Chile, Venezuela, Colombia y Brasil lideran el gasto militar de los últimos años, con un salto tecnológico significativo respecto del resto de los países de la región. Frente a ello la constitución de Bolivia renuncia a las armas para dirimir conflictos en la región. Dos mundos que se encuentran. Entretanto distintas organizaciones y personalidades exigen que sus gobiernos no destinen más dinero a gastos de defensa.
El llamativo exceso de armas que hoy existe en la región no se corresponde con las buenas relaciones entre los distintos Gobiernos ¿Estamos frente a una acelerada carrera armamentista en América del Sur con la excusa de una renovación del material militar obsoleto? Las cifras que manejan diversos centros internacionales y el análisis de algunos especialistas apuntan a que en una parte del mundo sin antecedentes de enfrentamientos de gravedad en todo el siglo XX, y donde las relaciones políticas entre los Gobiernos son en general buenas, en especial hoy tras los últimos acuerdos del UNASUR, se han registrado en los dos últimos años adquisiciones de material bélico de inexplicable importancia.
Aún así y paradójicamente, en los últimos cinco años todavía no se logra cubrir el período en el que los países latinoamericanos han dedicado mayor parte de su PIB a gastos de defensa. Mientras en la actualidad la cifra media gira en torno al 1,7%, durante los años ochenta llegaba en ocasiones al 6%. Por entonces estaban cerrándose varios procesos militares al frente de los gobiernos de la región dejando una situación de verdadero desastre y mucho se tapaba con gastos militares.
Sin embargo el gasto en defensa de Latinoamérica y el Caribe aumentó un 91% entre 2003 y 2008, según las cifras publicadas recientemente por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. En su informe Balance Militar 2009, el prestigioso centro de análisis de las relaciones internacionales señala que el gasto militar en la región el pasado año (2008) fue de 47.200 millones de dólares, frente a los 24.700 del año 2003. El material adquirido es bien diverso. Mientras Chile ha optado por la tecnología más avanzada con armamentos de última generación, Venezuela se ha centrado en material que permita armar a un porcentaje importante de la población civil, según indican fuentes del propio gobierno del presidente Chávez. Brasil, por su parte, ha participado más en la compra de medios de combate y transporte para asegurar la zona del Amazonas; y Argentina ha comprado radares y misiles de combate aéreo, además de algunos elementos de infraestructura aérea.
Según el boletín oficial del Ministerio de defensa de Chile, el estado ha adquirido para sus fuerzas armadas en los dos últimos años, entre otras unidades, un centenar de carros de combate Leopard II a Alemania, dos submarinos equipados con dispositivos de disparo de misiles a España y Francia, 10 aviones F-16 con sistemas de misiles aire-aire de alcance medio a EE UU, y otros 18 F-16 de segunda mano a Holanda, pero modificados con tecnología israelí. El PIB dedicado por Chile a defensa nunca baja del 3,5%, y además la llamada Ley Reservada del Cobre otorga el 10% de los beneficios por venta de dicho metal al presupuesto de las Fuerzas Armadas.
El presidente venezolano ya ha anunciado en diferentes ocasiones su proyecto de equipar con los fusiles nuevos a sus Fuerzas Armadas y entregar el material viejo a una milicia civil armada. Su vecina Colombia se ha gastado 100 millones de dólares (más otros 700 aportados por EE UU en el Plan Colombia) para la adquisición de carros de combate, piezas de artillería y aviones de transporte a España y espera por un nuevo aporte de los EEUU recientemente firmado por Barak Obama en la renovación del Plan Colombia. El Perú de Alan García, ha comprado una cantidad no determinada de aviones Mig-29 rusos y Mirage 2000 franceses, además de dos fragatas lanzamisiles a Italia. Y con estas cifras cerramos sólo el gasto reconocido por los diferentes Estados cuyo porcentaje es considerablemente menor al que sugieren en voz baja altas fuentes militares de algunos países.
Estados Unidos, España, Holanda, Francia y Rusia son los mayores proveedores de armas a Sudamérica (y del mundo) según los datos del CEDAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina) y del IISS (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos), y estos datos son reconocidos por varios de los Ministerios de Defensa en sus publicaciones oficiales. Ante este escenario nos esclarece el analista internacional Pedro Brieger; “hay que tener cuidado de hacerle el juego a los medios de comunicación interesados en confundir intencionalmente lo innecesario de apostar por una mini carrera armamentista, que ha avanzado ciertamente, con la estructuración de un posible eje del mal en la región y todos los designios ideológicos de los nuevos procesos de cambio».
Las Fuerzas Armadas latinoamericanas disponen hoy de un armamento que no se corresponde con la sintonía que pretenden profundizar varios de sus gobiernos y después de la cruenta ejecución del Plan Cóndor a lo largo de todo el continente habría que preguntarse cuantos beneficios generó armar a las fuerzas militares de la región. No parece haber buena sintonía entre estos datos y los procesos de cambio político y social emprendidos en gran parte de la región.
Como preámbulo del histórico momento regional que vive Latinoamérica en su conjunto y en contrapartida con dichos gastos militares, la nueva Constitución de Bolivia sostiene en el Título VIII dedicado a Relaciones Internacionales, Fronteras, Integración y Reivindicación marítima (Capitulo primero art. 255) “La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de: Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en los asuntos internos y solución pacífica de los conflictos.
Algo está cambiando en América Latina, pero aún no llegó a plasmarse en un proceso de desarme para toda la región que sin dudas deberán ejercer los presidentes en pos de la verdadera defensa de la soberanía de sus pueblos, la libertad con justicia y equidad social.
