Human Rights Watch ha advertido que el impacto de las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump no se limita al territorio de Estados Unidos. Por el contrario, ha generado un efecto de arrastre que está siendo instrumentalizado por varios gobiernos de América Latina para justificar retrocesos graves en materia de derechos humanos. Según la organización, la falta de contención efectiva del deterioro global de derechos ha creado un entorno internacional permisivo en el que prácticas autoritarias, represivas o abiertamente ilegales encuentran nuevos márgenes de legitimidad.
El diagnóstico de Human Rights Watch parte de una constatación central: cuando una potencia global abandona, relativiza o manipula el lenguaje de los derechos humanos, no solo debilita los marcos multilaterales, sino que habilita conductas imitativas en Estados con democracias frágiles o instituciones erosionadas. En América Latina, esta dinámica ha operado como un efecto cascada, en el que gobiernos de distinto signo ideológico han encontrado en la retórica y las políticas de Washington una coartada para endurecer controles internos, reprimir la protesta social y restringir libertades fundamentales.
Uno de los ámbitos más evidentes es el uso expansivo de marcos de seguridad nacional. Human Rights Watch documenta que varios gobiernos latinoamericanos han adoptado discursos y prácticas inspiradas en la lógica del “orden” y la “mano dura” promovida por Trump, utilizando la criminalización de la protesta, la militarización del espacio público y el fortalecimiento de fuerzas de seguridad sin mecanismos de rendición de cuentas como herramientas de control político. En este contexto, la defensa de la seguridad se convierte en un argumento para suspender derechos, normalizando estados de excepción de facto.
Human Rights Watch sitúa este patrón en gobiernos que, en el contexto del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y del debilitamiento deliberado del lenguaje internacional de derechos humanos por parte de Washington, han intensificado prácticas represivas invocando soberanía, seguridad o control del orden interno. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha profundizado el régimen de excepción permanente, con detenciones masivas sin debido proceso, suspensión prolongada de garantías constitucionales y encarcelamiento sistemático de sectores empobrecidos, en un contexto internacional donde la agenda de “mano dura” promovida por Trump reduce la presión externa sobre este tipo de políticas. En Guatemala, la persecución judicial contra fiscales, jueces y periodistas independientes se ha visto reforzada por un clima regional en el que Estados Unidos ha dejado de priorizar la defensa del Estado de derecho como condición de cooperación política. En Honduras, Human Rights Watch ha advertido sobre el uso recurrente de fuerzas de seguridad contra protestas sociales y comunidades indígenas, en un escenario en el que la política estadounidense privilegia la estabilidad y el control migratorio por sobre las garantías de derechos. En Ecuador, la expansión de estados de excepción, la militarización del espacio público y la normalización de detenciones arbitrarias bajo el discurso de la guerra contra el crimen organizado han sido observadas como parte de una tendencia regional que encuentra legitimación indirecta en el giro securitario impulsado desde Washington. En Perú, tras la crisis política de 2022, el uso de la fuerza letal contra manifestantes y la criminalización de la protesta social se desarrollaron en un contexto internacional menos exigente, donde la administración Trump ha mostrado desinterés por sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos aliados. En todos estos casos, la organización subraya que las políticas de Trump no originan los abusos, pero reducen drásticamente el costo político internacional de cometerlos, debilitando los mecanismos de contención regional y global.
Las políticas migratorias constituyen otro eje clave. El endurecimiento extremo del enfoque estadounidense hacia migrantes y solicitantes de asilo ha sido replicado o adaptado por gobiernos de la región, que han reforzado detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas y prácticas contrarias al derecho internacional. Human Rights Watch señala que estas medidas no solo vulneran derechos básicos, sino que transforman a las personas migrantes en chivos expiatorios de crisis económicas y sociales, reproduciendo un patrón de exclusión racializada y clasista.
La retórica antiinstitucional promovida desde Washington también ha tenido efectos directos sobre la independencia judicial y la libertad de prensa en América Latina. Según Human Rights Watch, la deslegitimación sistemática de tribunales, organismos de control y medios críticos ha sido adoptada por líderes regionales para debilitar contrapesos democráticos. Cuando el ataque a jueces, periodistas y defensores de derechos humanos se normaliza en el discurso de una potencia global, se reduce el costo político de replicarlo a escala nacional.
Desde una perspectiva regional, Human Rights Watch subraya que este fenómeno se agrava por la debilidad del sistema interamericano de derechos humanos. La presión ejercida por Estados Unidos sobre organismos multilaterales, junto con su desinterés por cumplir estándares internacionales, ha erosionado la capacidad de instancias como la Comisión y la Corte Interamericana para actuar como freno efectivo frente a abusos estatales. En este escenario, los gobiernos latinoamericanos encuentran menos obstáculos externos para avanzar en políticas regresivas.
La organización advierte que el problema no radica únicamente en decisiones concretas, sino en un cambio de clima normativo. La era Trump ha contribuido a instalar la idea de que los derechos humanos son negociables, secundarios o subordinados a intereses de seguridad, soberanía o crecimiento económico. En América Latina, donde la historia reciente está marcada por dictaduras, conflictos armados internos y violencia estatal, esta flexibilización del marco normativo tiene consecuencias especialmente graves.
Human Rights Watch enfatiza que la responsabilidad de estos retrocesos no puede ser atribuida únicamente a Estados Unidos. Los gobiernos latinoamericanos son actores soberanos y responsables de sus propias decisiones. Sin embargo, el rol de Washington como referente político y geoestratégico amplifica el impacto de sus políticas. Cuando el principal promotor histórico del discurso de derechos humanos abandona ese rol, deja un vacío que es rápidamente ocupado por lógicas autoritarias.
Este proceso revela una contradicción profunda del orden global contemporáneo. Los derechos humanos son invocados selectivamente como herramienta de presión geopolítica, pero abandonados cuando interfieren con proyectos de poder. En América Latina, esta instrumentalización se traduce en una reconfiguración del autoritarismo, ya no necesariamente ligado a golpes militares clásicos, sino a democracias degradadas que operan mediante legalidades formales y violencias normalizadas.
El informe de Human Rights Watch concluye con una advertencia clara: mientras no exista una respuesta coordinada que reafirme los derechos humanos como límite innegociable del poder estatal, el retroceso continuará profundizándose. En América Latina, donde las desigualdades estructurales y la debilidad institucional son persistentes, el costo humano de esta deriva será alto y duradero.
Lo que está en juego no es solo la calidad democrática de la región, sino la vigencia misma del principio de que los derechos humanos no dependen del humor político de una potencia ni de la conveniencia coyuntural de los gobiernos. Cuando ese principio se quiebra, la excepción deja de ser una anomalía y se convierte en norma.
