Estamos ante una crisis humanitaria sin igual. Las aguas que hoy engullen casas, carreteras y vidas no son solo un acontecimiento meteorológico; son también el espejo de un país expuesto en sus fragilidades más profundas. Las lluvias y las inundaciones pertenecen al orden de la naturaleza, se repiten a lo largo de los siglos y forman parte del ciclo de la tierra. Son conocidas. Lo que no pertenece a la naturaleza es el abandono. Lo que no es inevitable es la falta de preparación de un Estado que, habiendo sido elegido para proteger a su pueblo, se revela incapaz de hacerlo en los momentos más decisivos.
Se dice con frecuencia que en tiempos de tragedia no es hora de señalar culpables. Hay algo de verdad en ello: el dolor exige primero solidaridad, refugio, pan y rescate. Pero la compasión no puede servir de mordaza a la conciencia. Cerrar los ojos a las responsabilidades políticas sería transformar el sufrimiento colectivo en un ritual vacío, condenado a repetirse en la próxima estación de lluvias. La naturaleza provoca las inundaciones; la negligencia las transforma en catástrofe.
Hace décadas que se alerta sobre la necesidad de planificación urbana, sistemas de drenaje, políticas serias de vivienda y protección civil. Se sabe dónde se desbordan los ríos, se conocen las zonas de riesgo. Sin embargo, cada año el país parece sorprendido por la misma tragedia anunciada. Como si la memoria institucional se borrara con el descenso de las aguas.
Esta amnesia selectiva tiene rostro y tiene nombre: es la incompetencia administrativa, es la prioridad dada a intereses privados en detrimento del bien común, es la política entendida como negocio y no como servicio.
Mientras familias enteras duermen en centros de acogida improvisados, mientras los niños pierden cuadernos, ropa y el propio suelo de su infancia, los discursos oficiales repiten lugares comunes sobre «calamidades imprevisibles». Pero nada de esto es verdaderamente imprevisible. Lo único imprevisible es el grado de indiferencia con que se naturaliza la desgracia de los más pobres. Las inundaciones revelan la geografía social del país: afectan sobre todo a quienes siempre vivieron al margen, a quienes construyeron en los suburbios sin infraestructuras, a quienes nunca tuvieron acceso a una política pública digna de ese nombre.
Un gobierno electo no es solo un gestor de ceremonias; es un guardián de la vida colectiva. Cuando falla en la prevención, cuando no invierte en sistemas de alerta, cuando permite que la corrupción devore los recursos destinados a la protección social, deja de cumplir su pacto fundamental con el pueblo. La legitimidad política se mide precisamente en estos momentos de prueba. No basta con visitar zonas inundadas con cámaras de televisión y un niño en brazos; hay que haber llegado allí antes de la tormenta, con obras, planes y respeto por los ciudadanos.
La crisis que atravesamos es, por tanto, doble: natural y moral. Las aguas bajarán, pero la pregunta permanecerá: ¿qué país queremos reconstruir sobre este lodo? ¿Un país que sigue tratando los desastres como fatalidad, o un país que asume la responsabilidad histórica de proteger a los suyos? La respuesta no puede venir solo de los palacios del poder. Tiene que nacer de la sociedad, de las comunidades afectadas, de una ciudadanía que se niegue a ser reducida a víctima silenciosa.
Solidaridad hoy, sí. Pero mañana también verdad, justicia y exigencia democrática. Porque ninguna lluvia, por más violenta que sea, explica la ausencia de puentes, de hospitales preparados, de refugios dignos. La naturaleza nos pone a prueba; la política nos revela. Y lo que ha revelado es que el mayor diluvio no es el de las nubes, sino el de la irresponsabilidad humana.
