El derecho internacional humanitario nació de la experiencia extrema del siglo XX. Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales no fueron concebidos como declaraciones morales abstractas, sino como un intento concreto de imponer límites a la violencia incluso en la guerra. Ese edificio normativo, sin embargo, enfrenta hoy una erosión profunda. No por obsolescencia jurídica, sino por la normalización de su incumplimiento.
El informe War WATCH – IHL in Focus Report 2024–25, publicado a comienzos de 2026 por la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, ofrece una radiografía jurídica exhaustiva de esta deriva. El estudio analiza veintitrés conflictos armados activos entre julio de 2024 y diciembre de 2025 y documenta violaciones graves y reiteradas del derecho humanitario en prácticamente todos ellos. Su conclusión es inequívoca: el sistema se encuentra en un punto crítico.
Lejos de presentar estas violaciones como daños colaterales inevitables, el informe subraya que muchas de ellas responden a patrones reconocibles. Ataques contra civiles y bienes de carácter civil, destrucción de infraestructura esencial, uso de armamento impreciso en zonas densamente pobladas, violencia sexual, tortura y malos tratos a personas protegidas aparecen como prácticas recurrentes, no como excepciones. Todo ello ocurre pese a que las obligaciones jurídicas que prohíben estas conductas son claras, vinculantes y universalmente ratificadas.
Uno de los aportes centrales del informe es su insistencia en que el problema no es normativo, sino político. La brecha entre las obligaciones legales y la realidad de los conflictos no se explica por vacíos del derecho, sino por la ausencia de voluntad de los estados para “respetar y asegurar el respeto” del derecho internacional humanitario, tal como exigen los propios Convenios de Ginebra. Esa obligación positiva, recuerda la Academia, no se limita a no violar el derecho, sino que impone el deber de prevenir, sancionar y no facilitar violaciones por terceros.
El informe pone especial énfasis en la impunidad. La falta de investigaciones creíbles, la escasa cooperación judicial internacional y el debilitamiento deliberado de mecanismos como la justicia penal internacional han creado un entorno en el que los crímenes de guerra se cometen con la expectativa razonable de que no habrá consecuencias. Esta impunidad estructural no solo afecta a las víctimas directas, sino que socava la autoridad misma del derecho humanitario como límite efectivo al uso de la fuerza.
Otro elemento clave es el rol del comercio de armas. La Academia de Ginebra señala la contradicción entre los compromisos formales de los estados y la persistencia de transferencias de armamento hacia contextos donde existe un riesgo claro de que dichas armas sean utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario. En este punto, el informe no se limita a una crítica ética, sino que recuerda que el derecho internacional impone obligaciones concretas de evaluación de riesgos y de suspensión de transferencias cuando esos riesgos son sustanciales.
El uso creciente de nuevas tecnologías militares también ocupa un lugar relevante en el análisis. Sistemas de armas imprecisos, ataques a distancia mediante drones y la progresiva automatización de la violencia están ampliando la distancia física y moral entre quienes deciden y quienes sufren los efectos de la guerra. Para la Academia, esta evolución no exime de responsabilidad jurídica; por el contrario, exige una aplicación aún más rigurosa de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
Más allá del diagnóstico, el informe formula una advertencia de fondo. Si la comunidad internacional continúa tolerando la erosión práctica del derecho internacional humanitario, el riesgo no es solo un aumento de las víctimas civiles, sino la pérdida de credibilidad del propio sistema jurídico que pretende limitar la barbarie. El derecho de la guerra, recuerda la Academia de Ginebra, no colapsa de un día para otro; se vacía progresivamente cuando su incumplimiento se vuelve rutinario y políticamente rentable.
En ese sentido, el informe no anuncia el fin del derecho internacional humanitario, pero sí señala una frontera peligrosa. La supervivencia del sistema no depende de nuevas normas, sino de una decisión política elemental: aplicar las que ya existen, sin excepciones selectivas ni jerarquías implícitas entre víctimas.
