Libertad de tránsito. Ésta es la demanda central de cientos de hombres y mujeres migrantes de varios países que todos los días intentan pasar por México en dirección a Estados Unidos. Sufren violencia y persecuciones tanto por parte de criminales como de agentes del Estado mexicano. También quieren seguridad, respeto y el fin de la represión a los defensores y defensoras de derechos humanos que actúan en la causa migrante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya llegó a manifestar su preocupación por la situación enfrentada por los migrantes que intentan pasar por el país.
El artículo 7º de la Ley de Migración de México establece que «el libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo”; la legislación también asegura que «ninguna persona será intimada a comprobar su nacionalidad y su situación migratoria en el territorio nacional”. De manera semejante, el artículo 11 de la Constitución Política de México garantiza que toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y cambiar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otros requisitos semejantes. Sin embargo, en la práctica, la situación es muy diferente.
Gran parte de los migrantes que intenta atravesar el territorio mexicano es afectada por la violencia; son asaltados, agredidos y hasta asesinados; las mujeres acaban siendo víctimas de violación. El Padre Pedro Pantoja, responsable de la Casa del Migrante Pousada Belém, en Santillo, asegura que hay complicidad de las autoridades policiales, de las fuerzas de seguridad y de muchos funcionarios del gobierno, como también del Instituto Nacional de Migración (INM) en esas acciones.
«Tenemos pruebas de que ellos mismos entraron en las negociaciones comerciales y en el tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral, y, sobre todo, los testimonios de los migrantes que tenemos de cómo encontraron en las casas de seguridad del crimen organizado a funcionarios públicos y policías que están recibiendo dinero”, denunció el padre en entrevista.
Para reivindicar esas demandas, la organización «La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes” planeó el 4º «Vía-Crucis del Migrante” con el propósito de dar solidaridad a los que atraviesan un largo y peligroso camino rumbo a la frontera del norte. La organización acompañaba a un grupo de migrantes en su trayectoria de tren de Tenosique hasta Lechería; sin embargo, trabajadores de la empresa ferroviaria soltaron los vagones donde estaban los migrantes, periodistas y defensores. La marcha siguió por la carretera federal de Tenosique, donde cerca de 300 manifestantes, entre ellos mujeres embarazadas, niños y ancianos, fueron interceptados y detenidos violentamente por agentes del INM, Policía Federal y por la Policía Estatal de Tabasco.
Otra manifestación pacífica, la ‘Caravana por el Libre Tránsito’, organizada por el Albergue de Migrantes Ixtepec, en Oaxaca, la semana pasada, también fue frustrada por efectivos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración.
Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, se manifestó criticando las acciones y llamando al Estado mexicano a la responsabilidad. «En mi calidad de relator sobre los derechos de los migrantes manifiesto mi preocupación por estos hechos. El Estado, incluyendo las autoridades de nivel federal, provincial y local, tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción, en particular los derechos como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la protección de la familia y la protección especial de niños y adolescentes”, reclamó.
La CIDH convoca al Estado mexicano a adoptar, de inmediato, las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y a la integridad y seguridad de los migrantes, además de investigar todos los actos violentos en forma diligente e imparcial.
Por Natasha Pitts
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
