Israel, el Estado que ocupa Palestina por un territorio que va mucho más allá de lo establecido en la partición propuesta por la ONU en 1948. Israel, el Estado que por el incumplimiento sistemático de decenas y decenas de Resoluciones de la ONU es un país fuera de la ley aunque no es (afortunadamente) bombardeado con éxito, con la bendición de los medios de comunicación y de la población, para otros países. Países que tal vez sólo han ignorado una resolución de la ONU.
Israel, que no está sancionado por sus continuas violaciones del Derecho Humanitario Universal y de los Convenios de Ginebra, puede, con un hechizo basado en la complicidad y los intereses internacionales, mantener su designación como Estado democrático. Subjetivación que no se perderá ni siquiera después de destruir la ya famosa «escuela de neumáticos» construida por la ONG italiana Vento di Terra hace nueve años. La escuela fue amenazada inmediatamente con la demolición, la confiscación de instalaciones recreativas como columpios y otros juegos, e incluso con el uso de helicópteros para impedir que 170 niños utilizaran lo que ofrecía la generosidad internacional.
Israel no perderá su definición de Estado democrático, por absurda que sea en relación con la realidad, también en esta ocasión, gracias a un fantástico juego de prestigio jurídico-léxico capaz de hipnotizar a los demócratas honestos y de proporcionar material narrativo a sus valedores mediáticos.
Veamos de qué se trata. En primer lugar, hay que recordar que Israel -en total silencio de los medios de comunicación- suele demoler las instalaciones educativas y las viviendas en la zona C. No sólo eso, sino en particular en la Zona C, es decir, en la parte de Palestina que la trampa de los acuerdos de Oslo de 1993 puso «provisionalmente» bajo la jurisdicción israelí.
La escuela del caucho ha logrado atraer la atención internacional tanto por la tenacidad de la organización que la construyó, como por la originalidad del proyecto basado en el reciclaje de neumáticos viejos y sin los cimientos que, en la cruel y arbitraria práctica israelí, habrían decretado la demolición inmediata por violación de las normas ambientales. No parece pleonástico señalar que dondequiera que se impidan las construcciones palestinas más pequeñas, el Estado judío construye o permite a los colonos (también prohibidos por el derecho internacional) construir grandes asentamientos en territorio palestino.
Pero intentemos comprender qué es lo que permite que este Estado no pierda el gran y hasta ahora intachable escudo protector llamado democracia. Israel justifica sus acciones más o menos violentas contra el pueblo palestino, su tierra, sus derechos e incluso la vida -tanto cuando es abatida a cuentagotas como cuando es abatida en grandes cantidades-, con la mágica fórmula democrática de la «ley» emitida por sus instituciones.
La demolición de casas, la última en la aldea de Al Walaja cerca de Belén, como todas las otras demoliciones y confiscaciones de propiedades palestinas y como todos los otros edificios ilegales dados a los judíos como judíos en tierra palestina, están justificadas por decretos, sentencias o leyes emitidas por la Knesset que, gracias al escudo jurídico-léxico formado por el término «legal» -normalmente a distancia con la definición de «seguridad para Israel»- anestesian a los muchos demócratas sinceros, haciéndolos incapaces de compararse unos con otros. Una de estas comparaciones, sólo por hablar de Italia, puede hacerse mirando la «legalidad» de un período histórico muy triste del siglo pasado.
Si la legalidad se convierte simplemente en nacional y choca con un cuerpo mucho más universal de derecho internacional, el derecho nacional retiene la forma de derecho al tiempo que viola la legitimidad de su contenido. El Parlamento italiano también aprobó las leyes raciales de 1937 en violación de la igualdad con las poblaciones colonizadas, definiéndolas como «razas inferiores» y las de 1938 contra los ciudadanos italianos de religión judía, definiéndolas también como «raza». Eran «leyes» y por lo tanto respetaban ese simulacro llamado legalidad. Pues bien, Israel hace lo mismo con regularidad y, como entonces las leyes raciales tenían la autoridad de ser leyes, ahora las normas jurídicas discriminatorias de Israel, además dentro de su condición de estado ilegal como ocupante y asediador, tienen la autoridad de la forma y lo justo para que el mundo las acepte y, a lo sumo, tolere la organización de peticiones y oraciones para que el gobierno israelí demuestre magnanimidad en la aplicación de normas y sentencias que en sí mismas deberían ser condenadas por la comunidad internacional como ilegítimas, ya en la fuente de la ley.
Lo que está ocurriendo con la demolición de la escuela de caucho en la aldea beduina de Khan Al Akhmar en Cisjordania y la posterior deportación de la comunidad de Jahalin que vive allí, es sólo el último ejemplo de ello. La demolición y la deportación se han decidido durante muchos años, desde que las instituciones israelíes decidieron ampliar la colonia (obviamente ilegal) de Ma’ale Addumin, uniéndola a una colonia más pequeña, cortando definitivamente Cisjordania en dos e impidiendo incluso la idea del nacimiento, aunque en forma reducida, de ese Estado palestino que la Resolución 181 proponía junto con la israelí.
La decisión -aplazada varias veces a raíz de peticiones, pedidos de organizaciones palestinas e israelíes, la tenacidad de Vento di Terra y la atención de parlamentarios italianos y de varias naciones, y apelaciones a la Corte Suprema israelí- llegó finalmente, y en forma de un fallo definitivo. Sentencia dictada por el Tribunal Supremo que, absurdamente, se considera supra parte a pesar de ser una institución jurídica del Estado ocupante y que, por lo tanto, lógicamente, se limita a representar esa figura que la sabiduría del pueblo italiano ha confiado a un viejo adagio, el que dice «¿Posadero como el vino? Genial, diría yo.» Luego, el Tribunal Supremo de Israel, después de una farsa de varios años, dictaminó que la aldea sería demolida y la escuela de neumáticos con ella. Los 170 niños que la frecuentan, junto con sus familias, serán deportados, pero el verbo utilizado es «transferido» y las palabras tienen una razón propia, serán deportados a un lugar ofrecido generosamente por el Estado de Israel, obviamente en territorio palestino e, incluso, se les ofrecerán tiendas de campaña para que puedan reconstruir tranquilamente las casas que Israel va a demoler. La zona ofrecida, con una posible alternativa, está cerca de un gran vertedero, mientras que la alternativa está cerca de un depósito de aguas residuales.
Como recuerdan los representantes de VdT, la comunidad de Jahalin ha estado aquí durante setenta años, es decir, desde que el ejército israelí la echó del Neghev después de la Nakba. En resumen, el acoso del acoso practicado por el Estado democrático de Israel desde su creación y del que éste es sólo el último en el tiempo.
Recordemos que Vento di Terra ha hecho y está haciendo grandes cosas también en la Franja de Gaza y que allí mismo, hace cuatro años, las FDI destruyeron completamente la ciudad de los niños, un maravilloso jardín de infancia de última generación como sistema educativo en la aldea beduina de Um al Nasser en el norte de la Franja. Fue entonces cuando, en la operación con el mágico nombre de «margen de protección», Israel mató en sólo 51 días a unos pocos miles de personas, entre ellas 570 niños. Pero Vento di Terra, con la tenacidad que evidentemente tiene en común con el pueblo palestino, en Um al Nasser está llevando a cabo otros excelentes proyectos para mujeres y niños que escaparon de la masacre de 2014. Las nuevas estructuras sólo resistirán si Israel, en su voluntad impune, no «necesita» destruirlas y, en ese caso, sabemos que el mundo seguirá ayudando impotente, o inconsciente, o consintiendo, dependiendo de la narrativa que se permita transmitir a los medios de comunicación.
Mientras tanto, se organizan peticiones y manifestaciones de solidaridad con la población de la aldea, con la participación de sinceros demócratas israelíes. La sociedad civil se mueve para exigir que Israel no cometa este enésimo crimen y Vento di Terra está haciendo todo lo posible para asegurar que el crimen no ocurra. Pero sucederá. Las protestas y demandas para que la Corte Suprema de Israel cambie su decisión final no tendrán éxito. Además, será fácil decir que si se recurre a un tribunal, sus sentencias deben ser aceptadas, lo que dará a Israel la oportunidad de definirse de nuevo como un país democrático que, antes de tomar cualquier medida, se basa en la ley. Que se trata de un derecho interno y que «Cicero pro domo sua» pasará a un segundo plano.
Pero tal vez ocurra algo peor. Dado que los lugares donde se decidió deportar a los habitantes de Khan al Akhmar son horrendos e insalubres, probablemente el gobierno israelí ya ha preparado un plan B: cambiará de lugar al ofrecer un entorno no contaminado como nueva residencia y, con la ayuda de algunos buenos creadores de opinión, quizás acabemos pidiendo que los habitantes de Khan al Akhmar agradezcan a Israel por su comprensión humana. Otra operación que convertirá otro crimen israelí en una prestigiosa medalla a la generosidad.
Nadie detendrá a Israel mientras este Estado sea útil para sus protectores y protegidos. Pocos dirán la verdad, y muy pocos ya lo han hecho. La verdad se llama el desarrollo del proyecto de anexión de toda la Palestina histórica en detrimento -entre otros- de los habitantes de Khan Al Akhmar, la confiscación de otras tierras palestinas, la aplicación de Ma’ale Addumin y la creación de un muro insuperable que dividirá la Ribera Occidental en dos, traer a Palestina judíos de Rusia y del mundo en general que, expulsando a los palestinos, se convertirán en israelíes, ciudadanos del «Gran Israel» o de la Eretz Israel como el sueño sionista quiere cada vez más cerca de su realización gracias a la complicidad o impotencia de los gobiernos y de las instituciones internacionales.
La petición de Vento di Terra, que hace un llamamiento al Gobierno italiano, a la UE y a la ONU, será presentada a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Quizás veamos otra burla al derecho internacional, pero se invita a los ciudadanos que todavía creen en la importancia de las instituciones democráticas a firmarlo. La petición se encuentra AQUÍ.
