El mismo día en que el número de casos confirmados de Covid-19 en el país traspasó la marca de 40,000, el presidente Rodrigo Duterte firmó el controvertido proyecto de ley contra el terrorismo sin tener en cuenta el clamor de las personas por un diálogo y el veto al proyecto de ley.
La promesa de aprobar una nueva ley Heal As One II para aliviar el sufrimiento de los filipinos debido a la pandemia fue opacada cuando el presidente Duterte declaró el proyecto de ley antiterrorista como prioritario, y ayer, finalmente lo selló con su firma. Una prioridad muy fuera de lugar, de hecho.
A medida que pedimos soluciones sistemáticas, eficientes y humanas en este momento de crisis, en su lugar, la nación fue «dotada» de este despreciable proyecto de ley, destinado a controlar y gestionar la creciente disidencia de las personas por el fracaso del gobierno para abordar los problemas de los filipinos más pobres durante la pandemia.
Esta ley trastornará nuestros derechos y libertades fundamentales, allanando el camino para una situación mucho peor que el período de la Ley Marcial. Los días oscuros de la historia de Filipinas vendrán a perseguirnos nuevamente con esta disposición legal. Será como si la espada de Damocles colgara sobre nosotros, lista para caer y cortarnos la cabeza.
El Philippine Misereor Partnership Inc. presionará por la derogación de esta «Ley Antiterrorista del 2020» y se unirá a otros grupos para cuestionar su constitucionalidad. Como parte de un movimiento más amplio de la sociedad civil que aboga por defender nuestra declaración de derechos contenida en la ley fundamental del país, así como las leyes que protegen los derechos de los grupos vulnerables, nos oponemos a esta medida porque su vaguedad y su amplitud excesiva son propensas a abusar y pueden usarse para reprimir la disidencia y nuestro activismo.
Nosotros, el PMPI, condenamos en el sentido más fuerte la firma de esta ley. Creemos que esta ley atacará aún más a cualquier democracia que quede en el país. Una democracia que este presidente y sus secuaces han erosionado lentamente desde su asunción al poder. Este es un ataque a nuestra democracia fallida. Casi un último clavo para el ataúd.
Por lo tanto, incluso mientras prevemos que nuestro trabajo para viajar y apoyar la lucha de nuestras comunidades asociadas afectadas por la minería, comunidades campesinas y de pescadores, así como las comunidades urbanas pobres, e incluso nuestro trabajo para defender el medio ambiente, puede ser fácilmente marcado o calificado como actos de terrorismo, no dudaremos en nuestros compromisos.
No seremos engañados por falsas posturas de paz, compasión y atención a las personas, ni seremos intimidados por un lenguaje violento y amenazante. No nos someteremos al miedo. Seguiremos luchando por los derechos de las personas y el medio ambiente, especialmente en este momento crucial.
Estamos ansiosos y enfurecidos. Estamos preocupados, pero definitivamente no nos acobardamos.
Nota del editor: Según la ley antiterrorista, un terrorista es cualquier persona que participe en cualquier actividad que ponga en peligro la vida de una persona, cause daños o destrucción a una instalación gubernamental o propiedad privada, desarrolle o posea dispositivos o armas explosivos y libere cualquier arma de destrucción. La policía y el ejército ahora pueden localizar a personas u organizaciones sospechosas y grabar debates o comunicaciones supuestamente sobre terrorismo.
Los presuntos terroristas pueden ser detenidos sin una orden de arresto hasta 14 días y puede extenderse por otros 10 días. Cualquier persona que amenace con cometer terrorismo, realizar o incitar a otros a realizar tal acto también será sancionado con una pena de prisión de 12 años.
La nueva ley deroga la Ley de Seguridad Humana del 2007 al otorgar más poderes de vigilancia a las fuerzas gubernamentales.
Traducción del inglés por Nicole Mosquera
