La vorágine política y social en la que nos hemos acostumbrado a vivir en la Argentina hace que perdamos de vista algunas cosas. Tanta discusión sobre las candidaturas, la continuidad, las roscas y los descarrilamientos, con un fiscal argentino que trabajaba para los servicios extranjeros muerto como telón de fondo, obnubiló el trabajo que viene realizando Daniel Gollán, todavía flamante Ministro de Salud de la Nación.

Pueden estar seguros que su labor no va a salir en la prensa o los canales de aire, porque los medios de comunicación llevan muchos años cooptados por el complejo farmacéutico y no tienen interés en reproducir declaraciones, datos y perspectivas que delaten sus maquinaciones para maximizar beneficios sin importar las consecuencias.

Instituto de Salud de Unasur

El año pasado entrevisté al Secretario General de UNASUR y fue allí que escuché hablar por primera vez del trabajo mancomunado entre los diferentes ministerios de salud del continente para generar laboratorios públicos que permitieran tener todos los medicamentos genéricos necesarios y que permitirían reducir los costos sanitarios cientos de veces. La integración y la soberanía se estaban gestando también desde el lado de la salud. No solamente en la réplica de experiencias exitosas o en el intercambio de profesionales entre países, sino en la confección de políticas de largo plazo y que tenían como basamento profundo crear una soberanía local, romper con la dependencia de las grandes potencias, quienes detentan el monopolio de las patentes.

El paso de Gollán de Viceministro a Ministro, cuando Juan Manzur volvió a Tucumán para buscar fortalecer la continuidad del Frente Para la Victoria en la provincia, abrió algunas compuertas que parecían cerradas.

Negocio de las farmacéuticas

Las primeras señales, entonces, tienen que ver con los genéricos y el combate frontal con los grandes laboratorios y las tasas de ganancias exponenciales que manejan. En una reciente entrevista para El Destape web, Daniel Gollán le dijo a Iván Schargrodsky: “Acaba de ser reglamentada la ley de agencias y en los próximos días va a estar poniéndose en marcha la agencia nacional de producción pública de medicamentos que va a aglutinar en su consejo ejecutivo a todos los laboratorios de producción y a algunos incluso que hacen investigación y producción”. Es una manera de combatir el lobby ejercido por los grandes laboratorios que terminan siendo quienes financian los grandes organismos internacionales de la salud, con lo cual todo su trabajo está condicionado, explica el ministro, que hace poco denunció en la OMS estos mecanismos.

Pero también denuncia el funcionamiento en el propio país donde los colegios de profesionales no buscan avanzar en el cumplimiento de la ley, sino que “están abocados a realizar una defensa corporativa” y no favorecen la utilización de genéricos.

Las prepagas incumplen

Esta crítica al funcionamiento local de la salud incluyó el servicio prestado por las prepagas y las pujas permanentes para evitar que aumenten sus tarifas. Criticó la concentración ejercida por 5 empresas y que finalmente sin el sector público, la prestación de las prepagas sería totalmente deficiente. Sirva como ejemplo que cada año se dan 335.000 partos de abonados a obras sociales en los hospitales públicos, porque el prestador privado no prestó el servicio en el momento que era necesario.

Campaña contra agrotóxicos

Otro cambio significativo ha sido la difusión de informes y contingencias derivadas de la explotación agroindustrial. Desde la evidente generada por los plaguicidas y fertilizantes industriales tóxicos, que a través de las fumigaciones generan alteraciones brutales en las comunidades que sufren estas realidades, sino también derivados del consumo animal o de derivados tratados con un exceso de medicamentos o productos químicos.

En el caso de las fumigaciones con el glifosato como buque insignia de la contaminación, aunque no el único, se debe comenzar por perseguir las causas que derivan en los tratamientos médicos, pero para acompañar esas políticas públicas para el cumplimiento de las leyes es necesario generar también conciencia social. Es bueno recordar el proyecto, aún no sancionado, de la senadora Julia Perié para prohibir por ley las fumigaciones que puedan ocasionar daños a los seres humanos.

En el caso de la alimentación debe reunirse el trabajo del ministerio de Salud con el de Agricultura, donde el ministro Carlos Casamiquela, que también le ha cambiado la cara a esta cartera. Uno de los ejes donde se está trabajando es en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. El día lunes 22 de junio ambos ministros han firmado una resolución conjunta que pondrá en marcha una Estrategia Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, que garantiza un uso razonable de estos medicamentos esenciales para personas y animales.

La enumeración de todos los avances, logros y propuestas puede resultar muy ardua, como también las cuentas pendientes, los errores, los atrasos. Pero había algo que no quería dejar pasar y que me parece que no ha tenido una verdadera difusión.

Aborto legal

El movimiento provida está poniendo el grito en el cielo, desde que en abril Adriana Álvarez puso en marcha con el visto bueno del ministro y de la Presidenta de la Nación el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Si bien no se trata de un cambio en el Código Penal, que en el artículo 86 admite el aborto en casos de violación o el embarazo significa un peligro para la salud o la vida de la madre, Amnistía Internacional ha felicitado tanto a Gollán, como a Álvarez, al considerar que este nuevo protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo es “un paso a favor de los derechos de las mujeres”.

“Sin duda es un gesto positivo de las autoridades. Ahora esperamos que el gobierno garantice en la práctica que cada niña, adolescente o mujer pueda acceder al aborto legal en cualquier parte del país, sin trabas arbitrarias e ilegales. Negar el acceso al aborto en los casos de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer es una violación a los derechos humanos de las mujeres”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La organización valoró particularmente que la guía haya establecido que la interrupción voluntaria del embarazo “se encuentra enmarcada en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, e implica el acceso a una atención integral de calidad que asegura el respeto por la intimidad y la autonomía, el flujo de información clara y veraz y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada”.

Los obispos ya han emitido un comunicado oponiéndose a este progreso, que es oponerse también al fallo de la Corte Suprema que permitió confeccionar las adaptaciones a esta guía de funcionamiento sanitario para respetar los derechos de todas las mujeres que tuvieran necesidad de realizar una interrupción del embarazo. Justamente lo que critican desde la Iglesia serían algunos de los detalles que podrían destacarse como avances sociales: la no exigencia de presentar denuncias judiciales de las violaciones sufridas, la no exigencia de autorización parental de las mayores de 14 años, la consideración de riesgo para la salud de la futura madre de la autoestima y varios puntos que deberían simplificar el acceso al uso de fármacos o intervenciones médicas.

Este cronista se suma a las dudas de Amnistía, puesto que la aplicación de este protocolo quedará en manos del personal sanitario y sabemos lo difícil que es hacer valer ciertos derechos en determinadas circunstancias. Lo fundamental es que las mujeres sigan emporándose y comprendan profundamente cuáles son las obligaciones médicas y los límites del propio criterio médico. Una nueva etapa se abre y ratifica el acompañamiento ministerial de uno de los reclamos fundamentales de los movimientos feministas.