En febrero del año pasado, armaron barricadas de piedras y palos en las carreteras que cruzan o bordean las comarcas, cerraron el tráfico de camiones y paralizaron amplios sectores de la economía nacional con esa acción.

Soportaron todas las amenazas, pero no cejaron en su batalla, que era obligar al gobierno a derogar una ley que reformaba el código minero para permitir, entre otras cosas, la explotación de yacimientos minerales, en especial cobre y oro, a gobiernos extranjeros mediante empresas afines.

El gobierno cedió al cabo de los días y en marzo derogó la ley que molestaba y alteraba las costumbres de los originarios.

Con la normativa, asumió un compromiso de no explorar ni promocionar la explotación minera en las comunidades indígenas y negociar con estos una nueva legislación.

Para ello se creó una comisión ad hoc de la Asamblea Nacional que negociaría el nuevo instrumento con una Coordinadora indígena.

Después de desandar un muy accidentado camino se logró redactar un texto que ratificaba los acuerdos asumidos en marzo por el presidente, Ricardo Martinelli.

Los indígenas añadieron al texto algunos párrafos para incorporar a las prohibiciones todo lo relacionado con la construcción de hidroeléctricas y cualquier otra forma de atentados al ecosistema.

El proyecto no llegó al legislativo a pesar de las presiones indígenas, hasta que en los primeros días de octubre fue aprobado en comisiones un documento ajeno al negociado en el que se dejaba intacto el parágrafo causante de la molestia indígena: el relacionado con el Estado extranjero.

Como reacción automática, los ngöbes cerraron la carretera interamericana y obligaron a los ministros de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu y de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, trasladarse a san Felix para negociar.

Allí prometieron retirar de la Asamblea el proyecto en discusión y, en su lugar, introducir el acordado con la coordinadora.

Quizás tomando experiencias pasadas, los dirigentes dejaron su comarca y se trasladaron a la sede de la Asamblea en la capital para, de cuerpo presente, observar la evolución de los acontecimientos.

Para su sorpresa, el texto que siguió en debate fue el apócrifo para ellos, y ni siquiera se mencionó el acordado con la comisión ad hoc.

El ministro Quijano dijo que a lo mejor había una equivocación. Los indígenas se molestaron mucho.

*»El gobierno nos ha mentido siempre y nosotros defenderemos nuestros derechos»*, exclamó la cacica general, Silvia Carrera.

*»La decisión es una sola y no queremos la minería. Nuestras tierras son las que nos dan sustento y no se la entregaremos a otros países»*, recalcó.

Así están las cosas cuando sólo faltan horas para que termine el actual período ordinario de sesiones de la Asamblea.