En 2002 fue elegido el presidente Álvaro Uribe por mayoría absoluta, no fue necesaria la segunda ronda. Uribe había prometido superar la corrupción y la guerra interna como los principales males que perjudican al país. Su trayectoria anterior había sido muy controvertida, como director de la Aeronaútica Civil se le acusó de dar licencias a pistas y aeronaves del narcotráfico, fue también alcalde de Medellín, congresista y gobernador de Antioquia donde se criticó fuertemente su política de seguridad basada en la creación de cooperativas armadas, llamadas Convivir, al estilo de las rondas campesinas del Perú. Estas «cooperativas fueron clausuradas y buena parte de sus miembros pasaron a engrosar las filas de los paramilitares.

Durante su primer cuatrenio Uribe pareció dar muestras de cumplir con las metas que se había propuesto. Cada día los medios de comunciación mostraban cientos de detenidos, de guerrilleros abatidos en combate. Las carreteras volvieron a ser transitables y las clases sociales más acaudaladas pudieron volver a visitar sus propiedades rurales, al tiempo los indicadores económicos se mantuvieron crecientes. La constitución fue reformada y en 2006, con más de 7 millones de votos, más del doble de su rival más cercano, Uribe volvió a ganar las elecciones.

Ya desde su primer mandato se habían señalado muchos problemas en las estrategias del gobierno Uribe y en especial en la política de «Seguridad Democrática», plan bandera de la administración. Sin embargo la gran prensa y buena parte de la opinión desestimaron estas críticas consideradas como una forma de hacer oposición.

Sin embargo en los últimos meses, las críticas al gobierno no provienen únicamente de la oposición sino de creciente número de colombianos y colombianas. Cada vez son más los ciudadanos decepcionados con la forma en que el actual gobierno está manejando el país.

Los indicadores económicos ya no son tan sonoros y tan exitosos, en especial en el tema del empleo. Más de tres millones de personas no tienen empleo en Colombia, 21 millones se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 8 millones en la miseria, es decir sin capacidad para suplir unos mínimos estándares de dignidad humana. Estos datos son especialmente graves en las zonas rurales y con los grupos éticos -que siendo apenas el 3,4% de la población total del país, representan el 12% de la población desplazada- y los afrocolombianos, en especial quienes habitan el corredor pacífico.

En la política internacional, muchos juzgan la reciente concesión de acceso a bases colombianas para los militares norteamericanos, como una forma de mantener el papel de aliado clave que tuvo el gobierno de Colombia en tiempos de Bush. En el contexto latinoamericano Colombia está apostando claramente por una agenda contraria a la mayor parte de los países latinoamericanos y después de la agresión al territorio ecuatoriano para atacar un campamento guerrillero en marzo de 2008, las relaciones con Ecuador y Venezuela son tensas e inestables.

A nivel interno la política de seguridad democrática muestra graves falencias, la guerrilla que Uribe dijo poder derrotar en pocos meses después de siete años, si bien ha perdido parte de su capacidad ofensiva, sigue existiendo y manteniendo rehenes y el control sobre algunos territorios, donde actúa como estado. De otro lado los paramilitares, que se supone se habían desmovilizado en el primer gobierno de Uribe, siguen actuando y teniendo un claro control sobre extensos territorios de Colombia.

Aunque la mayor parte de los jefes paramilitares se hallan detenidos, y algunos de ellos fueron extraditados a los Estados Unidos, su influencia es aun muy clara, a comienzos del presente año en más de 20 ciudades aparecieron panfletos amenazando a los jóvenes de los barrios populares firmados por «la organización» y con claras referencias al paramilitarismo.

La extradición de los jefes de paramilitarismo fue para muchos de ellos un premio, ya que en vez de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, como las cientos de horribles masacres, los asesinatos selectivos y el terrorismo, están siendo juzgados por tráfico de drogas y lavado de dinero y negociando sus penas con las autoridades norteamericanas.

Más de 70 congresistas y funcionarios de diversas instancias del gobierno han sido detenidos por sus vínculos con el paramilitarismo, sin embargo su proyecto político, sigue ejerciendo un claro poder, favoreciendo los intereses de quienes tradicionalmente lo han detentado.

Una superficie equivalente a la mitad del territorio de Suiza ha sido evacuada forzando a sus legítimos dueños ha formar parte de los cuatro millones de desplazados que hay se agolpan en las ciudades sin trabajo estable, ni soluciones concretas. Buena parte de esos terrenos están siendo utilizados en cultivos muy rentables manejados por grandes capitales, como el de palma africana, vinculado a la producción de biodiesel.

En el tema de la lucha contra la corrupción, el desempeño del presidente Uribe ha sido totalmente contrario a las promesas de campaña. Las investigaciones de Corte Suprema de Justicia han mostrado que el cambio constitucional que permitió su reelección estuvo viciado de actos de corrupción, varios congresistas recibieron puestos diplomáticos y notarías como recompensas por sus votos a favor del cambio, incluso el padre un magistrado de la Corte Constitucional fue nombrado embajador.

De otro lado, los hijos del presidente Tomás y Jerónimo Uribe (conocidos como Tom y Jerry), se beneficiaron en un negocio privado gracias a coincidenciales decisiones de varias instancias del gobierno que hicieron que unos terrenos que habían comprado se hicieran más de mil veces más caros cuando fueron declarados zona franca por las autoridades nacionales.

Las investigaciones a los congresistas detenidos han mostrado que parte del pacto con el narcotráfico incluía el apoyo electoral armado, lo que ha cuestionado la legitimidad de la abrumadora votación que recibió Uribe en 2006.

De otro lado, las detenciones de la Seguridad Democrática con mucha frecuencia tienen que dejar libres a las personas a quienes se les ha inculpado más por sus posturas políticas que por su real participación en actividades insurgentes. A esto se le suma una clara política de seguimiento y espionaje a todas las personas y organizaciones críticas del gobierno, desde ONGs hasta la Corte Suprema de Justicia, todas estas operaciones realizadas con fondos estatales y desde las oficinas de la policía secreta DAS, que responde unicamente al presidente.

La corrupción en el DAS ha sido tal que sus últimos directores (todos los que Uribe ha nombrado) se encuentran presos o investigados. Jorge Noguera el primero de ellos fue acusado de entregar a los paramilitares listas y datos claves de sindicalistas que debían ser asesinados. En la semana anterior también se conoció que el mismo Noguera estuvo en México y Estados Unidos, como funcionario del gobierno y con gastos pagos por el erario, haciendo tratos con narcotraficantes de esos países. Al interior del DAS se llamó esta actividad el cartel de las tres letras.

El fenómeno de Uribe en Colombia es comparado cada vez más con el de Fujimori en Perú. Un líder de mano fuerte que llega al poder presentándose como independiente, enemigo de la corrupción y el único capaz de vencer la guerrilla, con algunos resultados espectaculares al principio que llenan de esperanza a las mayorías pero con una enorme y corrupta estrategia de permanencia en el poder.

Cada vez son más las voces que alertan sobre la posibilidad que Uribe decida permanecer en el poder de cualquier forma, incluso si el referendo re-reeleccionista no es aprobado o no es votado. Es tanto lo que tiene por ocultar en estos años que para él ya resulta muy peligroso separarse del poder.