La mancha que dejó Gran Bretaña al tomar parte en la tortura y la rendición nunca desaparecerá

02.07.2018 - Pressenza London

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La mancha que dejó Gran Bretaña al tomar parte en la tortura y la rendición nunca desaparecerá
Los llamados vuelos ilegales de "entrega" de la CIA, según Rzeczpospolita. (Imagen de Rama, Wikimedia Commons)

Sam Raphael, Universidad de Westminster y Ruth Blakeley, Universidad de Sheffield para The Conversation

Los informes largamente esperados de la investigación del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento del Reino Unido (ISC) sobre el Maltrato y la Interpretación de Detenidos entre 2001 y 2010 finalmente han sido publicados. Nosotros mismos hemos estado investigando la parte del Reino Unido en la tortura durante años y hemos presentado pruebas al comité, y estos informes son mucho más difíciles de afrontar de lo que esperábamos.

Presidida por el miembro del Parlamento y CC Dominic Grieve, la investigación del ISC ha revelado que el grado de participación del Reino Unido en el abuso de prisioneros fue incluso mayor de lo que habíamos documentado previamente. Los informes también destacan serias debilidades relacionadas con la capacitación del personal de seguridad y la gobernanza y la supervisión de su conducta. Muchas de las conclusiones del ISC corroboran nuestros propios hallazgos de investigación, y nos complació ver una serie de cuestiones que planteamos cuando presentamos pruebas al ISC en enero de 2017.

Como hemos argumentado durante años, y como le dijimos al ISC, la complicidad británica en la tortura fue profunda, amplia y sostenida. Los ministros del gobierno siempre han negado esto: el ex secretario de Relaciones Exteriores, Jack Straw, declaró que solo los teóricos de la conspiración deberían creer que el Reino Unido estuvo involucrado en la rendición. Esa posición ahora es más insostenible que nunca. De los informes del ISC se desprende claramente que los funcionarios del Reino Unido conocían el programa de EE. UU. inmediatamente después del 11 de septiembre y trabajaron para apoyar a sus aliados de forma que permitieran una «denegación plausible» continua.

Los hallazgos del informe no son ambiguos. En más de 70 casos, mucho más de lo que se ha identificado hasta ahora, la inteligencia británica sabía, sugería, planificaba, acordaba o pagaba a otros para realizar operaciones de entregas extraordinarias. Algunos de los detalles son insoportables: un oficial del MI6 estuvo presente mientras se trasladaba a un prisionero en una caja del tamaño de un ataúd. En literalmente cientos de casos más, los funcionarios del Reino Unido estaban al tanto de que los detenidos habían sido maltratados por sus aliados, seguían respondiendo preguntas sobre los detenidos bajo tortura y recibían información de quienes habían sido torturados.

Si bien los nombres y las ubicaciones se han redactado en estos informes, nuestros propios años de investigación nos permiten adaptar nuevos hechos a nuestra imagen más amplia de la tortura posterior al 9/11. Es probable que podamos identificar algunos de los detalles importantes omitidos por los informes. En muchos casos, estas omisiones se debieron a que el gobierno se negó a permitir que el ISC entrevistara a oficiales de inteligencia con conocimiento de la participación británica. En ausencia de una investigación completa dirigida por el juez, nuestro trabajo de investigación sigue siendo crucial, y estamos comprometidos a hacer lo que podamos.

También sabemos lo suficiente de las propias víctimas, en sus propias palabras, sobre el costo humano de esta forma de violencia estatal. Si te golpean, electrocutan, violan o te someten a una ejecución simulada, tiendes a decir lo que sea necesario para que pare. No es de extrañar que la inteligencia recibida bajo tortura tenga notoriamente un valor limitado.

El hecho de que el Reino Unido intentó mantener sus manos limpias mediante la participación desde lejos no mejora la situación. Cuando se publicaron los informes, Theresa May declaró que «el personal de inteligencia y las Fuerzas Armadas ahora está mucho mejor ubicado» para ocuparse del trabajo relacionado con los detenidos y que se han aprendido las lecciones necesarias. Pero en nuestra evidencia para el ISC, también planteamos una serie de inquietudes sobre la adecuación de la capacitación actual y la fortaleza de la orientación actual, que ostensiblemente impide el regreso a los primeros años de la «Guerra contra el Terrorismo», y no estamos convencidos.

Ninguna piedra sin voltear

En nuestro testimonio ante el ISC, señalamos fallas en la llamada «Guía consolidada» emitida para todas las agencias de seguridad y el ejército a partir de 2010. El ISC se ha tomado esto en serio. En sus conclusiones, concluye que la guía no está de ninguna manera «consolidada» y que «es engañoso presentarla como tal». El ISC señala «ambigüedades peligrosas en la orientación», señalando que «los ministros individuales tienen una comprensión completamente diferente de lo que pueden y no pueden, y lo autorizarían».

Animamos al ISC a examinar con qué frecuencia el personal de la agencia o del Ministerio de Defensa había seguido la guía, y establecer con qué frecuencia se informaban las inquietudes sobre el abuso de prisioneros en la cadena de mando. Esto lo ha hecho el ISC. De manera frustrante, los datos correspondientes se redactan desde la versión final. Sin embargo, las conclusiones de la ISC indican que el mantenimiento de registros en estos asuntos es débil y que existen riesgos considerables de que los casos que se deben informar al alza no lo sean.

Esto se ve agravado por el hecho de que «no existe una política clara y ni siquiera hay acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de evitar la complicidad del Reino Unido en la entrega ilegal». Y según informa el ISC, el gobierno «no ha introducido ninguna política o proceso que garantice que los aliados no utilicen el territorio del Reino Unido para entregas extraordinarias».

Durante mucho tiempo hemos argumentado que la Guía consolidada hace poco más que proporcionar un andamiaje retórico, legal y de políticas, lo que permite al gobierno del Reino Unido demostrar una adhesión procesal mínima a los compromisos de derechos humanos. Como el ISC concluye con razón, hay una necesidad urgente de revisión y reforma fundamental de la Orientación Consolidada. El gobierno también debe establecer mecanismos de supervisión, capacitación y rendición de cuentas mucho más sólidos.

También argumentaremos, en los términos más enérgicos posibles, que solo una investigación dirigida por un juez con plenos poderes de citación permitirá al público saber qué se hizo en su nombre. Sin esto, será aún más difícil lograr una rendición de cuentas completa e identificar las formas actuales de complicidad del Reino Unido en abusos contra los derechos humanos. Con la norma anti tortura erosionada en lo más alto del gobierno de los EE. UU. una vez más, estos riesgos son muy presentes y reales.

Sam Raphael, profesor titular de Relaciones Internacionales, Universidad de Westminster y Ruth Blakeley, profesora de Política y Relaciones Internacionales, Universidad de Sheffield

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee el artículo original.

Traducido del inglés por Alejandra Llano

Categorías: Derechos Humanos, Europa
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