Desprotección del derecho a la vivienda en España

13.03.2018 - Redacción Barcelona

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Desprotección del derecho a la vivienda en España
(Imagen de Pilar Paricio)

El Sindicato de inquilinos e inquilinas denuncia la falta de protección del derecho a la vivienda del Gobierno español con la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021.

El pasado viernes 9 de marzo, el Gobierno del Estado español presentó el “Plan de Vivienda 2018-21”. Desde el “Sindicat de Llogaters i Llogateres” queremos pronunciarnos sobre un Plan que, como todas las medidas procedentes del Gobierno central, tendrá un impacto decisivo en el campo de la vivienda, y particularmente en las condiciones de vida de inquilinas e inquilinos.

Lamentablemente, la valoración global del Plan es muy negativa. Aunque el Ministerio de Fomento lo ha titulado “Plan de Vivienda 2018-21”, hubiera sido más apropiado llamarlo: “Plan para hinchar la nueva Burbuja de Vivienda 2018-21”. Como es sabido, el Gobierno tiene todas las herramientas para garantizar unos alquileres justos: estableciendo contratos estables y regulando precios (como se hace con los medicamentos y otros bienes de primera necesidad). En lugar de eso, ha decidido echar gasolina al incendio.

Antes que nada, queremos resaltar el brutal recorte del gasto en vivienda (un 75% respecto a 2009). Con el nuevo plan, se destinará un vergonzante 0,03% del PIB, perpetuando a España en la cola de los países europeos en este ámbito (el Reino Unido, que se encuentra en una crisis habitacional menos grave, dedica un 1,41%). Un Plan de Vivienda infra-financiado es casi peor que un Plan de Vivienda inexistente: una pantomima con efectos perversos, tal y como detallamos a continuación.

La parte más reseñable del Plan son las ayudas para pagar el alquiler. Aunque estas ayudas llegarán a una pequeña parte de la población, perjudicarán a la mayoría: al no haber límites de ningún tipo, las ayudas harán que los precios sigan subiendo globalmente. En realidad, lo que pretende el Gobierno es asegurar la rentabilidad de fondos buitre, grandes propietarios y entidades bancarias; los mismos que se beneficiaron del rescate público tras la última gran crisis inmobiliaria. Con el plan, más familias de ingresos reducidos podrán (mal)pagar el alquiler de ese piso de la SAREB o de otras grandes inmobiliarias al que ahora no llegan, y las SOCIMIs podrán ofrecer los márgenes de beneficio que están prometiendo a sus inversores. En definitiva, se habla de “fomento del alquiler” cuando lo que se quiere es “fomentar que se haga negocio con el alquiler“. Se trata de que la propiedad pueda extraer más rentas, con una nueva transfusión de dinero público: subsidios que acabarán en manos de aquellos actores que están atentando sistemáticamente contra el derecho a la vivienda. Sin esta intervención, muchos grandes propietarios tendrían dificultades para cobrar los abusivos alquileres que están exigiendo.

Por otra parte, resulta especialmente sangrante la falta de interés por desarrollar un parque de vivienda pública, una modalidad que hoy sigue representando un 2% del parque total. La vivienda es un derecho fundamental como la sanidad o la educación, pero parece que aquí merece poco más que calderilla.

Finalmente, se dan ayudas a la compra. Aunque esas ayudas se limitan a municipios de menos de 5.000 habitantes, la decisión está en sintonía con otras que van orientadas a reactivar el endeudamiento hipotecario, cuyas consecuencias seguimos sufriendo. Hoja de ruta similar a la que precedió al gran crash de 2007-08: precarizar el alquiler para que la hipoteca parezca la única alternativa.

De un Gobierno al que le gusta definirse como “constitucionalista”, cabría esperar que obedeciera (aunque sea mínimamente) al artículo 47 de la Constitución: ese que dice que los poderes públicos garantizarán el derecho a la vivienda e impedirán la especulación. Este plan, sumado a las reformas legislativas de los últimos años (ley 16/2012, por la que se dieron privilegios fiscales a las SOCIMIs; ley 4/2013 que terminó de desproteger a quienes vivimos de alquiler), tendrá el efecto contrario.

Categorías: Comunicados de Prensa, Derechos Humanos
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