“She’s just saying what her cartel bosses tell her to say.” (Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le dicen que diga.)
“Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a ‘performance improvement plan’.” (Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un “plan de mejora de desempeño”.)
Eso escribió Elon Musk en su red X refiriéndose a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No es una metáfora sofisticada ni una ironía inocente. Es la imputación directa de subordinación a organizaciones criminales. Es, en términos claros, una acusación de obediencia al narcotráfico formulada sin una sola prueba pública.
Cuando un empresario extranjero, dueño de la plataforma desde la cual acusa, señala a una jefa de Estado en ejercicio como instrumento de “jefes del cártel”, no estamos ante un exabrupto trivial. Estamos ante una difamación de extrema gravedad. No es una discrepancia ideológica. No es una crítica severa a una política pública. Es la atribución de una conducta concreta, penalmente reprochable y políticamente devastadora, sin evidencia que la sustente.
La libertad de expresión, invocada tantas veces como escudo automático, no convierte en virtud cualquier palabra pronunciada desde el poder. El derecho a expresarse no equivale al derecho a imputar delitos sin fundamento. La diferencia es esencial: criticar decisiones gubernamentales forma parte del debate democrático; afirmar que una presidenta responde a órdenes del crimen organizado es atribuirle un hecho específico. Si ese hecho no está probado, la imputación no es opinión: es difamación, y puede incluso configurar responsabilidad civil si se demuestra conocimiento de falsedad o desprecio temerario por la verdad.
El problema se agrava por la asimetría. Musk no es un ciudadano cualquiera que escribe desde el anonimato. Es el propietario del espacio digital donde publica. Controla el algoritmo que amplifica su mensaje. Posee una megafonía global inmediata. Su palabra no circula en igualdad de condiciones; domina la conversación. Cuando acusa, lo hace desde una posición estructural de poder incomparable frente a la de cualquier mandatario latinoamericano en el ecosistema digital que él mismo gobierna.
La ética pública exige proporcionalidad entre poder y responsabilidad. Cuanto mayor es el poder, mayor debe ser el rigor. Musk actúa exactamente al revés. Utiliza el máximo poder comunicacional con un nulo estándar probatorio. No aporta documentos, no presenta evidencia verificable, no invoca investigaciones independientes, no formula una hipótesis sustentada en hechos comprobables. Lanza una acusación de subordinación criminal y la deja suspendida en el vacío, confiando en que la magnitud de su altavoz hará el resto.
No es la primera vez que trivializa la soberanía latinoamericana. En 2020, ante cuestionamientos sobre el papel del litio boliviano en la crisis política que culminó con la salida de Evo Morales, escribió: “We will coup whoever we want! Deal with it.” (¡Daremos golpes de Estado a quien queramos! Acéptenlo.) Más allá de posteriores matices, la frase quedó como una declaración descarnada de poder. Revela una concepción en la que la riqueza tecnológica parece habilitar una superioridad política que desprecia las fronteras y relativiza la autodeterminación de los Estados.
Ese antecedente no es anecdótico. Ilustra un patrón: el uso del capital y de la infraestructura digital como instrumentos de intervención discursiva sin responsabilidad proporcional. Cuando quien controla el altavoz global decide que puede insinuar vínculos criminales de un gobierno soberano sin demostrar nada, el problema deja de ser personal y se vuelve estructural.
No se trata de simpatías partidarias ni de afinidades ideológicas. Se trata de límites. Las democracias sobreviven porque existen contrapesos: límites al Estado, límites al mercado y límites al poder privado. Si el poder privado multimillonario se permite acusar sin prueba a una jefa de Estado y ampararse en la libertad de expresión para eludir cualquier consecuencia ética, se erosiona la noción misma de responsabilidad pública.
La pregunta no es si Musk puede legalmente escribir lo que quiera bajo el paraguas de la Primera Enmienda. La pregunta es qué sucede cuando la riqueza concentrada y el control de una infraestructura global se combinan para difamar sin evidencia. ¿En qué punto la libertad de expresión se transforma en abuso de posición dominante? ¿En qué momento la acusación sin prueba deja de ser irreverencia y se convierte en presión política?
Hay algo profundamente aberrante en utilizar una plataforma planetaria para sembrar sospechas de complicidad criminal sin asumir la carga de probarlas. No es valentía. No es franqueza. Es irresponsabilidad amplificada por el dinero. Y cuando esa irresponsabilidad proviene de quien concentra poder económico, tecnológico y mediático, el daño potencial trasciende a la persona señalada y alcanza a la arquitectura misma del debate público internacional.
Si normalizamos que un multimillonario pueda acusar a una presidenta de obedecer a cárteles sin exhibir una sola evidencia, aceptamos implícitamente que el poder económico está por encima de la prudencia democrática. Aceptamos que la palabra ya no necesita verdad, solo volumen. Y cuando el volumen sustituye a la verdad, la política deja de ser deliberación y se convierte en espectáculo de fuerza.
Eso es lo que está en juego. No un tuit aislado.
