El proyecto de ley fue elaborado durante cinco años por la Coalición para una Radiofusión Democrática (www.coalicion.org.ar), un colectivo independiente conformado por Universidades, periodistas, científicos, medios de comunicación, premios nobel, asociaciones profesionales y otras instituciones de la sociedad civil, inspirándose en los aportes y recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA),

Tras más de trece horas de debate y después de la aprobación en general, los diputados debatían en las primeras horas de hoy cada artículo de la iniciativa en particular.

”Controlar a los medios”, “Duro ataque a la prensa”, “Intimidación” y “Censura” han ocupado la primara plana de los diarios que no se opusieron el 15 de setiembre de 1980 al Decreto ley 22.285 de la Dictadura Militar hoy vigente, modificado luego por varios decretos del Ex Presidente Carlos Menem. Esa normativa había permitido una concentración económica tal que habilitó, por ejemplo, a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV, a que la autoridad de aplicación esté integrada por los servicios de “Inteligencia” de las tres armas, por un interventor del Comité Federal de Radiodifusión elegido a dedo por el Presidente, y por empresarios beneficiarios de las licencias, también propietarios de los grandes medios de comunicación, que han organizado una campaña de desinformación para defender sus intereses en las últimas semanas.

“Esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y ejemplo para todos los demás países, en virtud de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias de Radio y Televisión, manteniendo el principio de pluralismo y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión”, señaló el guatemalteco Frank La Rue quien fuera elegido el 18 de junio de 2008 relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el encargo de redactar un informe anual para el Consejo, sobre la situación de la libertad de expresión y para recibir las denuncias sobre violaciones en contra de este derecho.

Aidan White, Secretario General de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que cuenta con 120 organizaciones miembros y representa a más de 600 mil periodistas de los cinco continentes manifestó que “respalda plenamente el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que representa un decisivo avance para la consolidación del sistema democrático”.

Nacido en el barrio de Creggan, en Derry City, Irlanda del Norte en 1951, White es desde 1987 Secretario General de La Federación Internacional de Periodistas (IFJ). Previamente trabajó en varios periódicos en el Reino Unido y en The Guardian en Londres antes de llegar a la IFJ. Es un antiguo defensor de los derechos de los periodistas participando como activista en la Unión Nacional de Periodistas en Gran Bretaña e Irlanda.

Al abrir el debate dado el pasado míercoles en el Congreso argentino, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, dijo que se trata del proyecto que, «junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores», fruto de los foros de debate realizados en todo el país. Agregó además que busca saldar «una vieja deuda» del Congreso con la Sociedad. «Estamos tocando intereses poderosos que se sentían impunes y usaban todo tipo de elementos para impedir que una nueva ley regule los medios so pretexto de afectar la libertad de expresión”, manifestó el diputado.

Desde Diálogo por Buenos Aires, el Diputado periodista y escritor Miguel Bonasso, insistió en que el Parlamento debe tener «el control de la Autoridad de Aplicación» se mostró en contra del proyecto y dijo que no veía que se establecieran en la norma «los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados».

José Brillo, del MPN, rechazó la iniciativa porque, sostuvo, «afecta la seguridad jurídica y las inversiones realizadas en un marco normativo prefijado» y cuestionó la «estructura» de la Autoridad de Aplicación porque, afirmó que «su funcionamiento no garantiza condiciones de una organización autónoma e independiente».

En el cierre del debate, el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, enfatizó: «comprendemos lo que dicen algunos diputados de otros bloques e incluso de nuestra propia bancada con respecto a los tiempos para tratar la ley; pero había y hay muchas presiones, descalificaciones y amenazas, por eso el tiempo no es un tema inocuo»

«Por ejemplo las audiencias públicas que realizamos desaparecieron durante varias horas de muchos canales de noticias; y a mayor tiempo que transcurría, la presión que se ejercía y que se ejerce -sobre los legisladores- iba a tener más posibilidades de concretarse».