En enero de 2026, tras una serie de naufragios en el Mediterráneo central que dejaron cerca de mil personas muertas o desaparecidas, la situación de las personas migrantes en Túnez entró en una nueva fase de gravedad. Las muertes no ocurrieron en un vacío político ni fueron el resultado exclusivo de condiciones climáticas adversas. Constituyen el desenlace visible de un régimen migratorio diseñado para desplazar la violencia fuera del territorio europeo y convertir el mar en un espacio de gestión letal de la movilidad humana.
Las denuncias realizadas por organizaciones italianas de derechos humanos, entre ellas Mediterranea Saving Humans, Refugees in Libya y redes de monitoreo independientes, apuntan a que, tras los naufragios de enero, fuerzas de seguridad tunecinas intensificaron prácticas de hostigamiento contra personas migrantes subsaharianas. Estas prácticas incluyeron detenciones arbitrarias, redadas en campamentos informales, destrucción de refugios precarios, uso de violencia policial, expulsiones colectivas hacia zonas desérticas o fronterizas y presiones directas para forzar a las personas a embarcarse nuevamente hacia Europa en condiciones manifiestamente peligrosas.
El punto central no es únicamente la violencia ejercida por el Estado tunecino, sino la estructura política que la vuelve funcional. Túnez no actúa como un actor soberano pleno en materia migratoria. Opera como un Estado amortiguador dentro de un sistema de externalización de fronteras impulsado por la Unión Europea desde al menos la década de 2010 y reforzado tras la crisis migratoria de 2015. En este sistema, países del norte de África son transformados en gestores de contención a cambio de financiamiento, acuerdos comerciales, cooperación energética y reconocimiento diplomático.
La externalización fronteriza permite a Europa preservar internamente su retórica liberal y garantista mientras desplaza la coerción, la ilegalidad y la muerte hacia espacios periféricos. La frontera deja de ser una línea jurídica y se convierte en una cadena de violencia distribuida. Cada actor puede alegar que solo cumple una función técnica, pero el resultado agregado es un régimen de muerte sistemática.
En el caso tunecino, esta dinámica se intensifica en un contexto de crisis económica profunda, endeudamiento estructural, inflación, desempleo y debilitamiento institucional. El gobierno del presidente Kais Saied, enfrentado a un deterioro de legitimidad interna, ha recurrido crecientemente a discursos nacionalistas, soberanistas y racializados. Las personas migrantes subsaharianas han sido construidas como amenaza demográfica, económica y cultural, funcionando como chivo expiatorio en un escenario de colapso social.
La violencia contra migrantes no es un exceso accidental. Cumple funciones políticas precisas. Internamente, canaliza el malestar social hacia un enemigo vulnerable y desprovisto de derechos. Externamente, demuestra eficacia represiva ante socios europeos, especialmente Italia, uno de los principales impulsores de acuerdos bilaterales de contención migratoria con Túnez en los últimos años. Estos acuerdos, negociados en paralelo a paquetes de ayuda financiera y cooperación energética, condicionan explícita o implícitamente el apoyo europeo a la capacidad tunecina de frenar salidas hacia Sicilia y el sur de Europa.
Resulta fundamental rechazar la lectura que presenta esta situación como una mera violación de derechos humanos localizada en Túnez. Ese enfoque reproduce una narrativa colonial en la que el sur aparece como espacio de barbarie y el norte como juez moral externo. La pregunta políticamente honesta es otra: quién se beneficia de que las muertes ocurran antes de que las personas lleguen a suelo europeo.
La respuesta es estructural. Cada persona que muere en el Mediterráneo central reduce la presión política interna en los países europeos. Cada expulsión ilegal en territorio tunecino evita un procedimiento de asilo, una obligación jurídica, un debate parlamentario y un costo político. El mar funciona como una fosa común externalizada, gestionada indirectamente por Estados que se proclaman defensores del derecho internacional.
Las denuncias de que migrantes son forzados a embarcarse tras redadas o amenazas no constituyen una contradicción del sistema, sino su lógica interna. Si el objetivo es que las personas no estén aquí, no importa si mueren en el intento. Importa que desaparezcan del campo de visibilidad europea. La violencia no es un fallo del régimen migratorio contemporáneo. Es su mecanismo operativo.
La responsabilidad internacional no recae exclusivamente en Túnez. La Unión Europea, como bloque, y varios de sus Estados miembros han sido advertidos reiteradamente por organismos de derechos humanos sobre las consecuencias de la externalización fronteriza. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado preocupación por las expulsiones colectivas, el uso de la fuerza y la criminalización de la migración en Túnez. Amnistía Internacional ha documentado patrones de violencia, detenciones arbitrarias y deportaciones ilegales, así como el cierre de facto de vías de asilo tras la suspensión de la actividad del ACNUR en el país en 2024.
Sin embargo, la cooperación europea ha continuado, en muchos casos sin salvaguardias efectivas de derechos humanos. Esta persistencia revela una jerarquía implícita de vidas. Las vidas migrantes, especialmente africanas y racializadas, son tratadas como variables sacrificables en la gestión del orden fronterizo.
Esta crisis no es solo humanitaria. Es profundamente política y económica. La movilidad humana es tratada como amenaza porque pone en cuestión un orden global basado en la desigualdad estructural. Las personas migran no por elección abstracta, sino como consecuencia de guerras, extractivismo, cambio climático, endeudamiento y colapso de economías periféricas, muchas de ellas vinculadas históricamente a políticas impulsadas desde el norte global.
Mientras estas causas estructurales no sean abordadas, las fronteras seguirán produciendo muerte como forma de gobierno. Túnez no es una anomalía. Es un nodo visible de un sistema que necesita la violencia para sostenerse sin asumir su costo político directo.
Lo que está en juego en el Mediterráneo central no es únicamente la suerte de miles de personas migrantes. Es la normalización de un modelo geopolítico en el que el norte global preserva su estabilidad interna desplazando la muerte hacia el sur, sin asumir responsabilidad jurídica, moral ni histórica. Nombrar esta arquitectura de poder no es una opción retórica. Es una obligación política.