Colombia: la verdad como bien público

17.04.2019 - Medellín-Colombia - Daniel Botero

Colombia: la verdad como bien público
(Imagen de Daniel Botero)

“Las casas de la verdad, pretenden ser un lugar de fortalecimiento
de la democracia y de nosotros como sociedad,
que se ha fragmentado y polarizado”

La semana pasada abrió oficialmente sus puertas la Casa de la Verdad en la ciudad de Medellín, Colombia, como parte de la estrategia territorial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil en Colombia, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con mecanismos como la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado. Al evento, realizado el día 9 de abril, considerado por Ley como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, asistieron representantes de organizaciones sociales y de víctimas, de la academia y representantes de organismos internacionales. Esta es, sin duda, una de las noticias de mayor trascendencia en Medellín durante el año 2019.

La Casa de la Verdad a la que se dio apertura en la ciudad de Medellín, es la segunda en la región Antioquia que ha comenzado trabajos, después de que fuera abierta la ubicada en el municipio de Apartadó, en la zona bananera de Urabá, donde se protagonizaron hechos atroces durante años y que, aún hoy, es escenario de las nuevas dinámicas del conflicto que vive Colombia, luego de la firma de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y la ex guerrilla de las FARC.

Estas casas hacen parte de la estrategia regional de la Comisión de la Verdad, que tendrá 19 espacios como estos en distintas regiones del país. En ellas, se desarrollan ejercicios para esclarecer los hechos del conflicto armado interno, protagonizado por distintos actores durante más de 50 años. Distintos profesionales pretenden recoger, analizar e interpretar los relatos de víctimas y victimarios sobre los acontecimientos perpetrados en los territorios más golpeados por las violencias.

Medellín y el departamento de Antioquia, tienen una importancia central en este proceso de reconstrucción de la verdad, debido a que fueron territorios donde la guerra se presentó con mayor rigor, no solo porque un 17% (1.567.022) de las 8.768.057 víctimas registradas en el país son de estos lugares, sino porque fue el epicentro de la guerra contra el narcotráfico protagonizada por Pablo Escobar y su cártel de Medellín, la fuerte presencia guerrillera en varias de las subregiones, la emergencia de grupos de contra insurgencia o paramilitares y la acción u omisión de actores estatales y sectores económicos en las dinámicas del conflicto armado.

Como parte de su metodología y enfoque territorial, la Comisión ha dividido su trabajo en nueve macro regiones, en las cuales trabajan 11 comisionados y comisionadas por separado, debido a la particularidad de cada región colombiana y a las complejas dinámicas del conflicto en cada una. La Macro región de Antioquia y Eje Cafetero, abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y algunos del sur de Córdoba y del norte del Valle del Cauca, extendida a lo largo de unos 100.000 km2 (10% del territorio del país), donde habitan unas 11,5 millones de personas (25% de los y las habitantes de Colombia), con importantes asentamientos indígenas y población afrocolombiana, lo que atiende a otro de los enfoques del trabajo de la Comisión: el étnico. Los demás enfoques son: niños y niñas, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, género y lo psicosocial.

Este ejercicio, que finalizará en el año 2021, tiene cuatro objetivos que nos explica el comisionado Alejandro Valencia:

1. Esclarecimiento. Contar qué fue lo que ocurrió en el marco del conflicto armado frente a violaciones de DDHH a infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con una apuesta clara por esclarecer patrones o dinámicas de violencia que se dieron en unas épocas de tiempo determinadas, en lugares específicos, con hechos concretos, dirigidos contra un sector determinado de víctimas, producidos por ciertos actores y para ofrecer un contexto explicativo de por qué se dieron esas dinámicas.

2. Reconocimiento. Con tres dimensiones. La primera, donde a la Comisión le compete contribuir al reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto armado. La segunda, es la competencia frente al reconocimiento de responsabilidades, no de las penales, porque la Comisión es un mecanismos extrajudicial, lo penal está a cargo de la JEP, así que, se trata más bien, del reconocimiento con un sentido ético, humano, político e histórico, por lo tanto, un reconocimiento colectivo. Igualmente, busca que diferentes actores armados e instituciones que, de una u otra forma, estuvieron involucradas en el conflicto armado, también lo reconozcan. Tercero, promover el reconocimiento desde la sociedad colombiana, frente a la aceptación de la existencia de un conflicto armado, porque la indiferencia es lo que provoca no involucrarse con la transformación que requiere la paz.

3. Convivencia. Promoverá ejercicios de tolerancia entre la población en las distintas regiones y comunidades, para lograr aceptar al otro distinto o, a quienes en un momento dado, hicieron parte del conflicto. Por lo tanto, promover que como sociedad tengamos un ambiente de convivencia en cada uno de los territorios.

4. No Repetición. En las recomendaciones y sugerencias que debe emitir la Comisión, va en clave de No Repetición, es decir, de buscar que los hechos de violencia nunca más vuelvan a ocurrir. Por eso se desarrollarán encuentros de No Repetición para impulsar algunas prácticas que ayuden a la sociedad a no seguir recurriendo a la violencia.


Para Guillermo Fernández Maldonado, representante de Naciones Unidas, organismo garante del proceso, el Estado colombiano “en cumplimiento de las obligaciones internacionales, debe garantizar a todas las víctimas el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las atrocidades del conflicto armado interno (…) sin distinción de quiénes fueron los perpetradores. Ello entraña el reconocimiento de responsabilidades individuales, colectivas e institucionales por parte de quienes cometieron por acción u omisión estas graves violaciones”.
De allí que “la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, tiene el potencial de reconstruir, de manera rigurosa, seria e imparcial, los hechos que caracterizaron décadas de confrontación armada; así como para visibilizar y dar voz a millones de víctimas” agregó Fernández.

Si bien esta región cuenta con una variedad de estudios de carácter académico, tanto desde las universidades como desde las organizaciones sociales, será vital “la participación de las víctimas, de las organizaciones sociales y de toda la sociedad en el trabajo cotidiano de la Comisión, atendiendo al carácter eminentemente regional de las violencias del conflicto y al necesario amparo de los derechos de las víctimas”, insistió Fernández.

En este sentido, Rubén Darío Jaramillo Cardona, coordinador de la Casa de la Verdad de Medellín, precisó que los ciudadanos y ciudadanas “pueden estar seguros que la Casa de la Verdad será un espacio colectivo, un espacio de confianza y de diálogo, para compartir información y que, permitirá ser más ambiciosos, con el fortalecimiento de procesos culturales, sociales y políticos”. Expresó además que, hasta el momento, se encuentran realizando “diagnósticos participativos con distintos sectores donde ponemos en común las pistas de interpretación o los hechos victimizantes y las dinámicas del territorio antioqueño”, con el objetivo de “posicionar la verdad como un bien público”, como una de las aspiraciones mayores de este proceso.

Categorías: Derechos Humanos, Noviolencia, Paz y Desarme, Sudamérica
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