Durante décadas, Canadá fue presentado como el antídoto tranquilo frente a la radicalización política estadounidense: federalismo estable, reconocimiento formal de los pueblos originarios, cultura institucional sobria. Esa imagen acaba de resquebrajarse en Alberta, donde una crisis política aparentemente provincial empieza a adquirir contornos internacionales inquietantes.

La declaración pública de las Primeras Naciones de los Tratados 6, 7 y 8 —exigiendo la renuncia de la primera ministra Danielle Smith y denunciando la promoción de un proyecto separatista inconstitucional— no es un gesto simbólico ni una disputa local. Es una señal de alarma temprana. Y la pregunta que ya circula en círculos diplomáticos y académicos es incómoda pero legítima: ¿está Alberta convirtiéndose en un nuevo laboratorio del trumpismo fuera de Estados Unidos?

El hecho

El detonante inmediato es la reforma legal impulsada por el gobierno de Danielle Smith que facilita la convocatoria de referendos provinciales. Aunque el texto no menciona explícitamente la independencia, sectores separatistas la interpretaron como una luz verde para intentar un referéndum de secesión de Alberta del Estado canadiense.

Frente a ello, los jefes de las Primeras Naciones fueron categóricos: cualquier intento de separación sería ilegal, inconstitucional y violatorio de los tratados históricos firmados con la Corona, que preceden a la existencia misma de Alberta como provincia. En ese contexto, acusaron a la premier de legitimar activamente un proyecto que amenaza el orden constitucional y exigieron su renuncia.

La dureza del lenguaje —incluida la frase viral “cuando este referéndum sea derrotado, con gusto la acompañaré a la frontera”— no expresa violencia, sino ruptura política. Una ruptura que ya no es reversible con comunicados tibios.

El marco más amplio

El conflicto no puede entenderse sin observar el contexto internacional. Desde el retorno de Donald Trump al centro de la escena política estadounidense, se ha reactivado una lógica conocida: debilitamiento del federalismo, exaltación de soberanías fragmentarias, desprecio por el derecho constitucional, instrumentalización del resentimiento regional y ataque directo a los pueblos originarios como “obstáculos” para el desarrollo.

Alberta presenta todos los ingredientes clásicos de ese guión.

Una élite política que se presenta como víctima de un “Estado central opresor”.
Un discurso anti-federal alimentado por la industria extractiva.
Un rechazo explícito a regulaciones ambientales y fiscales.
Una narrativa de “soberanía” provincial desvinculada del derecho y de la historia.

Este no es un fenómeno aislado. Es la traducción canadiense de una matriz ideológica exportable.

¿Hay conexión con Trump?

No hay, por ahora, prueba documental directa de coordinación formal con el entorno de Donald Trump. Pero el análisis serio no se limita a transferencias de dinero o reuniones secretas. La influencia política opera hoy por vasos comunicantes ideológicos.

Danielle Smith ha mostrado afinidad abierta con posiciones trumpistas: confrontación con el gobierno federal, desprecio por el consenso científico, retórica anti-élites, defensa radical del extractivismo y normalización del discurso de ruptura institucional como herramienta de presión política.

Lo que se observa en Alberta es coherente con el manual trumpiano: no importa ganar el referéndum; importa erosionar el marco legal, polarizar a la sociedad y forzar al Estado a negociar desde el caos.

Las primeras naciones como límite

Aquí aparece el elemento que incomoda profundamente a esa estrategia: los pueblos originarios.

A diferencia de otros escenarios separatistas, Alberta no puede borrar su historia fundacional. Los tratados no son folklore ni símbolo: son derecho constitucional vigente. Y las Primeras Naciones lo recordaron con claridad demoledora: sin tratados, Alberta no existe.

Este es el punto que el trumpismo —en cualquiera de sus versiones— no sabe manejar. Los pueblos indígenas no encajan en la narrativa de soberanía simplificada, porque introducen memoria, legalidad y límites.

Riesgo sistémico

Si el gobierno de Alberta persiste en coquetear con el separatismo, el conflicto escalará inevitablemente a tres niveles.

Choque directo con la Corte Suprema de Canadá.
Reapertura de la soberanía indígena sobre tierras bajo tratado.
Debilitamiento de la imagen de Canadá como Estado de derecho estable.

Este último punto no es menor. En un mundo donde los proyectos autoritarios buscan expandirse por contagio ideológico, Alberta podría convertirse en el primer caso de desestabilización institucional seria dentro del G7 provocada desde una provincia.

Conclusión

No se trata solo de Danielle Smith. Ni siquiera solo de Alberta. Lo que está en juego es si Canadá permite que una lógica importada —la del trumpismo como método— erosione su arquitectura constitucional desde dentro.

Las Primeras Naciones han hecho lo que el derecho y la historia les permiten: trazar una línea roja.

La pregunta ahora es si el Estado canadiense sabrá leerla antes de que el experimento se salga de control.