En Madrid, entre 2.000 y 5.000 personas, según estimaciones de los organizadores y la prensa, marcharon desde Atocha hasta la Puerta del Sol, bajo el lema “No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!”.

Durante el recorrido, los manifestantes, que respondieron a la convocatoria de la plataforma Democracia Real Ya y la Asamblea de Sol, volvieron a corear el ya popular “Que no, que no, que no nos representan”.

Al multitudinario pedido a gritos de un “referéndum” se sumó también el reclamo de una “huelga general”.

Además, denunciaron al candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, por apoyar el acuerdo que inicialmente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero propuso al líder del opositor PP, Mariano Rajoy.

Entre las siempre originales pancartas podía leerse algunas con frases como: “Quieren constitucionalizar la pobreza”.

En Barcelona, unas 2.000 personas, de acuerdo con los organizadores, marcharon desde Plaza Cataluña por “Las Ramblas” hasta la plaza Sant Jaume; y luego se dirigieron al Parlamento regional.

“Aprovechan agosto para cambiar la constitución”, “PP-PSOE golpistas” o “gobierno de los ciudadanos, no de los mercados”, eran algunas de las consignas que llevaban los manifestantes.

La cabecera de la marcha tenía una pancarta que decía: “No a la reforma constitucional. El Pueblo unido, jamás será vencido”.

Otra pancarta alentaba al resto de ciudadanos a sumarse a la protesta: “Como le explicaras a tus hijos que perdiste lo que ganaron tus padres. Luchando. El futuro es nuestro. Únete”.

También hubo protestas en Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Málaga, Cáceres, Gran Canaria, Zaragoza, entre otras ciudades.

Los indignados advirtieron en sus manifiestos leídos en las distintas plazas de España que la reforma constitucional “atenta contra el Estado de Bienestar”. Intentan “imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría”, subrayan.

Asimismo, sostienen que la reforma fue impuesta por los gobiernos conservadores de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a los mercados financieros.

La reforma, promovida en plena crisis de la deuda por el presidente francés Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, fue anunciada el pasado martes en el Congreso por jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, luego de llegar a un acuerdo con el líder del PP, Mariano Rajoy.

En 72 horas, los dos grandes partido habían cerrado ya los detalles del pacto para modificar el artículo 135 de la Carta Magna para introducir el principio de estabilidad financiera en las cuentas públicas y fijar un límite al déficit en una futura ley orgánica.

El pacto PSOE y PP garantiza que la reforma sea aprobada sin referéndum, puesto que los grupos opositores no suman el número mínimo de diputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10%.

La única posibilidad de lograrlo es que se produzca un quiebre en el partido socialista, donde surgieron voces disidentes.

El gobierno y la oposición aseguran que el objetivo de la reforma es “reforzar la confianza y la solvencia de España” en plena crisis de la deuda soberana que afecta a la zona euro.

Sin embargo, la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no es el déficit público sino la deuda privada fomentada por los bancos. También varios Premios Nóbel y catedráticos de Economía señalaron que la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y creación de empleo.

Es la primera vez en 30 años que los dos grandes partidos de España llegan a un acuerdo para reformar la Constitución de 1978, cuya única modificación se llevó a cabo en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht por la incorporación de España a la UE.