Por: Stephanía Aldana Cabas

La Secretaría Técnica encargada de elaborar el octavo informe de Verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, hizo un llamado al Gobierno para acoger las recomendaciones, con el fin de ejecutar los compromisos pactados, pues el informe demuestran preocupantes retrasos

El octavo informe de Verificación de la implementación del Acuerdo de Paz publicado el pasado 16 de febrero de 2021, realizado por la Secretaría Técnica conformada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos – Colombia (CERAC) y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), advierte que “las amenazas y los asesinatos a los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los excombatientes de las Farc son recurrentes”. De hecho, tal situación se verifica con los datos suministrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en 2020, para quienes los asesinatos de firmantes de paz ascendieron a 64. Además llama la atención por el recrudecimiento de las masacres y los nuevos ciclos de violencia.

El informe presentado comprende el periodo que va del 1° de agosto al 30 de noviembre de 2020 y hace parte de una serie de 10 que terminarán el 20 de septiembre de 2021. Las entidades que conforman la Secretaría Técnica, se encargan de realizar un análisis de los seis puntos del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba, en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de la Farc.

Al igual que el informe anterior, este toma como referencia tres subregiones: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio, en las cuales se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Así mismo, esta comisión se encarga de identificar controversias y generar propuestas de mejoramiento y solución.

Reforma Rural Integral

El primer punto del Acuerdo de Paz busca establecer una reforma rural, en la que el acceso a la tierra sea más equitativo, se formalicen tierras a los campesinos y se creen proyectos territoriales que respondan a las necesidades de los habitantes de las zonas rurales. Igualmente, se busca la creación de medidas que permitan la resolución de conflictos por la tenencia de tierras.

En este apartado, la Secretaría Técnica señala la importancia de implementar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, que permitiría detener el incremento de la pobreza rural, que supera el 70%, según el portal Semana Rural. Por ello, el organismo indica que a pesar de algunas medidas que ha tomado el Gobierno, estas han sido insuficientes para dar cumplimiento a esta crucial tarea para el posconflicto. Cabe recordar que una de las matrices de incidencia del histórico conflicto armado en Colombia es la tenencia de la tierra.

Participación Política

A través del segundo punto del Acuerdo de Paz se establecieron garantías de los derechos de la oposición política y el fortalecimiento de los mecanismos de la democracia participativa.

Por ello, en este apartado el equipo encargado del informe califica la gestión gubernamental como inconclusa, dado que considera necesario avanzar en la formulación de los marcos normativos que den mayor claridad en la aplicación del Estatuto de la Oposición.

De igual forma considera necesario proveer mayor seguridad a los opositores políticos, al tiempo que se estimule una participación política transparente. Este punto es crucial, dado que la violencia política en Colombia ha tenido su origen en la disputa entre partidos y la exclusión de sectores políticos no alineados con los partidos tradicionales.

Fin del conflicto

La protección y la seguridad de los excombatientes es un tema que el Gobierno Nacional no ha cumplido, dado que garantizar la protección y la seguridad de los excombatintes en proceso de reincorporación y a sus familias, es una de las mayores dificultades que ha tenido desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 19 de noviembre de 2020. El entonces Partido FARC, ahora Partido Comunes, reportó el asesinato de 242 excombatientes en proceso de reincorporación.

Adicional a ello, la Secretaría Técnica resaltó que en el periodo estudiado, se tramitaron 200 solicitudes de protección y de reubicación de los firmantes de paz, dado que la medidas que han sido dispuestas por el Estado son deficientes o, en múltiples caso, como lo indica el informe, “se ha tenido que recurrir a fallos de tutela que le han ordenado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) implementar medidas para salvaguardar la vida de los demandantes que no habían sido asignadas”.

Por otra parte, la reincorporación social y económica de los excombatientes y sus familias es un proceso que ha avanzado de forma lenta. Por ello, este informe sugiere adecuar mecanismos, como la Mesa Técnica de Comercialización para dinamizar los proyectos productivos que se llevan a cabo.

Drogas Ilícitas

El cuarto punto relacionado con la erradicación de drogas ilícitas, evidencia que las familias han eliminado cerca de 39.965 hectáreas, mediante sustitución de cultivos. Por esto, se aconseja “impulsar la participación de las comunidades en el diseño, formulación y ejecución de modelos alternativos de sustitución de cultivos, para que las iniciativas propuestas coincidan con las expectativas de transformación territorial de las comunidades”.

Las víctimas del conflicto

Durante los meses de agosto a noviembre de 2020, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) ejecutó sus funciones. Sin embargo, “la pandemia, el deterioro de la seguridad en los territorios y los ataques políticos se constituyeron en obstáculos para desarrollar sus labores”, indicó la Secretaría Técnica.

Finalmente, la comisión encargada de realizar el informe hizo un llamado al Gobierno Nacional para crear “una agenda legislativa para la implementación de las prioridades normativas pendientes y que conlleven al cumplimento de lo estipulado en el Acuerdo de Paz”.

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