Por: Zenaida Espinosa Cabrera
Aunque muchos líderes políticos en Colombia a raíz de la pandemia han salido a manifestar que desnudó los graves problemas del país, más bien lo que ha quedado confirmado son los reclamos de la ciudadanía, las centrales obreras, movimientos sindicales y asociaciones civiles, a través de las diferentes manifestaciones que se presentaron durante el 2019. Es la muestra de un Estado ineficiente y carente de políticas sociales que garanticen a plenitud los derechos básicos de sus gobernados.
Temas como el empleo, la educación y la salud han sido los más visibles. Pero en esta nota presentaremos el caso de la salud, a raíz de la muerte del Doctor Heandel Rentería, un joven médico de apenas 40 años que murió por causa del contagio con Covid-19 y quien prestaba sus servicios profesionales en el hospital San Francisco de Asís en Quibdó, capital del departamento del Chocó. En su momento, Pressenza reaccionó frente a la muerte de Rentería con una nota a pocos días del esta lamentable pérdida. Ese caso se sumó a la infame lista de muertes, denuncias y renuncias del personal médico en diferentes zonas del país en plena época de pandemia.
Ver la nota: Haendel Rentería: «falleció en su ley, trabajando por la comunidad»
El caso de Heandel Rentería consternó al país, pues hacía dos meses, más exactamente el 2 de abril, el galeno había denunciado a través de su cuenta de Twitter las precarias condiciones laborales en que se encontraban laborando:
“Personal de asistencial del hospital San Francisco de Asís, haciendo frente a la situación, pero viviendo un viacrucis total sin ayuda del Estado y sin salarios desde hace cinco meses”
Ese fue el trino de Rentería, advirtiendo sobre la pesadilla que se venía para el Chocó, cuando al Departamento apenas empezaban a llegar los primeros casos de contagio.
Así como la triste historia de médico Rentería, hay muchas más y se han venido haciendo cada vez más visibles con el paso de los días y el aumento exponencial de casos, incluso, en municipios que antes habían cerrado sus fronteras para evitar los contagios. De momento, los hospitales del Chocó están a punto de colapsar, pues la capacidad en las camas de cuidados intensivos está en el 81%, sumando también los servicios de clínicas privadas.
¿Por qué la salud en Colombia llegó a esta crisis?
La respuesta común es que la Ley 100 de 1993, que es el marco legal general de la Seguridad Social en Colombia, condujo a una mercantilización del acto médico y del ejercicio del mismo. Esta Ley trasformó el sistema de salud de forma que el dinero que otorga el gobierno por cada colombiano, denominado UPC (Unidad de Pago por Capitación) empezó a ingresar a las EPS (Empresas Promotoras en Salud), creadas por esta Ley, con el objetivo de que realizaran el aseguramiento de las personas y manejaran el dinero. Las EPS contratan, a su vez, con las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), que son hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, que prestan directamente los servicios de salud. Toda esta intermediación se ha prestado para los más grandes actos de corrupción y han llevado al colapso de la salud, tal y como se está viviendo en estos momentos.
La salud se convirtió en uno de los “negocios” que produce mayor rentabilidad en Colombia. El dinero le ingresa de forma fija a las EPS a través de los giros que le hace el gobierno por cada persona y, cada trabajador colombiano, le aporta al sistema y consigna directamente a las cuentas de dichas EPS, es decir, todo el dinero es tomado y administrado por ellas.
En teoría, las EPS se encargan de pagar por los servicios que se les prestan a los colombianos y deben girar el dinero a los Hospitales, que ahora acumulan millonarias deudas que luego hacen insostenible su funcionamiento. Se coloca así sobre los hombros de cada trabajador de salud que, a costa de remuneración baja, mala contratación, reducción de personal, falta de insumos, entre muchos otros, mientras trata de sortear el día a día, solo motivados por su vocación de servicio.
El dinero de muchas EPS, que en realidad es dinero de los colombianos, se esfuma en actos de corrupción, dejando millonarias deudas a los hospitales que, finalmente, son sobrellevados por los médicos y trabajadores de la salud, quienes tampoco reciben a tiempo sus honorarios, incluso por meses acumulados. Por lo tanto se ven obligados a firmar contratos “ilegales” (firman contratos por prestación de servicios, cuando en realidad encubren verdaderas relaciones laborales), perdiendo estabilidad laboral (dichos contratos generalmente son a dos o tres meses y expuestos a ser o no renovados) y credibilidad, pues el sistema restringe los medicamentos que los profesionales puede recetar y el paciente necesitar.
Lo anterior es desobligante para este sector, pues tanto los médicos como el personal de salud gastan millonarias sumas en su educación y entrenamiento, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más costosos en términos de educación del sector salud, pero cuando egresan para ejercer su profesión, se encuentran con un mercado de oferta y demanda donde pagan al mejor postor, al que menos cobre, al que facture más, restrinjan lo que el paciente necesita y solicita, al que firme contratos de prestación de servicios que, en muchas regiones como el caso del Chocó, tampoco se pagan cuatro, seis, doce meses o más de sus salarios y, así, lo hacen por verdadera vocación y pasión.
En Colombia durante el 2019 se interpusieron 694.352 acciones de tutela (medio jurídico de orden constitucional que busca la protección inmediata de un derecho fundamental), en virtud de reclamar la violación de 56 derechos fundamentales. La salud fue el segundo derecho más vulnerado pues se presentaron 207.367 tutelas, unas 568 cada día, solicitando algún servicio de salud por el incumplimiento y eso que en la mayoría de casos, dice estar incluido en los servicios que ofrece la legislación colombiana. Pero se dilatan y las personas terminan muriendo después de largas filas o meses de espera, mientras autorizan algún procedimiento o tratamiento.
Ver: Cada día del año pasado hubo 568 tutelas pidiendo servicios de salud
A lo anterior se suma que, pese a la protección constitucional y legal al derecho de asociación y sindicalización, éstos últimos nacen para defensa de los trabajadores. No obstante, hay que recordar que en un 80% los médicos no son trabajadores, debido a que los contratan con la figura de contrato de prestación de servicios, aunque cumplan con todos los requisitos para que se configure un contrato de trabajo. Es allí donde se queda sin fundamento jurídico para la protección general del sindicalismo médico. Finalmente, se suma que en Colombia, la salud es considerada como servicio público esencial, que les quita la posibilidad a los médicos de hacer cese masivo de actividades.
Desde el mes de marzo, momento en que Colombia decretó la cuarentena por la declaratoria de pandemia del Covid-19, a través de los medios se han registrado los diferentes casos en relación con el personal de la salud, tanto de renuncias por falta de garantías y protección de sus vidas, al no contar con los implementos de bioseguridad adecuados, pasando por el desborde en la atención, pues falta personal especializado en atención para las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), hasta la falta de pago de sus salarios. Otros casos más tristes han sido los despidos injustos de personal que se ha atrevido a denunciar su situación y la situación de los hospitales.
Las renuncias y denuncias crecen
Cerca de 30 profesionales de la salud, entre médicos generales y especialistas, presentaron su renuncia al hospital departamental San Rafael de Leticia, único hospital público en el Departamento del Amazonas.
Ver: Renuncia masiva de médicos en el único hospital público del Amazonas
Igualmente, otro grupo que denunció una mala administración de su hospital, la intransigencia del gerente, el hacinamiento de pacientes en los corredores, la escasa respuesta a los requerimientos de salud de la comunidad y el grave riesgo fiscal al que esta avocado el hospital Francisco de Paula Santander. Por lo tanto, renunciaron más de 20 médicos de las urgencias en el centro asistencial, que atiende a más de 6000 pacientes mensuales en el Municipio de Santander de Quilichao y el norte del departamento del Cauca.
Médicos Intensivistas que laboraban en la Clínica La Esperanza-Evaluamos IPS de Montería, en el Departamento de Córdoba, presentaron su renuncia argumentando que, en plena pandemia, aún les adeudan 13 meses de salarios y que se les ha incumplido con todas las promesas de pago.
Ver: Grupo de médicos en Córdoba renuncian por falta de pago
La Secretaría de Salud en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, se vio obligada a cerrar la sala de urgencias por la renuncia de 8 médicos.
Ver: Cierran urgencias de la clínica de soledad por renuncia de médicos
En el Municipio de Aguazul, Departamento del Casanare, ocho de los diez médicos que laboraban en el hospital Juan Hernando Urrego, presentaron su renuncia por falta de garantías laborales y carencia de elementos de protección para afrontar la pandemia.
Ver: Médicos en Aguazul, Casanare, renuncian por falta de garantías para reaccionar ante el Covid-19
Cuatro médicos de urgencias del hospital San Rafael de Zarzal, Valle del Cauca, renunciaron al asegurar que el personal de este centro asistencial en el norte del Valle no tiene garantías, protocolos ni protección para atender alguna emergencia o paciente por coronavirus.
Ver: Renunciaron cuatro médicos de Zarzal por no tener garantías
El 27 de julio renunciaron 5 profesionales de la salud del Hospital José María Hernández de la ciudad de Mocoa, capital del Departamento del Putumayo, solicitando aumento de salarios. Es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado y que sigue a la espera de una verdadera implementación de los Acuerdos de Paz.
Ver: Grupo de médicos del hospital de Mocoa renuncian y piden aumento de salarios
Otras denuncias que se han presentado, como las de Médicos en Valledupar, que manifestaron que unido a las precarias condiciones labores, falta de pago de salarios durante 11 meses y elementos de bioseguridad. Desde las directivas del hospital les dicen que, en caso de que contraigan Covid-19, inmediatamente deben renunciar a su Administradora de Riesgos Laborales (ARL), violando los protocolos contractuales y estándares mínimos en el ejercicio de su profesión.
Todas estas situaciones precarias en las que laboran y entregan sus vidas los profesionales de la salud en Colombia, tienen al gremio ad portas de presentar renuncias masivas, pues según la Federación Médica Colombiana, hasta en un 40% de Médicos quieren renunciar a sus puestos de trabajo.
Ver: En medio de emergencia sanitaria, 40% de médicos en Colombia quiere renunciar
Y como si fuera poco, en Colombia el personal médico también se ha visto expuesto a la intolerancia de la ciudadanía que, en muchos lugares, les han discriminado por temor a los contagios y han recibido amenazas, maltratos en lugares públicos e, incluso, dentro de establecimientos de comercio.
El gobierno, la sociedad civil y el gremio de la salud, tenemos mucho por construir para lograr un sistema de salud que realmente prevenga, cure y guarde respeto por el ser humano y donde se dignifique el trabajo de cada médico y trabajador de salud que se ha formado para servir, a través del reconocimiento de sus derechos laborales.
