El Senado de Brasil ha votado este jueves el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, y la ha apartado del cargo por un periodo de seis meses, tiempo máximo que durará su enjuiciamiento.

La votación, realizada este jueves después de un debate prolongado de casi 20 horas y media, se dio con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado), lo que muestra que la mayoría del Senado es favorable al proceso.

«Es desproporcionado, es como si quisiéramos penalizar con pena de muerte una infracción de tránsito», ha lamentado la exjefa de gabinete de Rousseff, Gleisi Hoffmann.

Una vez suspendida, Dilma Rousseff, será reemplazada de manera automática por su vicepresidente Michel Temer, de 75 años, quien fue acusado por la misma mandataria de ser el “jefe de la conspiración” y cooperar con la oposición para dar un “golpe de Estado contra la democracia” en Brasil.

De este modo, el proceso contra Rousseff se inicia a partir del corriente mes y si se la considera inocente, la presidenta podrá retomar sus cargos con pleno derecho.

De declararse culpable, Rousseff será sustituida hasta el fin de su mandato en 2018 por Temer, contra quien el Supremo Tribunal de Brasil pidió también un proceso de enjuiciamiento político (impeachment).

Antes de la ceremonia de votación, varios representantes que estaban en contra del proceso, denunciaron el acto “golpista” de la oposición brasileña contra la mandataria legítima.

El impeachment «quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima (…) Hay un golpe con derecho a la defensa», indicó un abogado defensor de Rousseff, José Eduardo Cardozo.

«El Senado está escribiendo una de las páginas más tristes de sus 190 años (…) El trámite del Senado era una mano con las cartas marcadas», dijo por su parte Jorge Viana, el vicepresidente de la Cámara alta, del Partido de los Trabajadores (PT).

No obstante, los representantes opositores, por su parte, aprovecharon no sólo para justificar el actual proceso contra Rousseff, sino también para cuestionar toda la herencia del PT.

El excandidato presidencial Aecio Neves, también con investigaciones pendientes, calificó el hecho de una «irresponsabilidad fiscal» propia de «gobiernos populistas».

Cabe mencionar que la mandataria ha sido acusada por la oposición de unas “maniobras irregulares para maquillar” los resultados del Gobierno en 2014 y 2015. Sin embargo, ella ha cuestionado en varias ocasiones la legalidad del juicio político en su contra e insiste en que el impeachment (proceso de destitución) carece de toda base legal.

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