Erica Consterdine, University of Sussex for The Conversation

La política de inmigración en el mandato de Theresa May podría ser la más draconiana en la historia de Gran Bretaña. Nunca antes una administración ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en una política anti migración, y se trata de una que está fallando por todos los motivos.

Un sinnúmero de medidas restrictivas se han aplicado a casi todas las corrientes migratorias desde 2010, cuando el gobierno de coalición fijó un límite defectuoso de migración neta. Esto fue impulsado por un manifiesto conservador para reducir la inmigración anual de cientos de miles de personas a decenas de miles. Detrás de los cambios a las reglas de inmigración ha estado presente una política general para crear un “ambiente hostil”. Ahora el público está viendo las  implicaciones duras e inhumanas de esta política, está viendo cómo se niegan los derechos de la generación Windrush, que ayudó a reconstruir la Gran Bretaña de la posguerra.

La historia empieza en 2004, cuando el gobierno laborista permitió el libre acceso al mercado laboral del Reino Unido a los países de Europa del Este que acababan de unirse a la UE. Dado que las implicaciones de esto se confirmaron en la década del 2000, surgió una oportunidad política resolver de una vez los asuntos divididos de membresía e inmigración en la UE. Esa oportunidad fue captada por el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), que se posicionó como el partido que iba a acabar con la inmigración. Con el UKIP ganando terreno y una postura antiinmigración que se veía como el pase a la victoria, David Cameron, quien en una ocasión había sido socialmente liberal, se volvió cada vez más autoritario en tanto a políticas y discurso migratorio. Esto es lo que llevó al infame y defectuoso límite de migración neta.

Bajo la dirección de la entonces secretaria en la sombra Theresa May, todos los flujos de inmigración estaban restringidos de alguna manera. Se cerraron rutas altamente calificadas y se colocó un límite al número de visas de trabajo nivel 2 emitidas anualmente. Los criterios de elegibilidad aumentaron drásticamente. Los planes estacionales restantes y la reunificación familiar se hicieron más difíciles. Una gran cantidad de medidas adicionales como requisitos de idioma, umbrales de ingresos, recursos económicos, derechos laborales y el aumento de los requisitos de liquidación entraron en todas las corrientes de migración.

Pero resultó que reducir la inmigración no era tan simple como cerrar las puertas. Esto se debe en parte a que el Reino Unido no pudo restringir el movimiento de ciudadanos de la UE (lo que llevó referéndum de Cameron y el camino al Brexit). Pero también se debió en gran parte al hecho de que el mercado laboral en el Reino Unido depende estructuralmente de los migrantes. Entonces, para encajar las políticas restrictivas, May institucionalizó la noción de un ambiente hostil.

Ambiente hostil: externalización de los controles

La primera vez que May habló sobre crear un ambiente hostil fue en 2012, cuando se le cuestionó el por qué la inmigración neta anual, que en ese entonces era alrededor de 250,000 personas, no llegaba solamente a las decenas de miles que se habían prometido. Su respuesta fue: “El objetivo es crear, aquí en Gran Bretaña, un ambiente realmente hostil para los inmigrantes ilegales”. El objetivo general es y era hacer la vida lo más difícil posible para cualquier inmigrante irregular, o cualquier migrante que el Ministerio del Interior juzgara como potencialmente ilegal en lugar de la documentación correcta. Se les “alentaría” a irse voluntariamente.

La idea básica detrás de este ambiente hostil tiene dos componentes. Primero, la carga de la prueba cambió. Se suponía que cualquier persona que tuviera un pasaporte no británico había violado las normas de inmigración hasta que se demostrara lo contario. Deportar primero, apelar después. Segundo, sabiendo que los controles fronterizos son solo un elemento del control de inmigración, la política cambió a controles internos. Esto significaba que los migrantes debían demostrar su derecho a residir en todo momento. Cuando buscaban tratamiento médico, alquilaban una casa, solicitaban un permiso de conducir o conseguían un trabajo, se enfrentaban a controles de inmigración. El control de inmigración ahora se extiende más allá de la frontera.

Esto ha implicado la externalización de los controles de inmigración hacia actores privados y la dispersión del control de inmigración desde el Ministerio del Interior a través de Whitehall. Ambos procesos significan que el Ministerio del Interior puede llevar a cabo su política draconiana y al mismo tiempo responsabilizar a otros.

Si bien los controles de externalización no son nuevos, la Ley de 2014 llevó la práctica al límite. Significó que el sector público y los trabajadores privados, desde el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) hasta los arrendadores, con poca capacitación o conocimientos del sistema de inmigración, son quienes ahora se encargan del control de la misma.

Leyes de Inmigración

La política de ambiente hostil se tradujo en las leyes de inmigración de 2014 y 2016, que incluyeron un sinfín de medidas para impedir que las personas accedan al empleo, la atención médica, la vivienda, la educación, la banca y otros servicios básicos.

La ley de 2014 exige a los propietarios privados que verifiquen el estado migratorio de los inquilinos y los migrantes temporales para hacer contribuciones al NHS. Los bancos deben consultar una base de datos de delincuentes inmigrantes antes de abrir una cuenta bancaria. La Ley creó nuevos poderes para verificar el estado de inmigración de los solicitantes de licencias de conducir y para revocárselas a los que se hayan quedado demasiado, e hizo más fácil y rápido la eliminación de aquellos que no tienen derecho a residir.

Al extender el ambiente hostil, el gobierno buscó reenfocar los esfuerzos en el trabajo ilegal y dar más poder para hacer cumplir las leyes migratorias en la Ley de Inmigración de 2016. Esto introdujo nuevas sanciones para los trabajadores ilegales, evita que los inmigrantes irregulares tengan acceso a la vivienda, a las licencias de conducir y a las cuentas bancarias, e incluye nuevas medidas para facilitar la remoción de inmigrantes ilegales.

En ese momento surgieron preocupaciones acerca de la posibilidad de que dichas verificaciones de documentos condujeran a un comportamiento discriminatorio por parte de propietarios y otras personas. Tales preocupaciones se han corroborado con la Residential Landlords Association (Asociación de Propietarios Residenciales) al descubrir que, como resultado del “derecho de alquiler” de los inquilinos, el 42% de los propietarios está menos dispuesto a arrendar a cualquiera que no tenga un pasaporte británico.

Las políticas de inmigración a menudo tienen consecuencias que no se prevén; la migración manejada por Nuevo laborismo y las ramificaciones de esa política para el país es un ejemplo de ello. Cuando las consecuencias involuntarias son residentes británicos hostigados diariamente por el estado para probar su pertenencia, la obstrucción de la vida de las personas para trabajar y tener un hogar, la política no se ha vuelto hostil sino completamente autoritaria.

 

Erica Consterdine, investigadora postdoctoral en política y política de inmigración, Universidad de Sussex

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Leer el artículo original.

Traducido del inglés por Valeria Torres