El Ministerio Público de Agrigento, que investiga el caso del buque Diciotti, ha planteado como hipótesis los delitos de secuestro de personas con fines de coerción y omisión de actos oficiales, además de las acusaciones de secuestro de personas, detención ilegal y abuso de autoridad, para el Ministerio del Interior.

La primera acusación se refiere al hecho de que Matteo Salvini impidió el desembarco en Catania de inmigrantes detenidos a bordo del buque de la Guardia Costera italiana para presionar a la Unión Europea con vistas a su redistribución y la segunda a la decisión de hacer caso omiso de la petición de un refugio seguro hecha por la Guardia Costera, indicando Catania solamente como escala técnica.

El Fiscal Luigi Patronaggio continúa con los controles y verificaciones, a fin de garantizar a los migrantes que se encontraban a bordo de los Diciotti plena protección jurídica y la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Ministro del Interior.

Los próximos pasos serán la llegada de los documentos de investigación al Ministerio Público de Palermo, que dispondrá de dos semanas para enviarlos al Tribunal de Ministros. Con ello se iniciará una investigación y se decidirá en un plazo de 90 días (a los que se podrían agregar 60 más), si se cierra el caso, o se envían las tarjetas al fiscal de la República, quien deberá entonces remitir al Senado la solicitud de autorización para proceder.