Las políticas de externalización promovidas por la UE benefician a la industria de la seguridad, pero provocan costes humanos y de desarrollo muy perjudiciales.

La Unión Europea ha dado la espalda a un compromiso incondicional con los derechos humanos, la democracia, la libertad y la dignidad humana ampliando en los últimos años de forma problemática su propia política de externalización de fronteras. Esto fue apoyado por un nuevo Informe preparado por el Transnational Institute y Stop Wapenhandel (campaña holandesa contra el comercio de armas) y relanzado en Italia por la Red Italiana para el Desarme y la ARCI.

La cooperación de la UE con los países vecinos en materia de control de la migración ha reforzado los regímenes autoritarios, ha supuesto un auge de los beneficios para las empresas de seguridad y los fabricantes de armas, ha desviado recursos del desarrollo y ha debilitado los derechos humanos. El Informe «Expanding the Fortress – Expandiendo la Fortaleza» examina el rápido crecimiento de los acuerdos y medidas sobre externalización de fronteras que comenzaron en 1992, pero que han experimentado una fuerte aceleración desde 2015. Este punto específico se ha convertido en un objetivo central de las relaciones exteriores y la política de la UE, que abarca también las políticas de ayuda y comercio.

Las medidas adoptadas incluyen: formación de las fuerzas de seguridad de terceros países; donaciones de helicópteros, naves patrulleras y vehículos, equipos de vigilancia y seguimiento; desarrollo de sistemas de control biométrico; acuerdos para la aceptación de deportados.

El informe examina detenidamente los 35 países a los que la UE da prioridad en sus esfuerzos de externalización de fronteras y señala que:

  • El 48% (17) tiene un gobierno autoritario y sólo cuatro pueden ser considerados estados democráticos.
  • el 100% (35) plantea riesgos extremos o elevados para el respeto de los derechos humanos
  • 51% (18) está clasificado como «bajo» en los indicadores de desarrollo humano

Sin embargo, la Unión Europea y sus Estados miembros no sólo han firmado acuerdos para legitimar a los gobiernos de estos países haciendo caso omiso de las violaciones de los derechos humanos, sino que también han proporcionado financiación, formación y apoyo material a los organismos de seguridad del Estado más responsables de la represión y el abuso de los derechos humanos.

El informe examina en profundidad la forma en que se ha desarrollado esta cooperación en Turquía, Libia, Egipto, Sudán, Níger, Mauritania y Malí, con el apoyo directo de la UE en su conjunto y también de los Estados miembros, en particular Francia, Italia, España y Alemania. El resultado de esta selección: regímenes estatales alentados a reprimir a la sociedad civil en general y una tendencia al aumento de la violencia y la represión de los refugiados. Los refugiados más vulnerables se vieron obligados a buscar otras rutas, a menudo más peligrosas, y a depender de traficantes cada vez más inescrupulosos que provocaron aún más víctimas en el Mediterráneo y en los desiertos del norte de África.

Por otra parte, el aumento de la financiación para el control de las fronteras ha sido muy beneficioso para las empresas de armas y seguridad, que invierten cada vez más en tecnologías de seguridad y vigilancia de las fronteras. Entre los principales ganadores de los contratos de seguridad fronteriza se encuentran el gigante francés de armamento Thales y la empresa europea Airbus, ambos grandes exportadores de armas de la región, los proveedores biométricos Veridos, OT Morpho y Gemalto, las empresas alemanas Hensoldt y Rheinmetall, las empresas italianas Leonardo e Intermarine y las empresas turcas de defensa Aselsan y Otokar. Varias empresas semipúblicas y organizaciones internacionales como Civipol en Francia, que ofrecen asesoramiento, formación y gestión de proyectos de seguridad fronteriza, también han aumentado sus ingresos.

El autor del informe, Mark Akkerman, dijo: «Esta investigación revela una política de interacción de la UE con la región más cercana a ella que ahora está casi obsesionada con el control de la migración, independientemente de los costes para el país o para las personas desplazadas por la fuerza. Es un concepto de seguridad limitado y fundamentalmente contraproducente porque no aborda las causas profundas que impulsan a las personas a emigrar y, al fortalecer directa o indirectamente las fuerzas militares y de seguridad en la región, se corre el riesgo de exacerbar la represión y alimentar los conflictos que conducirán a un número aún mayor de refugiados. Es hora de cambiar de rumbo. En lugar de externalizar fronteras y muros, deberíamos llevar la solidaridad real y el respeto de los derechos humanos más allá de las fronteras de Europa.

Traducido del italiano por María Cristina Sánchez