La reciente reforma del Código Penal en Malí marca un punto de inflexión crítico para los derechos humanos en el país y, en particular, para la situación de las personas LGTBIQ+. Al criminalizar explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo, el Estado no solo introduce una nueva figura penal, sino que redefine el marco de legitimidad social, habilitando un clima de persecución, miedo y violencia estructural que trasciende el ámbito jurídico.

El cambio legal no puede ser entendido como una simple modificación normativa. Opera como un acto político performativo: al convertir determinadas identidades y vínculos afectivos en delito, el Estado envía una señal clara a la sociedad sobre quiénes quedan fuera del cuerpo legítimo de la nación. En ese gesto, la ley no se limita a sancionar conductas, sino que produce sujetos vulnerables, expuestos y desprotegidos.

Desde la entrada en vigor de la reforma, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han documentado un aumento de arrestos arbitrarios, extorsiones y amenazas contra personas percibidas como LGTBIQ+, incluso en ausencia de pruebas materiales. La sola sospecha, el rumor o la denuncia informal se han vuelto suficientes para justificar detenciones, abusos policiales y chantajes, tanto por parte de agentes del Estado como de actores privados que actúan amparados por el nuevo marco legal.

La criminalización ha tenido además un efecto inmediato sobre el tejido social. Espacios que funcionaban como redes informales de apoyo, encuentro o refugio han sido desmantelados o forzados a operar en la clandestinidad. La reducción de estos espacios seguros no es un daño colateral, sino una consecuencia directa de la ley: cuando la existencia misma de un grupo se vuelve ilegal, toda forma de organización colectiva se transforma en riesgo penal.

Este proceso se inscribe en un contexto político más amplio marcado por el avance de discursos nacionalistas, moralizantes y autoritarios. En Malí, como en otros países del Sahel, la instrumentalización de valores “tradicionales” y de una identidad nacional homogénea se ha convertido en una herramienta de legitimación del poder. La estigmatización de las personas LGTBIQ+ cumple una función precisa en ese esquema: ofrece un enemigo interno fácilmente identificable, desvía la atención de crisis estructurales más profundas —inseguridad, pobreza, corrupción, colapso institucional— y refuerza una narrativa de orden y pureza social.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la reforma viola principios fundamentales del derecho internacional, incluidos el derecho a la privacidad, a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por orientación sexual o identidad de género. Pero su impacto va más allá de la vulneración jurídica: consolida una jerarquía de vidas, donde ciertas existencias son declaradas menos dignas de protección, e incluso prescindibles.

El efecto psicológico y social sobre las personas LGTBIQ+ es profundo. El miedo a ser denunciado, detenido o agredido limita el acceso a servicios básicos, incluidos salud y justicia. En particular, la criminalización dificulta el acceso a programas de prevención y tratamiento del VIH, ya que acudir a un centro de salud puede implicar exponerse a represalias. De este modo, la ley no solo castiga identidades, sino que produce daños indirectos en términos de salud pública.

La comunidad internacional ha reaccionado con condenas y llamados a revertir la reforma, pero el margen de presión externa es limitado en un contexto en el que el gobierno maliense ha profundizado su distanciamiento de marcos multilaterales y ha reforzado un discurso soberanista que presenta toda crítica internacional como injerencia extranjera. En este escenario, las personas LGTBIQ+ quedan atrapadas entre un Estado que las criminaliza y una comunidad internacional cuya capacidad de protección efectiva es cada vez más débil.

Lo que ocurre hoy en Malí no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia en la que gobiernos en crisis recurren a la penalización de identidades para reafirmar control político. La criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo no resuelve ningún problema estructural del país, pero sí produce un orden simbólico claro: define quién pertenece y quién puede ser excluido sin costo.

En ese sentido, la reforma penal no solo representa un retroceso en materia de derechos LGTBIQ+, sino una señal de alarma más amplia sobre el deterioro del Estado de derecho en Malí. Cuando una ley convierte la existencia de un grupo en delito, lo que está en juego no es únicamente la seguridad de una minoría, sino la arquitectura misma de los derechos humanos como límite al poder.