Dos importantes jornadas de enjuiciamiento a miembros de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983) se desarrollaron el pasado 11 de diciembre en la República Argentina.

Por un lado, el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fue nuevamente condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba. El tribunal que lo juzgó le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria (que gozaba tras una condena idéntica por otra causa) y dictaminó que deberá cumplir la pena en una cárcel común.

Asimismo, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a prisión perpetua y cárcel efectiva al ex jefe de la policía cordobesa, el coronel retirado Rodolfo Campos, y los ex policías Armando Cejas y Hugo Britos, por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Ricardo Fermín Albareda.

Al decir sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia, Menéndez repitió un discurso acuñado por los represores y sus simpatizantes locales, según el cual formó parte de una “batalla” en la que defendió al país de “la amenaza del comunismo” y de los “terroristas marxistas” que querían “apoderarse del pueblo”.

Por otra parte, comenzó el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la dictadura, situado en plena Ciudad de Buenos Aires y por el que se supone pasaron aproximadamente 5000 detenidos.

Unos 280 testigos, muchos de ellos sobrevivientes del centro de torturas, desfilarán por la sala del Tribunal Oral Federal Cinco, que se prolongará por seis o siete meses, informó la agencia de noticias AFP. Se trata en total de 85 casos de violaciones a los derechos humanos.

Este juicio reúne varias características distintivas. En primer lugar, el principal imputado, Alfredo “El Ángel Rubio” Astiz, es considerado un símbolo del accionar de la dictadura militar, ya que cobró notoriedad por haberse infiltrado en un grupo de familiares de detenidos-desaparecidos y haber secuestrado a todos sus integrantes.

Entre sus victimas se encontraban las monjas francesas Leonie Domon y Alice Duquet y la fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.

En segundo lugar, el proceso en su contra había empezado en 1987, pero quedó trunco a raíz de la ley de Obediencia Debida, promulgada por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Sin embargo, cuando la Corte de Suprema revocó las “leyes de impunidad” en 2004, la Justicia argentina dió respaldo constitucional a la continuación de estos litigios.

Asimismo, cabe destacar que uno de los acusados es el oficial retirado de la Armada Adolfo Donda Tigel, acusado del secuestro de su hermano y apropiación de su sobrina y actual diputada nacional Victoria Donda, la primera “nieta recuperada” que asumió una banca en el Congreso de la Nación.

Finalmente, los jueces Oscar Hergott, Daniel Obligado y Ricardo Farías, que llevan adelante este juicio, también indagarán sobre el secuestro y asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Luego de enviar su “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”, en la que denunciaba su accionar, Walsh fue secuestrado por un Grupo de Tareas de la ESMA.

Varios de sus miembros –como Jorge “el tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías-, se sentarán ahora en banquillo de los acusados y oirán declarar a quienes lograron sobrevivir a sus tormentos. Una de ellas, Andrea Bello, celebró el inicio del proceso judicial y aseguró a la agencia de noticias TELAM que “no hemos dejado de golpear las paredes de la impunidad para llegar a esto”.