No. No la han liberado. La junta militar de Myanmar, que puso fin a una década de casi democracia con el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, encarceló ese mismo día a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y al presidente democráticamente elegido U Win Myint. En los últimos días, Min Aung Hlaing, presidente autoproclamado del nuevo gobierno militar, ha anunciado que, con motivo de la tradicional amnistía del Año Nuevo birmano, que se celebra el 17 de abril, serán liberados más de 4.000 detenidos; de ellos, solo 290 son presos políticos. Pero ella no está.

A primera hora de la mañana fue liberado el presidente electo U Win Myint y, con el paso de las horas, se hizo cada vez más evidente que la consejera no figuraba entre los liberados; no se sabe si será nuevamente puesta bajo arresto domiciliario, como muchos aún esperan.

El hijo menor de Aung San Suu Kyi, Kim Aris, lanzó el 19 de abril un enésimo llamamiento para que la Junta informe sobre el estado de salud de su madre. En estos días, jóvenes activistas birmanos por los derechos civiles han impulsado en redes sociales la campaña “Proof of Life”: exigen pruebas de que la consejera de Estado sigue con vida. El 19 de junio cumplirá 81 años. Desde su arresto, China ha reiterado sus solicitudes para poder reunirse con ella, sin éxito. La última noticia se remonta a 2023, cuando el ministro de Exteriores tailandés afirmó que se le concedió un encuentro de una hora con ella, y dio cuenta de ello en una reunión de la ASEAN en julio de ese año.

A los llamamientos por su liberación se han sumado los oficiales de la embajada británica en Yangon y el de la representante de política exterior de la Unión Europea, pero es evidente que Europa ya no está interesada en la suerte de quien considera una antigua “paladina de los Derechos Humanos”. Ignora que fue precisamente Aung San Suu Kyi quien permitió que generaciones de birmanos conocieran primero y abrazaran después las políticas de Derechos Humanos y que, también gracias a ella, tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, dieron vida a un movimiento noviolento —único en su género en el mundo— de defensa de esos derechos, convertido en la columna vertebral de la Resistencia y que el 1 de febrero de 2026 cumplió cinco años: el Movimiento de Desobediencia Civil (CDM).

Las reacciones se han dejado sentir sobre todo en Asia, en particular el llamamiento a su liberación inmediata por parte del país que ostenta la presidencia de la ASEAN (Association of South East Asian Nations), Filipinas. Myanmar ha sido excluido de la ASEAN debido al persistente estado de violencia en el país y a su negativa a liberar a los numerosos presos políticos. Aun así, en estos días, Min Aung Hlaing, ahora de civil tras despojarse del uniforme de general desde que se proclamó presidente, ha solicitado volver a formar parte de la ASEAN, en un intento de legitimarse a sí mismo y a su gobierno militar. Esta solicitud forma parte de la hoja de ruta en la que Myanmar se encuentra desde hace tiempo, diseñada por su poderoso socio comercial, China. Pero sobre él y otros once miembros de su gobierno pesan renovadas sanciones por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional (CPI) y acusaciones de genocidio en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).