La ONG denuncia que Hungría golpea y trata de forma «cruel» a los migrantes y refugiados que intentan cruzar su frontera, a quienes devuelve a Serbia.

El 5 de julio entró en vigor una reforma de la Ley de Extranjería que permite devolver en caliente a quienes entren ilegalmente en el país y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros.

«Nos ataron las manos con esposas de plástico y nos pegaron puñetazos, patadas y con porras. Luego nos expulsaron de nuevo a Serbia», dice un joven afgano.

Por Desalambre y EFE

La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia este miércoles que las autoridades húngaras maltratan de forma «cruel» y «violenta» a los refugiados, a quienes obligan a volver al otro lado de las vallas fronterizas o al país del que vienen, generalmente Serbia. 

«Personas que han entrado en Hungría de forma ilegal, entre ellas mujeres y menores, fueron brutalmente golpeadas y obligadas a cruzar la frontera con Serbia», señala Lydia Gall, investigadora de HRW sobre los Balcanes y Europa del Este,  en este comunicado.

En septiembre del año pasado Hungría, tras sellar en septiembre sus fronteras del sur con vallas para detener el flujo de las llegadas. La semana pasada conocíamos la entrada en vigor de una reforma de la Ley de Extranjería que legalizó las devoluciones en caliente de migrantes y refugiados.

Con ella, se permite a la Policía y al Ejército «acompañar» a quienes entren «ilegalmente» en el país y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros del territorio, al otro lado de las alambradas elevadas por Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia.

Las primeras devoluciones ya han comenzado.  Al otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos. Según denuncia el comunicado de HRW, estos procedimientos son a menudo «violentos y no se consideran las necesidades de protección de los refugiados».

Puñetazos y patadas antes de devolverles en caliente

El comunicado recoge el testimonio de varios refugiados que aseguran haber sufrido golpes y malos tratos por parte de las autoridades húngaras en su intento por cruzar la frontera. «Nunca he visto una pelea similar, ni siquiera en las películas. Cinco o seis soldados nos cogieron uno por uno para golpearnos, nos ataron las manos con esposas de plástico y nos pegaron con todo: puñetazos, y patadas incluso con porras. Luego nos expulsaron de nuevo a Serbia», clama un migrante.  

Ali, un joven afgano de 20 años, denuncia que le devolvieron a Serbia después de hacerle pasar 33 días entre fronteras, en tierra de nadie, y otros 13 días ya dentro de Hungría. «La policía no me preguntó nada, solo mi nombre, y me hicieron firmar 19 papeles. Yo no hablé con ninguno después de eso. Después de 13 días volvieron y me dijeron que el juez había dicho que me tenían que expulsar, así que me dieron cinco minutos para marcharme,  junto con varios papeles que no podía leer», explica a la ONG. 

«Los ministerios del Interior y de Defensa deben investigar estos casos», asegura HRW, que el pasado 13 de junio escribió a la Oficina de Inmigración y a los ministerios sobre la situación sin que hasta el momento haya recibido respuesta alguna.

Una consulta para «parar a la UE»

El próximo 2 de octubre los ciudadanos del país centroeuropeo decidirán en un referéndum si se oponen o no al reparto de refugiados por cuotas establecido por la UE.

El primer ministro de Exteriores húngaro dijo que « los húngaros contarán con la posibilidad de parar a Bruselas, ya que sus políticas de inmigración son contrarias a los intereses de Hungría».

El Ejecutivo mantiene la esperanza de que gane el «no», ya que Budapest se opone a esa norma propuesta por Bruselas, al igual que otros países centroeuropeos que consideran erróneas las políticas de la Comisión Europea frente a la crisis de refugiados.

En manos de sus ciudadanos queda la decisión de si Hungría seguirá o no adelante con el proceso de deportaciones y devoluciones a Serbia, un país que ha sido reiteradamente criticado por diferentes organizaciones de derechos humanos por considerar que «no es seguro porque los derechos de los solicitantes de asilo no están protegidos conforme a la Convención sobre los Refugiados», como especifica HRW.

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