“…y que se cuiden los sediciosos que promueven la inestabilidad del Gobierno….Aquel que trate de hacer sedición, a partir de mañana, que se cuide»…

Fueron algunas de las advertencias que transmitió a la población Arturo Murillo, el nuevo Ministro de Gobierno del régimen golpista, pocos minutos después de ser posicionado el miércoles 13 en horas de la noche.

Lamentablemente, no fueron simples advertencias, como lo volvimos a constatar dolorosamente este viernes 15 de noviembre, con el asesinato de otras 8 personas y al menos 33 heridos confirmados de los 70 que se calculan, todas hermanas y hermanos campesinos cocaleros del trópico de Cochabamba.

Fueron masacrados con armas de guerra por policías y militares, frenando así su desición de llegar hasta la plaza central, la 24 de septiembre, de la ciudad de Cochabamba para protestar contra el Golpe Cívico Policial y demandar la restitución del orden constitucional vulnerado.

Estas muertes se suman a las ya producidas en otras regiones en resistencia en el país, como Yapacaní y Montero en Santa Cruz, la ciudad de El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz, entre muchas más. En ese contexto el proceso golpista y su nuevo gobierno autoritario se calcula que es responsable hasta el momento de al menos 18 muertes, más de cien heridos y casi sobrepasan el medio millar los detenidos. Es el más puro estilo de las dictaduras militares del siglo pasado, solo que con la diferencia de que hoy se presentan con un discurso pseudodemocrático.

En paralelo con esta situación se ha dado el alineamiento con el Golpe Cívico Policial de las principales redes de medios de comunicación del país y el acallamiento de los medios de comunicación alternativos comunitarios y/o populares.

Esta situación pretende provocar la invisibilización del levantamiento popular en el país. Pero también la manipulación y tergiversación de los hechos, cuando por ejemplo, aunque se confirmaron que las muertes fueron ocasionadas por munición de uso militar, se ha insinuado también que fueron autoprovocadas por los propios campesinos para generar un estallido social de mayor magnitud o, tal y como se ha escrito que fueron resultado de enfrentamientos de fuego cruzado.

En este marco, y en diferentes pasillos y espacios de casi clandestinidad, varios periodistas, desde el anonimato, están denunciando haber sido víctimas de amenazas contra su vida y la de sus familias. Incluso se tiene la denuncia de una periodista en Cochabamba de haber sido víctima de atentado con artefacto explosivo a su domicilio, en represalia por difundir la violencia desmedida de las fuerzas del orden contra los sectores populares y campesinos en esa ciudad del centro del país.

Ante esta realidad, el uso de las redes sociales se ha constituido en la herramienta de información y comunicación alternativa al controlado sistema mediático formal. Desde las redes se está rompiendo con la verticalidad tradicional mediática, ejerciendo una práctica democrática y horizontal del derecho a la comunicación y la información.

Así por ejemplo, días atrás cuando el centro político de la ciudad La Paz era ocupado por más de 15000 aymaras exigiendo el respeto por la Wiphala y la restitución del orden constitucional, los canales de las principales redes de televisión del país invisibilizaron este hecho. Mostraban contenidos fuera de lugar como películas y series, y luego resaltaban en sus noticieros el vergonzoso autonombramiento de Jeanine Añez como presidenta, con un filtro de “transición democrática” y no de Golpe de Estado.

Solo las redes sociales rompen esta manipulación informativa, por lo que se han convertido también en el objetivo del golpismo instalado, atacando las conexiones de internet y cerrando decenas de páginas.

Así, en estos momentos de aguda crisis política y social, toda la población de alguna manera ha ejercido el papel de periodistas y comunicadores para reflejar la propia realidad gracias a las herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías. En conclusión las Redes Sociales han permitido romper con el cerco informativo de lo que está ocurriendo en Bolivia.

(Llorando) “…solo queríamos dar nuestra opinión… Han matado a personas. Por favor ayúdennos, no nos puede matar la policía. Por qué no nos cuidan, como cuidaban a los señores del centro (a los opositores de la ciudad cuando bloqueaban). ¿Por qué han soltado a los militares a matar a su propia gente? ¿Acaso del Trópico no son su gente señora presidenta? Dígame, ¿no es su pueblo para que nos mande a matar?” (Palabras de una mujer campesina del Trópico cochabambino durante el conflicto en Sacaba)

Estas palabras reflejan la verdadera realidad de lo que está viviendo Bolivia en estos momentos. Pero por supuesto, la voz y la imagen de dolor y desesperación que se muestra en los cientos de videos grabados con simples celulares domésticos, no se emitirán por ninguna de las cadenas de televisión del país. Sin embargo fueron tomados por la gente y ahora se están compartiendo y llegarán a miles y esperamos a millones de personas a pesar del cerco mediático e informativo que está implementando el proceso golpista.

En esta línea recordemos que la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó con expulsar y procesar a «periodistas o pseudoperiodistas» extranjeros y bolivianos «que estén haciendo sedición». Debemos hacer notar que es la segunda autoridad nacional como ministra que hace uso de la palabra SEDICIÓN, que se refiere a la idea de un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo.

¿Nos preguntamos si corresponde utilizar la palabra sedición para reflejar el levantamiento y la movilización del pueblo boliviano?

A estas alturas de los hechos suscitados, no hay la más mínima duda de que en Bolivia se planificó y activó un Golpe Cívico Polícial. Pero a diferencia de los Golpes de Estado militares de este mismo siglo (Honduras, Paraguay, Brasil), preocupa porque este se presenta con una enorme carga fascista, racista y machista contra lo indígena, lo campesino, lo originario y las mujeres.

Por tanto hacemos un llamado a la comunidad internacional para denunciar este hecho y activar todos los mecanismos legales y jurídicos para precautelar los derechos humanos y la vida de las personas. Y en especial los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como para defender los avances logrados en estos más de 13 años del denominado Proceso de Cambio.

Finalmente hacemos un llamado para precautelar el derecho a la comunicación y la información de la población para que se refleje la verdad. Garantizar el ejercicio de las y los periodístas, las y los comunicadores populares e indígenas es un derecho esencial para una sociedad democrática.

Desde algún lugar de Bolivia, 16/11/2019