Por Paulo Emanuel Lopes.-

Rafael Custodio es abogado especialista en Derecho Penal. Desde hace dos años y medio actúa como coordinador del Programa de Justicia de Conectas, enfrentando problemas relacionados con la justicia criminal y con el sistema penitenciario. Participa también del Consejo de la Comunidad de San Pablo, órgano que ayuda en la ejecución penal, compuesto por la sociedad civil, con el objetivo de entrar en los presidios, hacer informes de inspección y denuncias, entre otras cosas.

En esta entrevista concedida a Adital, Custodio evalúa el cuadro de represión a las manifestaciones en Brasil, un intento de intimidar a los movimientos reivindicatorios. Cuestiona la cobertura dada por los llamados «grandes medios de comunicación” a las manifestaciones callejeras, y presenta un resumen de las principales iniciativas legislativas que pretenden desestimular la práctica democrática de las protestas en Brasil.

«Si pensamos, por ejemplo, en los sindicatos, en los años 1980, o en el movimiento por la reforma agraria, en los años 1990 y 2000, o incluso en otros movimientos, como el de los estudiantes, tradicionalmente, el poder público brasilero viene enfrentando [las manifestaciones reivindicatorias] sólo de una manera, con la justicia, la represión criminal.”

Adital: Háblenos un poco sobre las detenciones de manifestantes que vimos en estas últimas semanas… ¿Cómo se dio este cuadro represivo?

Rafael Custodio: Antes que nada, necesitamos volver en el tiempo para contextualizar lo que viene ocurriendo en Río de Janeiro. Así, es fácil concluir que ya hay en Brasil un proceso histórico de criminalización de los movimientos sociales, de movimientos reivindicatorios. Si pensamos, por ejemplo, en los sindicatos en los años 1980, o en el movimiento por la reforma agraria, en los años 1990 y 2000, o inclusive en otros movimientos, como el de los estudiantes, tradicionalmente, el poder público brasilero viene enfrentándolos sólo de una manera, con la justicia, la represión criminal. Ahora, es claro que, con aquellas inmensas manifestaciones de 2013, que fueron algo fuera del patrón, no es que no hubiera manifestaciones antes en Brasil, pero nunca en tal proporción, con tanta gente en la calle al mismo tiempo en varias partes del país… Entiendo que, en un primer momento, el Estado se quedó un poco acorralado, sin entender bien lo que estaba ocurriendo, quiénes eran esas personas que estaban en la calle. Y la policía mostró que no sabía tratarlo, no está en absoluto preparada para lidiar con el derecho a la manifestación. Después de ese primer momento, hay una respuesta muy fuerte del poder público en varias esferas, en el sentido de reprimir a esos movimientos. En el Poder Legislativo, por ejemplo, tenemos proyectos de ley que estaban en el Congreso desde hace mucho tiempo y comenzaron a andar muy rápido, otros que fueron presentados ahora, como el que tipifica el delito de vandalismo, que no existía aún en Brasil. Aquí en San Pablo, la Asamblea aprobó aquel PL sobre el uso de máscaras. En Río de Janeiro, también aprobaron un proyecto que prohibía el uso de máscaras en las manifestaciones… El municipio de Porto Alegre [Estado de Río Grande do Sul] también tiene esa prohibición en el contexto de las manifestaciones. Así, el Poder Legislativo está actuando como puede, creando leyes para criminalizar. El Poder Judicial, tradicionalmente un poder distante de la población, poco sensible a las cuestiones sociales, reacciona como sabe hacerlo: cuando llega la demanda, ordena detener, ordena buscar y aprehender, quiebra el secreto telefónico de los abogados, lo que ocurrió en Río de Janeiro, es gravísimo… Y el Poder Ejecutivo, a través de sus policías, yendo a las calles y deteniendo, golpeando a la gente, usando una violencia desproporcionada… Todo este escenario contextualiza lo que está ocurriendo en Río de Janeiro, que es también un caso especial; están aquellas obras de la Copa del Mundo, de las Olimpíadas, una discusión muy fuerte sobre el uso del territorio, la cuestión de las UPPs y la militarización del espacio, endureciendo la disputa entre los movimientos sociales y los gobiernos de Río de Janeiro.

Por lo que supimos [en relación con las detenciones en Río de Janeiro], parece un poco una obra de ficción, porque hay abogados que están siendo investigados por ser abogados de manifestantes. A uno de los directores del IDDH [Instituto de Defensores de Derechos Humanos] se le quebró el secreto telefónico. Una de las abogadas tiene orden de detención, aquélla que tuvo que pedir asilo en el consulado, la OAB [Orden de los Abogados de Brasil] ya reaccionó… Esto por si sólo ya es muy grave, ver al poder público confundiendo los papeles. Ahora, si ellos están haciendo eso con un abogado, que ejerce un trabajo, imagine lo que hacen con quien no lo es. Pero no es sólo esto, hay una investigación realizada aparentemente en secreto, las personas no sabían que estaban siendo investigadas –lo que ya es un problema, violar el principio de la amplia defensa-, es un proceso montado para alcanzar un determinado fin, o sea, no es que la investigación lleve a ese resultado, pero muchas veces se montó para llegar a ese denominador común. Ahora, tenemos información de que son dos testigos que se pelearon con la organización de los movimientos, que tuvieron problemas personales con algunos manifestantes, incluso de relación amorosa, ellas tendrían motivos para ser escuchados, como mínimo, con salvedades… El Tribunal de Justicia lo soltó, a través de un habeas corpus, pero la cosa es mucho más grave que la detención en sí, es un escenario muy malo para un país en desarrollo, para un país que todavía tiene mucho por hacer para su población, y los movimientos sociales tienen un papel muy importante en este proceso, hacen que la democracia sea mucho más dinámica. Y la respuesta que hay del Estado es totalmente represora, digna de sistemas autoritarios.

Aquí en São Paulo, hay un proceso que llamamos «proceso Black bloc”, que investiga a varios movimientos, en el que no hubo detenciones, pero que también es una investigación absurda. Y hay relatos: Porto Alegre, Fortaleza [Estado de Ceará], Belo Horizonte [Minas Gerais]… Tal vez, nuestras instituciones públicas no estén lo suficientemente maduras como para tratar este tipo de cosas. El problema es que ellas se cierren todavía más, adopten una ideología que no es lo que esperamos en un Estado de Derecho.

Adital: ¿Usted cree que hay «intereses difusos” por detrás de esas investigaciones?

Rafael Custodio: Creo que sí. En San Pablo, por ejemplo, percibimos en los últimos meses, principalmente en la víspera de la Copa del Mundo, una articulación política entre el Poder Ejecutivo estadual, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el gobierno federal también. Aparentemente, había un acuerdo entre esas instancias de que algo habría que hacer… Es peligroso lo que está ocurriendo, es peligroso que la gente vaya a las calles, tenemos un gran evento, la prensa internacional va a estar ahí… En un breve lapso de tiempo, esos poderes hicieron acciones con este denominador común: represión, y siempre avalados por autoridades del gobierno federal, principalmente el ministro de Justicia; lo que es extraño es esa sintonía entre esos diferentes actores. En Río de Janeiro, esto se evidenció ahora, cuando se produjo la primera detención temporaria, que salió a las 6h, 7h de la noche, en unos 40 minutos el Ministro de la Justicia ya estaba declarando que las detenciones eran legales, lo que es muy preocupante. Si yo estoy politizando a la policía, al Poder Judicial, uno viola ese equilibrio de los poderes, y la sociedad civil se siente muy sola.

En San Pablo se ve eso, las manifestaciones con un número mucho menor de personas, y existe la idea de que la gente tiene un poco de miedo de ir a las calles. Tiene miedo de recibir una bala de goma en la cara, perder un ojo, ser detenido por nada… Si usted ve a alguien sufriendo violencia, ¿va a querer intervenir? De repente, usted aparece en una investigación policial porque participó de una manifestación… Eso es algo mayor que lo normal y concreto, señal para la gente de que es mejor quedarse en casa. ¿A quién le interesa que la gente tenga miedo de protestar?

En junio del año pasado, hubo algo interesante, la gente entendió que ir a las calles es parte del ejercicio de la ciudadanía, que participar en una democracia no es sólo votar cada cuatro años. Ahora, aquí en San Pablo, existe esa sensación un poco contraria, que es peligroso ir. La gente va, pero se queda en el teléfono: «mira, cuidado, ¿está todo bien? La policía…”, y la gente acaba naturalizándolo, lo que es muy malo. ¿Miedo a la policía? ¡La gente no puede tener miedo a la policía! Y vea que estamos hablando de manifestaciones en la Avenida Paulista, a plena luz del día, una clase social media privilegiada… Si vemos todo esto con ese grupo de personas pasemos a imaginar como será en la periferia, durante la madrugada, un grupo de personas que, si ocurre algo, no tiene como denunciar, no sabe cómo pronunciarse adecuadamente. No es sin fundamento que los índices de letalidad de la policía son tan altos en Brasil.

Adital: Custodio, en relación con esos PLs [Proyectos de Ley] que vimos, ¿ustedes pretenden ingresar algún pedido de inconstitucionalidad?

Rafael Custodio: Nosotros [Conectas] actuamos mucho más ante el Congreso Nacional, un proyecto de acompañamiento y monitoreo de PLs… Hicimos una intervención muy fuerte en ese proyecto que crea el delito de vandalismo. Originalmente, era un PL que creaba el delito de terrorismo, existe esa discusión de que Brasil debería tipificar esa conducta, pero hubo un cambio. El senador Pedro Taques (PDT-Mato Grosso) vio que allí había falta de debate, entonces propuso olvidar el terrorismo y crear el «vandalismo”. Nosotros en Conectas elaboramos un parecer técnico con otras entidades de derechos humanos y lo llevamos a Brasilia, lo presentamos a la CCJ [Comisión de Constitución y Justicia], y logramos, por lo menos hasta ahora, dar un sabor ‘dulce’ a la discusión. Ellos se dieron cuenta que no es unánime, se sintieron un poco presionados, y el PL no avanzó. Nuestro argumento es que todas las conductas posibles que una persona puede tener, en la actualidad, ya están tipificadas en el Código Penal. ¡El problema no es la falta de leyes! Actualmente, ése es el PL que más preocupa en Brasilia.

Adital: Hasta por la dificultad de definir qué es el vandalismo…

Rafael Custodio: Ése es otro punto, porque es un concepto un poco subjetivo, no está muy definido. Ellos intentan importar el concepto de otros países. Otra cuestión es la proporcionalidad de las penas. Para el vandalismo con muerte, por ejemplo, en el PL, la pena llega hasta cuatro veces la pena del homicidio simple… Y trabajamos con ese punto de vista, que el Estado puede dar otras respuestas, que no sean sólo el Derecho Penal, el cual debería ser la última instancia. Ese PL tiene pocas chances de entrar en pauta este año, ahora el Congreso entra en receso… Pero va a volver, tal vez el año que viene.

Ese PL, aquí en San Pablo [sobre el uso de máscaras], lo estudiamos para ver si lográbamos hacer alguna intervención, pero no había más tiempo. Va a ir al [gobernador Geraldo] Alckmin [para su sanción], ahora en agosto. La idea es hacer un tipo de petitorio, alguna presión para ver si logramos, por lo menos, aumentar el costo político si él lo sanciona, pero no tenemos esperanza de que esa presión surta algún efecto, porque la sensación que tenemos es que la población apoya esa idea, ‘ah, el tipo está enmascarado, entonces él quiere hacer algo ilegal’. La idea es, que si lo aprueba, ingresar con una ADIN [Acción Directa de Inconstitucionalidad]. Además de la cuestión del derecho a la expresión, también hay una cuestión de incompetencia, pues el Estado de San Pablo no podría reglamentar ese derecho constitucional.

Adital: ¿Cómo analiza la cobertura de la prensa de esos episodios?

Rafael Custodio: Impresionante… La prensa viene pegando muy fuerte. Lo que vemos es la exposición de una verdad única, de un único lado de la historia. En realidad, no se trata sólo de mala fe de las personas que crean aquello que se transmite, sino que también falta mucha información sobre el tema justicia, sobre cómo las leyes defienden el derecho de manifestación. Así como tampoco podemos afirmar que se trata de mala intención la actitud de la prensa, pero sí que ella [la prensa] tiene la tendencia de presumir como verdadera y justa la actitud de las autoridades. Así, si un juez toma una decisión, si un policía detiene, se supone que se trata de una acción justa, lo que, junto con la falta de información, que acabé de comentar, legitima una actitud que se trata, en realidad, de ilegítima.

Así, nosotros en Conectas intentamos producir nuestro propio contenido. Usted ve cómo era hace 10 años atrás y cómo es hoy, con Internet. Los medios de comunicación alternativos, entonces ahí entran ustedes, la voz de Adital, tienen un papel importantísimo al mostrar el otro lado, nada interesante para los dueños de periódicos, lado éste que, en otros tiempos, no teníamos ni la oportunidad de conocer.

En San Pablo, por ejemplo, tuvimos una gran manifestación hace pocos días. Miles de personas protestaron, pacíficamente, por más de cuatro horas, y fue un grupo pequeño de 20, 30 personas, que obtuvo los titulares nacionales por depredar una concesionaria. Los medios de comunicación parecen, de esta manera, querer montar un «personaje-manifestante”, un perfil de alguien interesado solamente en el vandalismo, no pautando las reivindicaciones que están siendo planteadas por los movimientos sociales.

Por otro lado, fue exactamente la prensa la que ayudó a divulgar las imágenes de agresiones por parte de la policía contra los manifestantes; ella, además, también es víctima de los policías. Ése fue un lado positivo de la cobertura mediática: nunca como antes se habló tanto de la desmilitarización de la policía que, lamentablemente, no logró todavía su tramitación definitiva hacia la democracia.

Adital: ¿Qué aprendimos con la Copa y qué podremos sacar como ejemplo para las Olimpíadas?

Rafael Custodio: Por lo que he dicho, no creo que vaya a permanecer este clima de protestas. La Copa fue un evento nacional, involucró a 12 ciudades, entonces muchos brasileros fueron impactados, se involucraron de alguna forma, fueron obligados a pensar como ciudadanos. Las Olimpíadas serán un evento más regional, un contexto específico.

Hubo una desarticulación de los movimientos organizados durante la Copa, por lo que observo de algunos comités. De cualquier forma, nosotros tendremos la responsabilidad de mantener el clima de reivindicaciones. Se creó el Comité Popular contra el Estado de Excepción, que es un intento de mantener la pauta de reivindicaciones, de continuar la lucha. Si se desarticuló o no, tenemos que entender que es muy importante lo que viene ocurriendo. El poder público se acostumbró a actuar sin apertura, y ahora entiende que no es posible actuar de esa forma. Ellos pueden estar intentando, de todas las maneras, impedir la organización de los movimientos sociales, pero ciertamente una lección se viene aprendiendo, que no son ellos los únicos actores políticos. Tal vez ése sea el principal legado de la Copa: el diálogo. Sobre la reforma de la policía, por ejemplo. Las imágenes de las agresiones recorrieron el mundo. Ahora conseguimos, por lo menos, poner este asunto en discusión.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com