Intervención de Daniel Ravéntós. Comisión de reconstrucción económica y social.
Las Cortes, 22-6-2020
Buenos días,
Agradezco la posibilidad de poder explicar en esta “Comisión de reconstrucción económica y social” y dialogar con ustedes sobre algunas propuestas que en buena parte del mundo se están también discutiendo y que espero y deseo para el bien de la libertad de la mayoría no rica que pronto sean una realidad.
En el parlamento español y, en consecuencia en esta comisión, sé que no hay demasiados partidarios de la renta básica incondicional y universal (RB). En realidad, me consta que hay muy pocos. Aún así, me propongo explicar con detalle algunos aspectos de esta propuesta con una esperanza digamos razonable: que los buenos argumentos, las buenas razones son los principales instrumentos que se disponen para defender las ideas. No sé si alguno o alguna de ustedes cambiará su opinión contraria a la RB después de esta sesión, pero intentaré aportar razones para que lo hagan.
Tan importante como las buenas razones, es disponer de una gran parte, una mayoría, de la ciudadanía que esté dispuesta a luchar, a defender, a hacer suya las ideas. No hay ninguna gran idea que sin una fuerza material que la defienda haya llegado a muy buen puerto. El sufragio universal de hombres y mujeres, la abolición de la esclavitud, la libertad de expresión, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto… fueron conquistas que no se realizaron solamente porque hubo algunas personas que las defendieron, sino porque hubo una gran parte de la ciudadanía que luchó, empleó sus fuerzas y sus razones para conseguirlas.
Y hay indicios, creo que puede asegurarse que mucho más que indicios, que una parte importante de la ciudadanía está a favor de la RB y de forma creciente.
Hace solamente dos días, el sábado 20 de junio, se realizaron distintas movilizaciones en distintos lugares en defensa de una “plan de choque social”, con más de 500 entidades de todo tipo. En el primer punto podemos leer: “Establecimiento de una renta básica incondicional.”
Dos días después de estas movilizaciones, no deja de ser interesante aunque casual que esta comisión tenga que dialogar sobre la RB.
Pero también me gustaría ofrecerles, en apoyo de mi afirmación de que una parte importante de la ciudadanía está a favor de la RB y de forma creciente, los resultados de una encuesta reciente de la empresa IPSOS, de investigación de mercados, realizada en plena pandemia, del 12 al 13 de mayo, a 2.168 personas de todos los territorios del reino de España. Pregunta:
“La renta básica es un ingreso incondicional y universal de 715 € mensuales que recibirán todos los residentes adultos acreditados (143 € los menores), como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de parte de la renta del 20% de personas más rica hacia el resto de la población.”
Más bien de acuerdo: 56%, más bien en desacuerdo: 30%, 14% ns/nc. Interesante es que los hombres se muestran más en desacuerdo que las mujeres: 34% por 26%.
También es importante mencionar que en septiembre empezará una iniciativa legislativa europea por una RB.
Una movilización de más de 500 entidades hace 48 horas, una respuesta a una encuesta con una proporción de 2 a 1 entre la ciudadanía, y una iniciativa legislativa europea que se iniciará en los próximos meses. Cada cual puede darle mucha, poca o hasta ninguna importancia. Pero el aviso para personas con antenas sociales seguro que es útil.
La RB ya ha superado la fase inicial en la que quienes la defendían eran considerados auténticamente extraños. Esta sala lleva el nombre de Ernest Lluch. Lluch fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral dedicada a la RB presentada hace mucho tiempo, más del deseable, a finales del siglo pasado. Recuerdo sus objeciones a la RB, pero recuerdo también que apuntó que no tenía ninguna duda de que la RB era una propuesta que estaba destinada a ser tomada muy en serio. Y que quizás sería una de las medidas del futuro. Casi un cuarto de siglo después de las palabras de Ernest Lluch, creo que ha llegado el momento. El Financial Times editorializó a principios de abril que medidas, hasta ahora consideradas excéntricas, como la RB o un impuesto a las grandes fortunas, deberían empezar a contemplarse. No puedo saber las intenciones de quien tenía la responsabilidad del mencionado editorial. Solamente sé las palabras que utilizó. Y no puedo estar más de acuerdo.
Efectivamente, cuando se fundó la asociación Red Renta Básica (sección oficial de la Basic Income Earth Network) hace 20 años, las personas que defendíamos la RB éramos consideradas excéntricas, actualmente la RB es una medida de debate público. Con la situación social creada por la pandemia del COVID-19, muchas personas que antes eran escépticas o abiertamente contrarias a la propuesta de la RB, consideraron y consideran que ante tan extraordinaria situación, se trataba de una medida a considerar.
Empecemos por aclarar qué se entiende por renta básica (RB). Porque si algo ha habido también estas semanas es confusión al respecto. Hay quien ha equiparado el Ingreso Mínimo Vital aprobado hace pocos días con la RB. La RB es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición. Una definición habitual: un pago monetario público regular a toda la población, de forma individual, incondicional y universal. De forma más escueta aún: la RB se percibiría simplemente por ser ciudadano o ciudadana, o residente acreditado.
Incondicional, es decir, que no debería aportarse ninguna condición para tener acceso a la RB. Sin comprobación de recursos. Las personas no deberían tener que demostrar que reciben ingresos por debajo de un determinado umbral. Como es el evidente caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este IMV, según declaraciones de algún ministro, pretende sacar de la pobreza extrema a algo más de 2 millones de personas. Es decir, no es un subsidio para pobres, estrictamente hablando es un subsidio para personas extremamente pobres.
Universal significa que la RB sería recibida por absolutamente toda la ciudadanía y residentes acreditados. La universalidad de la RB deja a muchas personas un tanto perplejas. ¿No es mejor focalizar las ayudas a los pobres o a “los que más las necesitan” como gustan decirlo algunos políticos? Los que no la necesitan ¿por qué la tienen que recibir?
Precisamente, la universalidad de la sanidad pública y no condicionada a pobres o a niveles de renta determinados, ha mostrado estas semanas de pandemia una utilidad y necesidad sociales inmensas. Fue precisamente Ernest Lluch que en el mencionado tribunal dijo que universalizar la sanidad pública había sido el mayor logro de su tarea como ministro, que también se había contemplado la posibilidad de excluir a los más ricos y se había desechado por diversas razones técnicas y normativas. Esta característica de la RB, la universalidad, reconocía Lluch, le atraía. En todo caso, ¿por qué muchas personas que encuentran la universalidad de la sanidad pública un mérito, consideran que la universalidad de la RB es un problema?
Pero voy a aportar un argumento más conocido por muchos estudiosos de los subsidios condicionados. Siempre que trazamos una línea para dividir a las personas “merecedoras” y “no merecedoras” de los subsidios condicionados como es el caso del Ingreso Mínimo Vital, se pueden cometer dos tipos de errores. El primer tipo de error es el falso positivo que se comete cuando alguien pasa la prueba y no debería haberlo hecho. El segundo tipo de error es el falso negativo que se realiza cuando alguien falla la prueba y debería haberla pasado. Y los dos errores son muy frecuentes. Una persona recibe lo que no merece, según el criterio establecido entre merecedores y no merecedores, mientras que otra persona no recibe lo que merece. El primero no es importante, pero el segundo error tiene muy malas consecuencias para las personas que han quedado excluidas del subsidio condicionado. Dos estudios ofrecen unos datos muy desconsoladores para los subsidios condicionados. El primero, que agrupaba las ayudas condicionadas en 30 países encontró un promedio de error sorprendentemente alto: 50% quedaban excluidos de las ayudas. Otro estudio con 38 programas de ayudas focalizados a la pobreza en 23 países encontró que se excluye entre el 44 y el 97% de las personas a las que supuestamente dichos programas iban destinados a llegar. Así pues, las medidas que no son universales continuamente presentan este tipo de problemas: no cumplen los objetivos que buscan cumplir en un margen de error inusitadamente alto. Algo se está haciendo mal.
La universalidad no debe equipararse a que todas las personas ganan. Todas las personas reciben la RB, por definición, pero no todas ganan. En un modelo de financiación que les esbozaré más adelante, el 20% de la población del reino de España más rica perdería y el 80% restante ganaría.
Los problemas asociados a los subsidios condicionados son muchos y de muy variado tipo
“A los más necesitados”, “que nadie se quede excluido”, “que el dinero que se dispone que no es ilimitado vaya a quienes más lo necesitan” son expresiones habituales junto a muchas de similares que se escriben y se pronuncian para defender los subsidios condicionados para pobres, como los programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos. Son subsidios que se focalizan hacia las personas que se identifican como pobres o como personas con insuficiencia de rentas o cualquier otra condición. La idea original de los programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos es proporcionar unos medios temporales para cubrir una carencia de ingresos, presumiblemente transitoria. Las rentas mínimas son de carácter extraordinario ya que se supone que lo ordinario es obtener la subsistencia a través de un (o más de un) trabajo asalariado. Y suponer en el reino de España que lo ordinario es el trabajo asalariado es como mínimo chocante. Solo aportaré un dato: Desde 1978 hasta hoy, el reino de España es el estado de la OCDE en que la tasa de desempleo ha superado más años el 15%: exactamente 31 años distintos en un periodo de 41. Muy por encima del segundo estado de la OCDE en tan desgraciada clasificación. ¿De verdad queremos seguir confiando en que “encontrar un trabajo” es la mejor alternativa a la pobreza en una sociedad que no es capaz de bajar del 15% de desempleo? Y no me detengo en la ínfima calidad de muchísimos trabajos asalariados.
Analicemos con algún detalle los subsidios condicionados. Los problemas asociados a la condicionalidad son diversos y su contraste con la RB es ilustrativo.
- La trampa de la pobreza. Este problema es muy grave. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contrate, la RB funciona como una base o un suelo, no como un techo: la realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RB con lo que el desincentivo a la actividad desaparece. En 35 estados de EE.UU. la trampa de pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un trabajo con un salario mínimo perderían dinero. Para evitar la trampa de la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos, pero aunque puede mejorar determinadas situaciones, el problema de la trampa de la pobreza es intrínseco a la condicionalidad.
- Costes administrativos inmensos de los subsidios condicionados. Esto es un viejo y conocido problema. Costos inmensos en distintas vertientes, pero una es especialmente interesante: costos muy altos en proporción a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida: se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales y, no menos importante, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras lo está percibiendo. Miles de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La RB no tendría costos derivados de la condicionalidad puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población, incondicionalmente.
- La estigmatización asociada a los subsidios condicionados: la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que identificarse, en las ventanillas de la administración, como “pobres” o como “enfermos” para no decir como directamente “culpables” de ser unos “fracasados” o “extremadamente” pobres. A veces la administración burocrática, como se ha denunciado en algunas CCAA, parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, qué duda cabe, estigmatiza.“[A los pobres] los queremos beatíficos, agradecidos, puros de corazón, impecables. Que no digan una palabra más alta que otra. Que den siempre las gracias y no insistan. Que se acerquen un poco pero que se retiren enseguida. Que gasten nuestras limosnas en lo que nosotros decidamos que se las deben gastar. Que no haya ni una sola mancha en su pasado, ni un desliz” (Sara Mesa, Silencio administrativo).La RB no estigmatiza por una razón muy evidente: la recibe toda la población del área geográfica que se implante. Se estigmatiza a colectivos sociales o personas determinados, no se puede estigmatizar a toda la población. No hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una RB que se otorga a todos los miembros de la sociedad.
- El non-take-up o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas. Se trata del problema de los subsidios condicionados ligado al hecho de las personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos de elegibilidad y tener derecho, por tanto, a ser perceptores. Las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes, en algunos casos llega al 60%. Las razones son de distinto tipo: personales, de diseño del tipo de subsidio, de gestión, etc. Como el que se ha encontrado a lo largo de los primeros días el IMV, debido a la brecha digital de las personas con menos rentas y a otros factores. Pero que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan los subsidios condicionados es un grave problema. Para una RB no es necesario apuntar que el fenómeno del non-take-up desaparece.
Una consideración general sobre los subsidios condicionados y la renta básica
Las características de los subsidios condicionados que se han expuesto son meramente aspectos técnicos cuya comparación con la RB ilustra las grandes limitaciones y deficiencias de la condicionalidad. Pero esto es un aspecto, por importante que sea, estrictamente técnico. Las diferencias de concepción entre los subsidios condicionados y la RB son normativamente grandes.
Una vida libre no debe ser suplicada. Quien suplica pide algo con docilidad. La súplica, pues, supone sumisión. Es inmensa la presencia de ingentes legiones de personas que suplican: que suplican un empleo; que suplican que el empleo obtenido, si es que se obtiene, vaya acompañado de unas condiciones mínimamente dignas; que suplican que, en caso de que se interrumpa la relación laboral, las instituciones políticas tengan a bien designarlas como legítimas destinatarias de las políticas públicas diseñadas para asistir a quienes cayeron en el abismo de la pobreza y de la exclusión; y, finalmente, que suplican que estas prestaciones condicionadas, sean monetarias o en especie, lleguen sin demasiados rigores, sin demasiados mecanismos coercitivos y disciplinantes. La vida de muchas personas en sociedad está atravesada de súplicas por todas partes y, por eso mismo, de falta de libertad.
La diferencia fundamental entre la RB y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a quienes han fracasado, a quienes han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia estatal. Efectivamente, a los que han fracasado, sea porque se han quedado en el paro; sea porque, pese a trabajar remuneradamente, no alcanzan el umbral de la pobreza -en el reino de España, esta es la realidad del 15% de los trabajadores asalariados con los datos que ahora se tienen, si bien con las consecuencias de la pandemia del COVID-19 el porcentaje puede ser mucho mayor-; sea porque presentan algún tipo de diversidad funcional que los hace, precisamente, “disfuncionales” en los actuales mercados de trabajo, constituyen todas estas personas legítimas “merecedoras” de tutela ex-post. Un mundo con tutela ex-post es más deseable que un mundo sin mecanismo de protección alguno, 2 euros son más que 1 y 5 más que 4, esto es indiscutible. Un programa condicionado para pobres más generoso es mejor que un programa condicionado más avaro. Esta evidencia es indiscutible. Ahora bien, los programas condicionados para pobres parten implícitamente de una concepción sobre la existencia material muy determinada. La asistencia ex-post conduce irremediablemente a la pérdida de la libertad efectiva. Todo el recorrido de los subsidios condicionados es conocido y muy sufrido por los suplicantes. Efectivamente, en ningún momento de este recorrido, se ha podido actuar como libres e iguales: en todo momento se ha debido hacerlo como sumisos suplicantes. En cambio, con la RB se abraza la lógica incondicional de las medidas que entran en vigor ex-ante, como derechos de ciudadanía. Y garantizar la existencia material de entrada, es la condición para la libertad. Al menos para los que somos partidarios de la libertad republicana. Para la milenaria tradición republicana, igual que para la más reciente tradición socialista, no basta con que seamos iguales ante la ley, o que no nos pongan una pistola en la cabeza para tomar decisiones, para decir que con eso ya somos libres. La libertad tiene condiciones materiales. Un pobre no es ni puede ser libre. El propósito de la RB “No es simplemente una manera de hacer que la vida en la tierra les resulte tolerable a los indigentes sino un ingrediente clave de una sociedad transformada y de un mundo que podamos desear”, en palabras de un reciente libro de unos conocidos defensores de la RB. La condicionalidad, una vez más, es súplica y sumisión. La incondicionalidad es un derecho. En este punto no pueden caber confusiones.
Una RB se puede financiar
Una confusión que ha surgido estos días con la irrupción del debate sobre la RB es que si alguna izquierda y alguna derecha defienden la RB, si académicos, políticos y activistas de extrema derecha económica y otros de extrema izquierda defienden la RB ¿cuál es el misterio de semejante prodigio? No hay tal prodigio. Una atenta lectura de las propuestas de RB provenientes de la derecha liberal y de la izquierda puede fácilmente constatar al menos las siguientes diferencias.
- En la forma de financiar la RB. Lo que equivale a especificar detalladamente qué parte de la población sale beneficiada con una RB y qué parte no. Para la izquierda, al menos la partidaria de la libertad republicana en la que me incluyo, la financiación de la RB significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta de las decilas más altas al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto.
- En las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la RB. La izquierda asume la defensa de la sanidad y la educación públicas, y en general, del Estado de bienestar. La derecha no. Los defensores de derechas de la propuesta pretenden desmantelar el Estado de bienestar (o lo que queda en algunos lugares del mismo) “a cambio” de la RB —sería el caso por ejemplo de Charles Murray, el economista que defiende la RB en las páginas del Wall Street Journal: el título de uno de sus libros es suficientemente explícito In Our Hands: A Plan to Replace Welfare State.—, persiguiendo sus clásicos objetivos liberales de “adelgazamiento” del Estado —excepto la policía, el ejército y los tribunales de justicia, significativamente— y de reducción de la presión fiscal a los ricos.
- En la concepción de la neutralidad del Estado. Para la derecha la neutralidad significa que el Estado no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la izquierda, o al menos para una izquierda de tradición republicana, la neutralidad significa que el Estado debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, impongan su voluntad privada a la ciudadanía, con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Un Estado al servicio de la ciudadanía debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien como bien público, cuando la constitución oligopólica de los mercados permite el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad tiene que significar intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte. Los gobiernos no son más que los servidores públicos de la ciudadanía que los eligen, por eso tienen obligaciones respecto a sus ciudadanos: conseguir garantizar sus derechos, también los económicos. La ley de la selva económica ya nos ha llevado a demasiadas crisis.
Pero voy a prestar un poco de atención a la financiación. Que creo que es la gran diferencia, como les decía, entre los proponentes de izquierda y de derecha de la RB.
A lo largo de estos años he escuchado en los más distintos lugares que “una RB no se puede financiar “ o que “es demasiado cara”. Es verdad que un error habitual es confundir el coste bruto con el coste neto. Algunos críticos multiplican la RB anual por el número de habitantes y les sale una cantidad muy grande, y hasta algunos se molestan en calcular el porcentaje que ello representa del PIB. Pero eso es una tontería que no merece ni un minuto más de su atención.
Junto con otros dos economistas de la asociación Red Renta Básica (www.redrentabasica.org), Jordi Arcarons y Lluís Torrens, estamos avanzando en un estudio realizado a partir de otros previos que ya hemos expuesto hace algún tiempo, en el que mostramos varias posibilidades de financiación de la RB.
Los datos de los que les informo provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE del año 2018. Para el año 2018 se trata de 33.374 personas y 13.368 hogares (casi 2,5 personas por hogar de media) que representan a las 46,2 millones de personas y los 18,55 millones de hogares residentes en el reino de España. Son datos que el INE cruza con datos fiscales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria –AEAT- y de las haciendas forales. Hay algún sesgo detectado muy importante, puesto que en los datos de la EVC no hay ni un solo hogar con más de 480.000 euros de renta, cuando según la AEAT en el 2016 ya hubo 12.000 contribuyentes por encima. Y recuerden que entre 2007 y 2017 el 1% de los más ricos en el reino de España incrementaron su riqueza un 24% mientras que el 90% solamente lo hizo un 2%, según el relator de la ONU Philip Alston que hace pocos meses visitó el reino de España.
Las conclusiones del estudio cuyos avances son públicos y tendré sumo gusto en pasárselo cuando esté completo, muestran las siguientes conclusiones y para hacerlo breve, solamente voy a resumirles uno de los muchos supuestos que hemos trabajado:
El primer supuesto toma como umbral de la pobreza de media para el conjunto del reino de España la cantidad de 8.815 euros anuales, y significaría erradicar la pobreza. Resultarían un 19,2% de personas perdedoras y un 80,8% de ganadoras. Cuando decimos perdedores y ganadores, nos referimos siempre en comparación con la situación de partida. Si son perdedores significa que con la RB y lo que pagan de IRPF reciben menos que ahora, si son ganadores significa que pagan menos que ahora. El índice de Gini, de ser uno de los más desigualitarios de la UE, pasaría a ser uno de los más igualitarios del mundo, exactamente del 0,206. Lo que significa una reducción de 15 puntos respecto a la situación actual, alcanzando unos de los niveles más igualitarios del mundo.
Esto significa que además de erradicar la pobreza, la desigualdad, muy marcada en el reino de España, quedaría notablemente menguada. Y eso creo que vale la pena valorarlo. En el año 2019 había 10 millones de pobres. Acabar con la pobreza creo que debe ser algo a tener muy en cuenta cuando las consecuencias de la pandemia incrementen su número.
Esta financiación la hemos hecho fundamentalmente a partir de una reforma del IRPF, pero hay posibilidades de incorporar otros impuestos.
Impuesto a la riqueza
Y aquí es cuando entra en consideración el impuesto a la riqueza. Y hablar de un impuesto a las grandes fortunas significa hablar de la renta máxima (RM).
La riqueza y la propiedad privada son un producto esencialmente político y social. La propiedad ha estado muy concentrada a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, si bien con intensidades diferentes. A partir de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado y hasta la actualidad, en muchos lugares del mundo la propiedad se ha concentrado de forma extrema. Esta gran concentración de la riqueza en pocas manos amenaza a la libertad de la mayoría de personas que no son ricas. Esta amenaza se debe a la gran capacidad de los grandes poderes privados para imponer a los Estados su concepción particular del bien privado como bien público.
En los modelos de financiación de una RB anteriormente esbozados, no se incluye una carga impositiva específica a las grandes fortunas. Pero creo que algunos datos pueden ser de interés. Si se implantase un impuesto del 10% a la decila más rica en patrimonio de la población del reino de España (sin contar su vivienda de residencia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96.000 millones de euros. Una cantidad muy superior a las pensiones de jubilación.
Aun así, este 10% de la población seguiría siendo rico, sin lugar a dudas. Otro ejemplo: también podría implantarse un impuesto según el nivel de riqueza, tal como propone Piketty en su último libro Capital e ideología: a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio, se le aplicaría un tipo del 10%; a quien lo tenga de 1.000 veces, del 60%; a quien lo tenga de 10.000 veces, del 90%. No hace falta precisar que tales imposiciones no serían exactamente una RM, que en realidad sería una tasa marginal impositiva del 100% a partir de determinada cantidad de riqueza, pero esta última imposición del 90% se acercaría.
Durante mucho tiempo hemos permitido que la riqueza se haya concentrado cada vez más en pocas manos. Una RB financiada como redistribución de la riqueza y la renta podría ayudarnos a revertir ese proceso.
Política económica
La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. Ni una medida de política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Un ejemplo: El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, una veterana institución a favor de la paz y los estudios de gasto militar, explica en su último informe que existe un gasto militar total de 20.000 millones de euros, más de seis veces la partida destinada al Ingreso Mínimo Vital. Es una opción política, sin duda. Hay otras. Hay otros muchos ejemplos de distintas políticas económicas posibles: bajar (o subir) los impuestos a los más ricos, congelar o bajar (o subir) las pensiones, facilitar y abaratar (o encarecer) los despidos laborales, bajar (o aumentar) el sueldo de los trabajadores del sector público, destinar menos (o más) recursos a la educación pública, fortalecer la sanidad pública o favorecer las instituciones de medicina privada, idear unos presupuestos públicos de austeridad como se hizo en plena recesión empezada en el 2008, etc. etc. ¿Es difícil descubrir quien gana y quien pierde en cada uno de estos casos?
Así que lo que les estoy proponiendo es lo mismo que proponía Financial Times que, por una vez, aplaudo: que la renta básica incondicional y universal y un impuesto a las grandes fortunas, ojalá una renta máxima añado yo, sean incluidas algún día en las medidas de política económica de algún gobierno.
Eso ya no lo dice FT, pero me gustaría añadirlo: ambas medidas serían una gran defensa de la libertad. Un ministro del actual gobierno dejó escrito hace algunas semanas en un artículo de prensa: “No es el fin del mundo. Pero es el fin de un mundo. Del mundo en el que habíamos vivido hasta ahora.” Cabe añadir: Puede ser peor, sí. Que sea mejor para la gran mayoría de la ciudadanía no rica depende, entre otras cosas, de lo que decida ella misma y sus circunstanciales representantes. La pandemia del COVID-19 quizás sea una oportunidad. Es una esperanza razonada.
Muchas gracias por su atención.
Daniel Raventós
La intervención completa, así como las preguntas y opiniones de los grupos parlamentarios y la respuesta posterior, puede verse a continuación:
