos

17.02.2021 - Bogotá - Redaccion Colombia

Embajadores colombianos en medio de escándalos
(Imagen de pixabay)

Presentamos un segundo informe sobre los embajadores colombianos que han estado involucrados en investigaciones y, algunos de ellos judicializados, además de los que ya hemos referenciado en el primer informe, a raíz de la posible designación como embajador en Chile del cuestionado ex ministro de defensa, Guillermo Botero. Parece ser parte de una práctica de la diplomacia en Colombia, nombrar personas cuestionadas. En menos de 30 años la lista es extensa y, en varios casos, las indagaciones continúan.

Varias embajadas de Colombia en países con quienes se tiene relaciones diplomáticas se han visto permeadas por escándalos de los representantes plenipotenciarios nombrados por los distintos gobiernos. A pesar de existir la manera de evitar que personas con dudoso proceder o con investigaciones abiertas lleguen a estos cargos, es común ver que este tipo de situaciones se pasan por alto.

Por ello, ocho embajadores han tenido algún tipo de investigación que ha nublado su desempeño como funcionario diplomático. En este especial no se tomaron en cuenta los representantes plenipotenciarios en Chile, mencionados en la nota anterior. 

Le sugerimos:  Los cuestionados embajadores de Colombia en Chile

La Bella Cruz, tierra en disputa

Carlos Arturo Marulanda Ramírez ex-embajador ante la Unión Europea con sede en Bélgica-Luxemburgo, durante la presidencia de Samper (1994-1998) y exministro de Desarrollo (1988), junto a su hermano Franciso Alberto Marulanda, fueron investigados desde mediados del año 2000 por desplazamiento forzado de campesinos en 1996, quienes habitaban en terrenos baldíos que los hermanos Marulanda consideraban de su propiedad.

Por este hecho, Carlos Arturo Marulanda, tras constantes protestas de los campesinos, quienes llegaron a Bogotá por lo ocurrido en la Bella Cruz, y las manifestaciones en Bélgica que apoyaban a estos colombianos, decidió renunciar a su cargo el 6 de noviembre de 1997. Se aprovechó su doble nacionalidad para evadirse de la justicia colombiana después de ser llamado a indagatoria. No obstante fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2001, por el caso de La Bella Cruz; pero el ex-diplomático recobró la libertad el 1 de noviembre de ese mismo año. Su hermano, Francisco Alberto no corrió con la misma suerte y fue condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos; empero en segunda instancia, fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena.

En noviembre de 2014, el Despacho 34 de Justicia y Paz, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, reabrió el proceso contra los dos hermanos, porque “el desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Y los hermanos Marulanda al parecer estaban aliados con los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado, perteneciente a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)”, indicó el Fiscal designado, quien incluyó en el proceso a alias “Juancho Prada” ya  alias “Rancho”.

Alias “Rancho” confesó en 2010 a la Unidad de Justicia y Paz que en marzo de 1996, el comandante “Paso” de las AUC fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general conocido con el alias ‘Caballito’, para montar una unidad de las Auc en la finca Bella Cruz, para desplazar a las 64 familias campesinas a quienes el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), les iba a titular los predios de la finca mencionada. 

A las declaraciones de alias “Rancho” se sumaron las de alias “Paso”, quien reveló que el desplazamiento se llevó a cabo con la ayuda de un teniente de la base militar de Ayacucho que tiene sede en el municipio La Gloria. No obstante, el  nombre del teniente no ha sido revelado.

Los terrenos que eran reclamados por los campesinos correspondían a 14 hectáreas que, para la época de 1950, no habían sido tituladas por el Incora, pues eran terrenos baldíos. Por ello, los habitantes de las zonas habian ocupado los predios llamados: Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel. Según los hermanos Marulanda, los terrenos pertenecían a la herencia dejada por sus padres.

A finales de los años ochenta, una serie de campesinos llegaron a la ciudad de Bogotá para pedirle al entonces Ministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda les vendiera los predios que no estaban titulados al Incora, para que la entidad se los titulara a ellos, ya que los Marulanda se habían apropiado de ellos. En principio, el jefe de la cartera de Desarrollo se negó, pero con el transcurrir de los días, aceptó con una única condición que ellos elegirían los terrenos que les venderían.

La mencionada venta nunca se llevó a cabo, pues el Incora no compró los terrenos argumentando que debía estudiar los títulos. Luego, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tomó los predios, asesinó a la administradora y tres empleadas. Hecho que provocó el desplazamiento de los campesinos que vivían en territorios aledaños. 

En 1994, el Incora terminó los estudios que realizaba a los títulos de las tierras y determinó que los Marulanda solo podrían acreditar 7.000 hectáreas y, por lo tanto, corroboró que los predios que habían sido señalados por los campesinos como baldíos, en efecto lo eran. Pero esta determinación no fue un obstáculo para los hermanos Carlos Arturo y Francisco Marulada, quienes antes de la entrega de títulos de tierras a los campesinos, habían concretado con los paramilitares el desplazamiento de los pobladores rurales para el 14 de febrero de 1996. Ese día, los paramilitares llegaron al lugar y asesinaron a parte de la comunidad y los sobrevivientes fueron obligados a salir de las tierras, confesó alias ‘Rancho’.

En 2008, los hermanos Marulanda vendieron todos los terrenos, incluidos los baldíos, a la empresa Dolce Vista. Desde entonces, las tierras fueron denominadas como Hacienda La Gloria. El Grupo Empresarial desarrolla en los predios, alrededor de 6.000 hectáreas de palma de aceite. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) confirmó en el 2013, que los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel son baldíos y el Estado debe recuperarlos.

Ante esta situación, la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), que representa a varios de los campesinos reclamantes de la antigua Bella Cruz, presentó una demanda ante la Corte Constitucional, en la cual aludió que hay cerca de 1.400 territorios baldíos dentro de la Hacienda la Gloria, dado que en 1953 el antiguo Incora le tituló a Cecilia Ramírez de Marulanda (madre de los hermanos Marulanda) 25.000 hectáreas, que ella posteriormente le vendió de nuevo al Incora en 1969; pero al parecer no le fueron entregados a la entidad la totalidad de los predios adquiridos.

Además, El Grupo Empresarial La Gloria aseguró en la demanda interpuesta, que dentro de la hacienda no hay terrenos baldíos y que el proceso del Incoder “adolece de numerosos vicios de forma y fondo que son materia de estudio por parte de las autoridades competentes”, según indicó el portal VerdadAbierta.com.

Ver: La historia sin fin de La Bella Cruz

 “El Pacificador” del Cauca

Juan José Chaux Mosquera fue congresista entre 1990-1998, gobernador del departamento de Cauca (2004-2007) y embajador en República Dominicana (2008), cargo en el cual presentó su renuncia después de admitir que fue quien llevó a  Antonio López, alias “Job”, a la Casa de Nariño, para entrevistarse con funcionarios del entonces gobierno de Álvaro Uribe. Según las indagaciones, Job se reunión con los funcionarios de Uribe como emisario del ex-cabecilla paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, perteneciente a las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), para acercar material que sirviera para fraguar un complot en contra de la Corte Suprema de Justicia.

Ver: Cómo fue la visita de alias Job a la Casa de Nariño

El político caucano quien había perdido la influencia política en su departamento después de terminar su último periodo como congresista, ganó las elecciones a la Gobernación del Cauca (2003) de la mano de Álvaro Uribe Veléz, el mismo que lo llevó al cargo de embajador en República Dominicana. 

Además, el jefe paramilitar alias “el Alemán” lo acusó de haber sido el jefe político del Bloque paramilitar Calima en el sur occidente del país, liderado por José Hebert Veloza, alias “HH”, quien lo apoyó para llevarlo a la gobernación del Cauca en las elecciones del 2003. A cambio de este favor, al parecer Chaux Mosquera se comprometió con el grupo armado a no permitir que se diera cumplimiento a los acuerdos y obligaciones del Estado como consecuencia de dos masacres: La primera perpetrada en el Nilo, Cauca, el 16 de diciembre de 1991, contra 21 indígenas indígenas de la etnia Nasa y, La segunda, conocida como la masacre en El Naya, cometida entre el 10 y el 13 de abril de 2001, cuando un grupo de más de 100 paramilitares del Bloque Calima, en cabeza de alias ‘HH’, hizo un recorrido por los territorios aledaños al río Naya, ubicado en los límites de Cauca y Valle. 

En el trayecto de las veredas del Timba hasta San Antonio y Puerto Merizalde, asesinaron a campesinos que eran tildados como colaboradores de la guerrilla. Luego de la masacre, los paramilitares se enfrentaron del 13 al 16 de abril contra el Frente 29 de las Farc. La fuerza pública llegó a la zona hasta el 26 de abril.

Ver: La Masacre del Nilo

Los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal de la época indicaron que los cuerpos de los campesinos asesinados “tenían signos de tortura, heridas con arma corto punzante y algunos habían sido descuartizados, por ello no todos puedieron ser identificados”. También, los testigos de la masacre aseguraron a las organizaciones sociales que más de 100 personas fueron asesinadas, y según datos de estas asociaciones, cerca de 3.000 personas fueron desplazadas de la zona hacia Jamundí y Santander de Quilichao.

Ver: 19 años de la Masacre del Naya

Durante su administración en la Gobernación del Cauca, Juan José Chaux Mosquera se le conoció como “el pacificador del Cauca”. Por ello, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, en una denuncia emitida, indicó que el ex-embajador “nos colocó una lápida y salpicó al movimiento indígena, que busca reclamar al Estado para que cumpla con la protección de nuestros derechos”.  

En mayo de 2009, Chaux Mosquera fue capturado en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por sus presuntos nexos con los grupos paramilitares. La decisión fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. 

Durante la investigación le concedieron a Chaux Mosquera la casa por cárcel, debido a problemas de salud. Posteriormente, el proceso fue remitido el 25 de abril de 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de evaluar la pertinencia de este para ser juzgado por la JEP. La respuesta de esta autoridad fue emitida en la resolución 4416 del 11 de noviembre de 2020, en la cual fue aceptado el proceso de Chaux en la Jurisdicción Especial para la Paz.

La reelección de Uribe

En agosto de 2010, Sabas Eduardo Pretel de la Vega se desempeñaba como embajador de Colombia en Italia durante el último periodo presidencial de Álvaro Uribe, cuando se vio obligado a renunciar a su cargo, porque la Fiscalía General de la Nación halló mérito para vincularlo penalmente al escándalo de dádivas a distintos políticos en el Congreso colombiano para lograr la reelección de Uribe. Este hecho fue conocido como la “Yidispolítica”. Posteriormente, la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años.

Durante los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez, Sabas Pretel no solo fue embajador en Italia, también  fue ex-ministro del interior y Justicia (2002-2006), embajador en Grecia, San Marino, Chipre y Malta. También ocupó cargos públicos en otras administraciones, como director del antiguo Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) y, antes en el sector privado, ejerció cargos como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco).

El ex-diplomático ofreció dádivas a diversos servidores del Estado con el propósito de garantizar la aprobación la reforma a la Constitución Política de Colombia en el Congreso, que abriera la posibilidad para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Durante esa época, Sabas Eduardo Pretel de la Vega ejerció la dirección del Ministerio del Interior y de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, determinó en la Acta N°131 del 15 de abril de 2015, dictar sentencia a juicio seguido en contra del ex-embajador y ex-ministro Sabas Eduardo Pretel de la Vega, junto al ex-ministro Diego Palacio Betancurt y al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri. Los tres fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación en calidad de coautores del delito de cohecho.

Pretel de la Vega, según el Acta antes mencionada, cometió “el delito de cohecho por dar u ofrecer prebendas a Yidis Medina Padilla el 2 y 3 de junio de 2004, a cambio de que ella votara a favor del proyecto 267 de reelección presidencial de Uribe Vélez, en el primer debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”. Así mismo, “ofreció prebendas a Teodolindo Avendaño Castellenos, para que él se ausentara de la sesión en la cual fue votada y aceptada la reforma a la Constitución para la viabilidad de la reelección presidencial”.

Las declaraciones rendidas por Medina Padilla ante el ente investigador, revelan que “Sabas Eduardo Pretel de la Vega, quien en ese momento era Ministro del Interior y de Justicia le hizo ofrecimientos en compañía del Congresista Iván Díaz Mateus”. Sabas Pretel reconoció el encuentro; pero no pudo dar una explicación que el ente considerara creíble.

Las dádivas que le entregó Pretel de la Vega a Yidis Medina fueron:    

  1. Designar como Notario 67 de Bogotá a Luis Camilo Meara Riveira.
  2. Entregar la Notaría 2 de Barrancabermeja a Sandra Domínguez.

Ante estos señalamientos, la Fiscalía determinó que Sabas Eduardo Pretel de la Vega estaba en condiciones de conocer anticipadamente lo que ocurría en la designación de notarios, así como tener el conocimiento de las vacantes, dado que esta información es vigilada por la entidad que encabezaba. 

A Teodolindo Avendaño, el Gobierno en representación de Sabas Pretel y Diego Palacio, le ofrecieron en principio la Notaría 67 de Bogotá para su hijo; pero al no ser posible este nombramiento, ambos ex-ministros en representación de Álvaro Uribe Vélez, acordaron con él un pago por la suma de 450 mil millones de pesos colombianos. 

Tras la comprobación de los hechos por las autoridades judiciales, la Corte Suprema de Justicia, le impuso a Pretel y a Palacio la pena de 80 meses de prisión, multa 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 112 meses.

Después de haber cumplido tres quintas partes de su condena (más de tres años) en el Batallón de Infantería de Marina en la Base Naval de Cartagena, la juez tercera penal de ejecución de penas de la capital de Bolívar, le otorgó la libertad a Sabas Pretel de la Vega.

Ver. Sabas Pretel de la Vega, de ministro estrella a la cárcel

Delitos sexuales

El ex-embajador en Rusia, Rafael Francisco Amador Campos tuvo que presentar su carta de renuncia ante la Canciller de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el 2 de octubre 2013 por acusaciones y señalamientos de jóvenes colombianos estudiantes en Rusia y sus familas a través de internet, por presuntos casos de acoso sexual, además de solicitar favores a cambio de gestionar becas y ayudas económicas en ese país.

Además, en las denuncias se relataba que el embajador se había negado a expedir a los jóvenes el certificado de “no oposición”, el cual les permitía retomar las becas que les habían otorgado entidades como Incorvuz, Colciencias y la Asociación de Exalumnos de la Unión Soviética.

Ante este hecho, Amador Campos dijo a Caracol Radio que “las acusaciones eran absurdas y mentirosas”. Así mismo, el ex-plenipotenciario aseguró que “era víctima de un montaje político de grupos que buscaban influir en la embajada”.

Tras indagaciones en las entidades correspondientes, no fue posible encontrar algún tipo de investigación abierta por este caso.

Ver: Renuncia embajador de Colombia en Rusia 

Contrato de arrendamiento con el Estado

Carlos Urrutía Valenzuela fue designado representante diplomático del estado colombano en Washington en julio de 2012, durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos. No obstante, solo estuvo en el cargo durante un año, dado que la firma de su padre, Brigard & Urrutia, tenía un contrato de arrendamiento de un bien inmueble con el Estado. En este lugar se encontraba ubicada la sede de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El medio de comunicación Noticias Uno, reveló que el contrato en el cual estaba involucrado el Estado y la firma de abogados tuvo una duración de 39 meses y un valor superior a 1.800 millones de pesos. Cabe aclarar que el caso no fue investigado por ninguna autoridad competente.

Ver: Ex-embajador Urrutía tenía un contrato de arrendamiento con el Estado

Lazos estrechos con paramilitares 

José Anibal Visbal Martelo ex-presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), ex-senador y ex-representante diplomático de Colombia en Perú, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, tuvo que renunciar a este último cargo, el 14 de marzo de 2012, después de conocer la medida de aseguramiento en su contra que determinó la Fiscalía General de la Nación.

Visbal Martelo fue acusado de reunirse entre 1998 y 2005 con los paramilitares a quienes les pagó, durante su presidencia en Fedegan, para conseguir protección. Además, les aconsejó expandirse en los territorios donde predominaba la ganadería. Hecho que fue confirmado por Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, ambos ex jefes paramilitares extraditados a los EEUU. 

Después de ser detenido, el político fue dejado en libertad en segunda instancia por el entonces Vicefiscal General de la Nación. No obstante, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía delegada para el caso continuaron con las investigaciones que llevaron al ente acusador a proferir sentencia el 20 de junio de 2018 contra Visbal Martelo. En esta le fueron impuestos 9 años de prisión y una multa de 11 mil salarios mínimos correspondientes a ese año. El caso de paramilitarismo no terminó allí, pues el 8 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia envió el caso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por petición del representante legal. 

Ver: Así se estudiará las solicitudes para acogerse a la JEP https://www.jep.gov.co/Sala-de-

Santos desmiente las acusaciones

Francisco Santos Calderón ex-vicepresidente de Colombia durante el primer mandato de Uribe y actual embajador en Washington, fue mencionado en 2007 en medio de una indagatoria del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que “el Vicepresidente se había reunido en varias ocasiones con el jefe paramilitar Carlos Castaño, con el fin de crear un grupo paramilitar en Bogotá”. Sin embargo, en 2008 la Fiscalía decidió no abrir investigación por estas declaraciones.

En 2009, el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, le envió una Carta a la Corte Suprema de Justicia, en la cual le relató el mismo suceso que había declarado Mancuso, en el cual Francisco Santos y Juan Manuel Santos, habrían reunido con las Autodefensas para la conformación de un Bloque en Bogotá, que sería apoyado por ellos mismos desde la institucionalidad del Estado.

El hecho no quedó allí, ya que en septiembre de 2020, las acusaciones contra el embajador volvieron a salir a la luz pública, situación que rechazó Santos y por la que instauró medidas penales contra Mancuso. El Tiempo.com (2020) aseguró que Francisco Santos solicitó al despacho de la vicefiscal Martha Janeth Mancera, la certificación del estado de la investigación, ya que según Santos desde la primera acusación en 2007 hasta 2020, no se ha encontrado mérito alguno para su imputación.

 Ver. Francisco Santos rechaza acusaciones de Mancuso

El caso de narcolaboratorio

Fernando Augusto Sanclemente Alzate, exgerente de Transmilenio en Bogotá y ex-embajador de Colombia ante Uruguay, tuvo que dejar su cargo de representante diplomático y regresar al país, después de un allanamiento a una de sus propiedades ubicada en Guasca, Cundinamarca, en el que encontraron un laboratorio para el procesamiento de cocaína, el 12 de febrero de 2020. 

En el laboratorio fueron encontradas siete toneladas de precursores químicos, camuflados entre las caballerizas y 10 kilos de coca procesados, según datos de la Policía Nacional. Además, esta autoridad estimó que, diariamente, se producían entre 10 y 15 kilos de cocaína, los cuales se estarían enviando a través de maletas de doble fondo o correos humanos a los mercados de Estados Unidos y Europa.

En el operativo fueron capturadas cinco personas, entre ellas el mayordomo Laureano Martínez, encargado de cuidar la hacienda. Tres de los involucrados estaban encargados de la seguridad y los otros dos procesaban el estupefaciente. A los detenidos se les acusó de tráfico y fabricación de estupefacientes. 

Sanclemente indicó en primera instancia que en el lugar había algunas casas de recreo y, otra parte, estaba arrendada para garantizar el sostenimiento del predio. Añadió que “desconocía sobre la existencia de un narcolaboratorio, pues la parte que no estaba ocupada de la tierra había sido dispuesta para la cría de ganado y algunas siembras”.

Martínez, el mayordomo en sus primeras declaraciones aceptó su culpabilidad y en interceptaciones telefónicas se había determinado que el mayordomo no le había dicho nada a Sanclemente porque estaba amenazado.

Sin embargo, el periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio, aseguró el pasado 19 de octubre de 2020 en su cuenta de Twitter que tiene en su poder una carta en la cual la hija de Laureano Martínez, Angie Camila Martínez, denunció que las pertenencias de su padre fueron incineradas por orden del exfuncionario Sanclemente.

Esta prueba se puso a consideración de las autoridades la posibilidad que el ex-embajador sí sabía lo que ocurría en la hacienda. Por eso fue llamado a indagatoria el pasado 9 de diciembre de 2020. En la actualidad, el caso sigue en investigación.

Ver. Comunicado de Sanclemente desde Montevideo

Ver: Sanclemente se defiende por acusaciones del mayordomo

 

Categorías: Política, Sudamérica
Tags: , , , ,

Noticias diarias

Escriba su correo electrónico para suscribirse a nuestro servicio diario de noticias.

Search

Mujeres

Formación Pressenza

Catálogo de documentales

Renta Básica

Jornadas FCINA-Internet Ciudadana

Todos los domingos

Cuaderno de cultura

¡Movilicémonos por Assange!

App Pressenza

App Pressenza

Programa de Radio

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Foro para la integración de NuestrAmerica

Foro para la integración de NuestrAmerica

Telegram Pressenza

Conéctate con nuestro canal Telegram

Archivos

xpornplease pornjk porncuze porn800 porn600 tube300 tube100 watchfreepornsex

Except where otherwise note, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.