Por Michael O’Regan, Bournemouth University for The Conversation
Traducción de Mauro Haddad

Distintos investigadores calculan que hay 1.100.000 víctimas de trata de personas en toda Europa. De acuerdo con la O.N.U, casi un tercio del total mundial de estas víctimas son menores de edad. Un problema mayúsculo para la industria hotelera son los casos de criminalidad, prostitución y trabajo esclavo; se cree que, todos los años, más de 93.000 esclavas y esclavos sexuales y 4.500 trabajadores son explotados en hoteles europeos.

Desde hace mucho tiempo, los hoteles, moteles, hostales y bed and breakfasts, en conjunto con distintas organizaciones —entre las que se encuentran la Organización Mundial del Turismo (OMT), la ECPAT y la Asociación Internacional de Turismo (ITP, por sus siglas en inglés)— vienen trabajando para combatir la trata de personas y las distintas formas de esclavitud moderna. Estas organizaciones están llevando a cabo campañas de concientización, creando kits de herramientas, diseñando carteles y capacitando al personal sobre cómo responder a determinadas situaciones a las que deben estar alerta. Al mismo tiempo, coordinan acciones con los organismos encargados de la aplicación de la ley y de la lucha contra la trata de personas.

Sin embargo, el fenómeno es aún más problemático. Hay informes que denuncian casos de tráfico de drogas (vinculados a bandas criminales) y prostíbulos temporarios que se abren en alojamientos reservados a través de internet. La plataforma de economía compartida Airbnb ofrece siete millones de alojamientos en más de cien mil ciudades, número superior al que suman los ocho grupos hoteleros más grandes del mundo. Mientras la empresa se prepara para hacer en 2020 su oferta pública inicial (OPI), las zonas grises en las que se mueven los anfitriones suscitan dudas respecto a la transparencia y la responsabilidad de la empresa (especialmente en lo que tiene que ver con la trata de personas y otros tipos de esclavitud moderna).

Responsabilidades

Airbnb sostiene que “no controla la conducta de los anfitriones y niega todo tipo de responsabilidad legal”. Los anfitriones son responsables de atenerse a las leyes de sus propios países y a las normas fijadas por la empresa. Pero gracias a mis propias investigaciones puedo asegurar que, en la práctica, la cuestión de la responsabilidad va más allá de quién es el responsable legal.

De acuerdo con Airbnb, los anfitriones son responsables de cumplir los requisitos legales en sus países tales como pagar impuestos, instalar sensores de fuego o dióxido de carbono y cumplir con las leyes antidiscriminación. En la práctica, esto significa que la discriminación está permitida si las leyes lo admiten, están ausentes o no se aplican a inmuebles pequeños ocupados por sus dueños. En efecto, en Estados Unidos Airbnb es inmune a juicios por discriminación, gracias a los términos de uso de la empresa. Además, dado que la mayoría de los anfitriones no son profesionales de la industria hotelera, en distintos foros algunos de ellos se muestran confundidos respecto a su obligación a adherir —o su derecho a ignorar— compromisos legales como el pago de impuestos, la accesibilidad de los huéspedes o la discriminación por rango etario.

Muchas veces, las autoridades locales, regionales y nacionales carecen de voluntad o recursos para pelear o fortalecer las normativas existentes o para desarrollar nuevas leyes que permitirían que este sector se adapte a las nuevas realidades.

Un negocio con riesgos

Sólo se necesitan un par de clicks para hacer una reserva en Airbnb, y el uso de cerraduras inteligentes y cajas de seguridad para las llaves ha reducido la necesidad de encuentros cara a cara entre los huéspedes y los anfitriones. Nick Shapiro, ex administrador mundial fiduciario y analista de riesgos de Airbnb, explicó que, para evaluar riesgos, la empresa rastrea las fotos de la plataforma para comprobar si hay indicios que puedan señalar algún tipo de explotación. Sin embargo, no queda claro cómo podrían ser identificados como personas de riesgo o en riesgo aquellos huéspedes que no figuran en listas de vigilancia por posibles vínculos con terrorismo o actividades ilegales.

Los análisis de riesgos y la revisión de antecedentes sólo se llevan a cabo en Estados Unidos y, en general, los huéspedes de Airbnb no han sido capacitados para detectar posibles casos de explotación o trata. De hecho, lo que se observa en foros independientes es que los anfitriones tienen un grado de conocimiento muy variable de sus responsabilidades —y las de Airbnb— en lo que hace a formas de esclavitud moderna y trata de personas.

En el 2019, Airbnb se unió a la fuerza de tareas del Consejo Mundial de Viajes y turismo en contra de la trata. Sin embargo, es muy notorio cómo Airbnb no trabaja en conjunto con organismos como la ECPAT y sigue sin unirse a campañas globales de concientización, sin preocuparse por crear conciencia, tampoco, entre los huéspedes y anfitriones. Hay muchos reclamos para que Airbnb garantice que los anfitriones de todo el mundo sean capacitados para reconocer cuándo hay niños en riesgo y puedan reportarlo a la policía.

ECPAT Twitter: Fuerte reclamo de @cotelcolombia a @Airbnb y @bookingcom para que firmen el @TheCodeOrg en contra de la explotación sexual infantil. No sólo deben comprometerse en la lucha contra este crimen los jugadores tradicionales sino también los nuevos. #YoProtejo

Los procesos de contratación dentro del mundo de Airbnb también pueden desembocar en formas de explotación. Por ejemplo, las empresas de gestión de propiedades suelen contratar mujeres de color o mujeres migrantes para limpiar casas. En general, estas mujeres son vulnerables, tienen bajos ingresos y no poseen derechos laborales. Además, casi nunca están sindicalizadas, ya que los sindicatos no tienen interés en defender un modelo que puede incrementar los costos generales de los alquileres y, a la vez, reducir la cantidad de empleos a tiempo completo dentro de la industria hotelera.

Mientras muchos actores de esta industria han hecho reformas y se han involucrado en campañas de concientización, no existe por el momento ningún programa oficial de Airbnb en ninguno de los países en los que opera.

Tiempos de cambio

La Unión Europea ya demostró que puede forzar a Airbnb a proteger a los clientes. Y la compañía también demostró que, gracias a acuerdos bilaterales firmados con autoridades de la industria del turismo, que le permiten recaudar múltiples impuestos, puede controlar a los anfitriones y hacer que se adecuen a las normativas.

Mientras tanto, otras empresas dentro del mundo de la economía colaborativa están subiendo la vara: plataformas como Uber y Lyft han anunciado recientemente que van a capacitar a sus conductores para que puedan identificar, en algunas zonas, a personas vinculadas a la trata y a sus víctimas. Por lo tanto, es evidente que hay radio de acción para que este tipo de compañías aborden los problemas de trata, explotación, esclavitud y discriminación.

La proximidad de la oferta pública inicial (OPI) de Airbnb ofrece una oportunidad para testear bajo presión la determinación que la empresa tenga para ampliar su transparencia y responsabilidad en los 191 países en los que opera. Entregar a las autoridades las listas de los anfitriones registrados, realizar informes anuales, firmar el código de conducta para la Protección de Niños de la Explotación Sexual en Viajes y Turismo o subir las fotos de las propiedades registradas en Airbnb a bases de datos para ayudar a la policía a rastrear sospechosos: esas podrían ser algunas de las medidas a tomar.

Ya es hora de que Airbnb se sume a la industria hotelera y asuma un punto de vista más firme en contra de la esclavitud moderna y la trata de personas.