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Por Cristian Opaso – Publicado originalmente en  The Clinic, 13 de junio 2013.

Un documento que revela los mayores obstáculos al milonario que Codelco  pretende levantar en la cordillera, a 80 kilómetros de Santiago.

Por segunda vez en dos años se busca la aprobación del proyecto minero Ampliación Andina 244 por parte de las autoridades ambientales. En lo que para muchos parece un nuevo intento de pasar gato por liebre, la División Andina de Codelco intenta obtener el permiso para la expansión de su mina a rajo abierto ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de la capital, aumentando su producción a  244 toneladas diarias de cobre, en un emprendimiento que duraría 65 años, costaría (sin considerar costos ambientales, claro), alrededor de U$ 6.8 millones y daría trabajo en su fase de operación a unas 2.043 personas.

El 15 de abril terminó el plazo para las observaciones ciudadanas al estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentado en enero pasado. Vale recordar que el estudio se había presentado ya en enero de 2011 sin éxito, pues la entonces Subsecretaría del Medio Ambiente se negó a evaluarlo por considerar que era insuficiente. Según importantes funcionarios de gobierno el proyecto, tal como ha sido presentado, es inviable.

La situación actual se ha conocido a través de memos, documentos de inferioridad administrativa frente a los oficios, pero con la virtud de pasar desapercibidos al no aparecer publicados en la web del SEA. El filtraje de un crucial memo seria un nuevo intento de imponer grandes proyectos sin lograr probar fehacientemente su viabilidad ambiental.

Persiguiendo un memo esquivo

Esta nota ha sido posible después de dieciséis peticiones de información porLey de Transparencia. Finalmente, por otros canales, se ha logrado llegar al contenido del memo N° 39 del 18 de febrero de 2013.

Proveniente de la Secretaría Regional del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso y dirigido a María Magdalena García Pérez de Arce, Coordinadora de Evaluación Ambiental de la Subsecretaria del Medio Ambiente, el documento de 11 páginas aparece firmado por los profesionales, iniciales CFG, SGA y AVV, además del Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, Hernán Brucher Valenzuela.

El documento contiene argumentos contundentes que tendrían que haber concluido en el rechazo del estudio. Se explicita, por ejemplo, que el estudio desconoce el gravísimo problema de agua que afecta a la región y los enormes recursos que el Estado ha invertido para enfrentar la situación. Detalla además que , para medir los impactos ambientales, se utilizó una metodología que no corresponde a la estipulada por la Ley de Medio Ambiente, lo que sumado a otros factores hace que el estudio no sirva para evaluar adecuadamente los impactos. Las conclusiones del memo de la Seremi V región —y que han sido reiteradas por lo menos por otra secretaría de gobierno- son de tal magnitud que el EIA debería haber provocado similar opinión que la dada por las autoridades ambientales el año 201 1. Ese año, la Subsecretaría del Medio Ambiente dictaminó que era «de la opinión que dicho EIA carece de información relevante y esencial para su evaluación, la cual no puede ser subsanada por medio de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 19.300»

El memo N° 39 dice:

«Se concluye que el proyecto adoleceria de información relevante en su línea base en la componente hídrica, lo que impide la evaluación de los reales impactos ambientales que generaría el proyecto». Luego se detalla cómo se llegó a esa conclusión: «De acuerdo a la revisión de la línea base, el proyecto omite información relevante respecto a la condición hídrica de la región de Valparaíso y de la políticas publicas adoptadas en la región, que reconocen el estado de vulnerabilidad de los Servicios Eco sistémicos de la cuenca del río Aconcagua, potenciando el riesgo a la salud de la población afectada y la disponibilidad y reserva de agua para consumo humano y otros usos (riego). Lo anterior, ha dado origen a decretar en numerosas oportunidades, la declaración de escasez hídrica para toda el área de impacto del presente proyecto de acuerdo a la información pública vigente y disponible en la página del MOP…”

Otra observación, incluso más grave, es la metodología que se utilizó para hacer la EIA. El documento señala, en su punto 4-4-1:

«Al respecto, la metodología utilizada en el proyecto, se basa en la metodología APELL (Awarenesss and Preparedness for Emergencies at Local Level, iniciativa del PNUMA), la cual se utiliza para evaluar Riesgos. De acuerdo a lo citado y conforme al indicador utilizado para «evaluar el riesgo» en el proyecto (MIA=PxC), este corresponde a una estimación de probabilidad de daño, mientras que el impacto ambiental, por definición la ley 19.200, no es probabilidad de impacto o de daño, sino la ‘alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada…”

Pero no sólo la Secretaría de Medio Ambiente de la V ha cuestionado la metodología empleada. En una sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado sobre Glaciares, Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo el 30 de abril en Valparaíso, Mónica Musalem de la Dirección General de Aguas planteó claramente que la metodología utilizada para medir los impactos del proyecto Ampliación Andina 244 era la equivocada:

«El criterio de significación elegido permite que el  índice sólo pueda tomar el valor de significativo menos del 5 % de los casos; decía la imagen del ppt presentado en la audiencia, que se convirtió en una de varias catarsis que han tenido lugar recientemente en el parlamento a propósito del proyecto de Andina”.

A esto hay que agregarle que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) habría determinado que el tema aguas fuera algo sectorial y no ambiental, lo que limita de manera importante el tipo de observaciones que pueden hacer los servicios.

La distinción ha llevado a que varios servicios hayan planteado sus inquietudes, pero sólo de manera interna, como relata apasionado uno de los profesionales de gobierno con el que tomamos contacto:

“Eso es totalmente arbitrario, es una interpretación que ellos le dan. Ningún servicio se ha atrevido a preguntar a la Contraloría si corresponde esa interpretación o no”, dice.

No sería lo único arbitrario de este proceso. No está claro por qué, si se compara el año 201 I y el 2013, en que estaba vigente la misma legislación, cambiaron los servicios que participaban oficialmente en el proceso: el 2011 participaron cuatro servicios que no lo hicieron en 2013, entre ellos la Seremia de Medio Ambiente, que se limitó a emitir su memo.

Glaciares y sindicatos

El tema de los glaciares también habría sido subvalorado en el EIA presentado por Codelco y ha sido foco de las recientes audiencias en el Senado. Es uno de los puntos más delicados, dada su relación con la provisión futura del agua, sus peligros para las zonas habitadas cercanas y la poco conocida gravedad y envergadura de los impactos que ya están teniendo los proyectos mineros en los glaciares de la alta cordillera de la zona central de Chile y Argentina. La protección a los glaciares fue planteada en el memo 39 de la Seremia de Medio Ambiente de Valparaíso, que recordó que “se encuentra vigente la «Política Para la Protección y Conservación de Glaciares » del Ministerio del Medio Ambiente, aprobada por la CONAMA el ano 2009”. A pesar de que se habría ratificado la política en la administración de Piñera, algunos funcionarios no habrían sido informados de su vigencia y contenidos y lo habrían descubierto por Google.

La empresa y algunos sindicatos aducen que los impactos serian mucho menores y reiteran la importancia estratégica de la industria principal del país, del famoso Sueldo de Chile. Dos dirigentes sindicales plantearon estos puntos de vista recientemente en la Cámara Baja: Christian Muñoz, presidente Sindicato Unificado de Trabajadores, y Juan Olguín Pérez, presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral, ambos de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC):

«Queremos reafirmar una vez más que el objetivo fundamental para la FTC y sus Sindicatos Base es consolidar a Codelco como una empresa l00% de propiedad del Estado, eficiente, competitiva y sustentable, asegurando su permanencia como principal productor de cobre catódico del mundo”, declararon los dirigentes, quienes agregaron que para ellos «es esencial dotar a Codelco de las herramientas y autonomía que le permitan cumplir su misión, que es desplegar de manera responsable toda su capacidad de negocios mineros para maximizar sus aportes al Estado en el largo plazo, para contribuir al desarrollo y la cohesión social del país y sus regiones”

 

Los dirigentes de los trabajadores se refirieron además a lo que catalogaron de siete mitos de los oponentes del proyecto minero, entre ellos el número cuatro que es precisamente que «el Proyecto Expansión Andina 244 intervendrá 26 glaciares en la alta cordillera de la zona central»

«Falso -declararon- El proyecto declara transparentemente en su Estudio de Impacto Ambiental la intervención de 6 glaciares de roca: que será cubierto por un botadero y 5 glaciares que serán parcialmente afectados por la ampliación del rajo actual. En total serán 37 las hectáreas intervenidas, de un total de 45 mil hectáreas de glaciares existentes en la alta cordillera de la V región y la región Metropolitana”

Sin embargo,m la magnitud de los impactos en los glaciares ha sido planteada por prestigiosos académicos, como Francisco Ferrando, director del departamento de Geografía de la Universidad de Chile, que en una entrevista dada a la radioemisora de esa casa de estudios alertaba que «se ha dicho en el proyecto que se afectarían seis glaciares rocosos del sector, pero yo diría que esa es una mínima parte yes más bien de afectación directa. La verdad es que en el área hay muchos más glaciares rocosos y hay algunos que ni siquiera están reconocidos y que también corren peligro».

De hecho, según otros reputados cientificos, la intervención en los glaciares de los Andes causados por la minería chilena ya son los peores del planeta. Es lo que plantean los autores Alexander Brenning y Guillermo F. Azocar en «Minería y glaciares rocosos: impactos ambientales, antecedentes políticos y legales, y perspectiva futuras”, un estudio aparecido en el número 47 de la Revista de Geografía Norte Grande.

Los autores agregan que hay una empresa minera que ha causado los mayores impactos y que podría seguir haciéndolo en el futuro:

«Codelco División Andina (33 9′ S, 70′ 15′ W), vecina a Los Bronces, es el complejo minero que ha causado las mayores intervenciones en glaciares rocosos a nivel mundial, y que potencialmente afectará más glaciares en el futuro si se desarrolla el yacimiento El Americano (Area Minera, 2009)»

¿Adivinen ustedes como se llama el proyecto minero que desarrollará el yacimiento El Americano? Exacto: Expansión Andina 244.

Quizás algo de razón tendría el diputado y médico Enrique Accorsi cuando el pasado 15 de abril en la sesión especial de la Comisión de Recursos Naturales de Cámara de Diputados, tras escuchar los testimonio planteó:

“Pido que nos declaremos en alerta, esto es de la máxima gravedad, el impacto es impensable… Si esto no nos pone en alerta, ¿entonces qué?”. Después, agregó, medio en serio, medio en broma, “parece que los ejecutivos de Codelco han estado expuestos a muchos metales pesados y eso los ha afectado un poco….”