Por Pía Figueroa*
SANTIAGO (IDN) – Hoy día tenemos restricción vehicular en Santiago, porque estamos tratando de bajar los niveles de contaminación de la atmósfera de la ciudad, de modo que me fui en Metro al centro. Al salir, me encontré en medio de la manifestación de los estudiantes universitarios. Se me había olvidado que es jueves.
Desde el 2011, los estudiantes chilenos vienen clamando por una educación gratuita y de buena calidad. No sólo ellos, también sus padres y apoderados reclaman por lo mismo, cansados como están de pagar una escolaridad carísima, sin duda la más cara de todo Latinoamérica, que sólo pueden costear con enormes deudas.
Además de ellos, los profesores año a año han dejado de enseñar para tomar su lugar junto a los estudiantes en las protestas callejeras, orientadas a redefinir adecuadamente la carrera docente. Así, prácticamente cada jueves, durante estos años nos encontramos con las calles del centro tomadas por el movimiento estudiantil, que casi siempre es reprimido por los carros lanza-agua y los gases lacrimógenos de los carabineros, terminando por supuesto en lamentables incidentes.
Sin lograr dialogar adecuadamente como para satisfacer a la ciudadanía, el gobierno actual ha ido promulgando diversas leyes consideradas partes de una importante reforma a la educación, una de las históricas transformaciones que Michelle Bachelet quiere dejar como legado, junto con la reforma tributaria, la reforma al sistema de pensiones, la reforma electoral y aquellas que hacen a los derechos de las personas, como la unión civil y el derecho al aborto.
Visto desde lejos, parece un paquete importante de medidas significativas. Son propuestas legislativas que buscan cambiar los cimientos de la educación, la economía y la política chilena, dejando atrás el viejo sistema que rige desde la era de Augusto Pinochet. Las demás iniciativas impulsan cambios sociales, que pretenden modernizar a uno de los países más conservadores de la región.
Sin embargo, tal vez por el estilo y la forma de gobernar, que ha prestado oídos sordos al constante reclamo de la gente y simplemente ha confeccionado algunas de las propuestas entre cuatro paredes, cada una de estas reformas no ha ido dejando en la población el sentimiento de acuerdo, de avance, de futuro mejor, sino por el contrario, ha reducido cada vez más el nivel de aprobación popular al gabinete y a su Presidenta, que cuenta hoy en día con el más bajo índice de aprobación que un gobierno chileno haya tenido.
La reforma impositiva que propuso Bachelet -y que fue promulgada en septiembre de 2014- tenía como objetivo principal financiar los cambios en el sistema educativo. Buscaba aumentar la recaudación fiscal en tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en estos años y hasta el 2018, lo que equivaldría a unos US$8.300 millones (de los cuales unos US$5.000 millones serían destinados a la educación).
Sin embargo la economía se ha visto frenada y el impulso ha sido menor, aún cuando se han aumentado los impuestos a las empresas y se ha reducido la tasa gravable para las personas físicas, se han creado impuestos adicionales a los alcoholes, las bebidas azucaradas y las emisiones contaminantes de vehículos, además de mecanismos de lucha contra la evasión.
Este año 2016 el país irá a las urnas a fines de octubre, para elegir a sus nuevos Concejales y Alcaldes, midiendo la fuerza de cada colectividad política y aprestándose para el 2017, fecha en la que se celebrarán las primeras elecciones parlamentarias regidas por la reforma electoral, que contempla el aumento del número de diputados de 120 a 155, mientras que los senadores pasarán de 38 a ser 50.
También establece que al menos el 40% de los candidatos deben ser mujeres, apuntando a una mayor paridad de género en los cargos de elección popular. Tal vez estas modificaciones puedan abrir espacio a las agrupaciones políticas jóvenes, a las fuerzas extra-parlamentarias que hasta ahora no han podido hacerse oír en el Parlamento, regido como ha estado por las normas que fueran diseñadas en tiempos de Dictadura.
Todos los enclaves legislativos que Chile mantiene desde épocas oscuras, han tenido que enfrentar al conservadurismo cultural para ser removidos. Así, recién en 1999 se logró abolir una normativa que castigaba a los homosexuales y en el 2015 se aprobaron las uniones civiles entre parejas de un mismo sexo.
Si embargo el llamado Acuerdo de Unión Civil (AUC) deja a Chile lejos de sus vecinos Argentina y Uruguay en materia de derechos, ya que ambos lograron hace algunos años el matrimonio igualitario. El AUC permite a las parejas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones, y compartir el beneficio del sistema de salud, pero no contempla el derecho a adopción.
Entre los derechos civiles, se ha repuesto recién desde este año el aborto, pero solamente por tres causales: riesgo de vida de la madre, violación o inviabilidad fetal. Es un paso, si se considera que Chile era uno de los pocos países del mundo donde el aborto estaba prohibido en cualquier circunstancia y era considerado un tema tabú, pero dista de ser lo que los movimientos de mujeres reclaman, es decir, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
Se dirá entonces que con todas estas reformas se va avanzando hacia las Metas del Desarrollo Sustentable, y tal vez sea así. De hecho, se diversifica la matriz energética en pos de fuentes de producción limpia (solar, eólica, geotérmica, pequeñas centrales de paso, etc) y también se avanza en eficiencia energética. Se potencia la innovación, la desalinización del agua de mar, el uso eficiente de recursos naturales, se combate la desertificación y el cambio climático, con una clara conciencia ecológica creciente. Se protege la fauna y la flora. Pero todo ello no basta.
A los chilenos hoy nos obsesionan los cambios sociales y queremos terminar este período con una transformación significativa en el sistema educacional, que entendemos es la base para aspirar a una sociedad más igualitaria. Con una carrera docente que esté de acuerdo con las demandas de los profesores y que no sea la que el Ministerio les ha impuesto sin querer escucharlos, encasillando al profesorado arbitrariamente.
Por eso los profesores siguen organizando sus jornadas de protesta nacional en contra de la nueva carrera docente y tocan las campanas y timbres de todas las escuelas del país, en señal de reclamo masivo.
Queremos un país que termine con las desigualdades sociales y con el malestar que ello genera en todos los estratos. Recordemos que a finales de noviembre 2015, la OCDE presentó el Estudio Económico de Chile 2015 incluyendo su último informe sobre distribución del ingreso, donde nuestro país lideraba el ranking de los más desiguales con un índice de Gini de 0,503 entre el periodo 2006 al 2011, compartiendo los últimos puestos con Turquía y México.
En la otra vereda encontrábamos a Finlandia, Dinamarca y Noruega, quienes presentan un índice de Gini de 0,261, siendo los países con menor desigualdad dentro de la OCDE. En ese estudio, se señalaba que el crecimiento económico en Chile debía ser más inclusivo, porque actualmente el 10% más rico gana 26,5 más que el 10% más pobre, superando en más de un 100% el promedio de los países en la organización internacional.
Son estas diferencias las que resultan intolerables y cuando la gente sale, como cada jueves, a manifestarse en contra del sistema educacional o del sistema de pensiones, lo que de fondo está pidiendo, es un país inclusivo, más justo, donde todos tengan oportunidad de desarrollarse y en el que el progreso beneficie a todos.
* Co-Directora de Pressenza International Press Agency, humanista de larga trayectoria, autora de varias monografías y libros.
