Dirigentes de distintas organizaciones políticas y sociales también celebraron hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ley de Servicios Audiovisuales, y coincidieron en que con esa decisión se avanza en la aplicación final de la norma. “La nueva Ley garantiza el derecho humano a informar y constituye un punto de partida para construir una comunicación más democrática, plural y diversa”, expresó el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al tiempo que manifestó su profunda satisfacción por la medida, dado que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recoge las demandas de los más diversos actores sociales que vienen luchando desde hace años para que sus voces sean escuchadas”.
En ese sentido, el procurador del tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, advirtió: «La Corte dice que nadie puede meterse en la Constitución, ni los jueces. Les dijo a los jueces de Mendoza que los diputados no pueden presentarse porque no le gustó una ley por medio de un juez. Y los magistrados no pueden paralizar una ley que perjudica la libertad de expresión. Esto afecta el equilibrio de los poderes, eso rescato del fallo de la Corte». Por unanimidad, los jueces de la Corte Suprema acompañaron el dictamen del procurador Esteban Righi, al considerar que un diputado no tiene legitimación para revisar en sede judicial una votación que perdió en el Congreso.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, contó que «la Corte prefirió ingresar al fondo de la cuestión y la falta de competencia de los jueces para examinar la ley, señala la gravedad institucional que tenia este pronunciamiento y la habilitaba para el ingreso». Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, expresaron que la decisión «no se relaciona con la valoración constitucional del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos con fundamento en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario”.
El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que «el fallo es un avance hacia la plena aplicación» de la norma y también «reconoce la legitimidad del Congreso en la sanción» de la ley de Medios. Por su parte los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi emitieron un voto propio, pero concurrente y con argumentos similares a los de la mayoría, señalando la ausencia de legitimación de Thomas y la falta de razonabilidad de la medida.
«La Corte dijo que un legislador no tiene legitimación activa cuando pide a la Justicia la reedición de un debate parlamentario que perdió por el juego de las mayorías y minorías», enfatizó Rossi, en referencia al diputado del Peronismo Federal, Enrique Thomas, que había presentado la medida cautelar en Mendoza. Asimismo, la Corte menciona que «una medida cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad».
