La Ley Naín-Retamal: Revictimización para víctimas del Estallido Social y el Wallmapu

La reciente absolución del excarabinero Claudio Crespo, responsable del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019 durante el estallido social, no es un hecho aislado. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago aplicó retroactivamente la Ley 21.560 —conocida como Ley Naín-Retamal—, reconociendo que Crespo disparó el proyectil, pero declarándolo «no punible» por presunción de legítima defensa privilegiada. Este fallo, ocurrido el 13 de enero de 2026, reabrió una herida nacional y provocó un quiebre en el oficialismo chileno, con el Partido Socialista (PS) congelando su participación en la coalición por las críticas del PC y el FA a la norma.

Para víctimas como yo —periodista refugiada política en Canadá, asilada por torturas de Carabineros durante el estallido, con lesiones físicas y psicológicas certificadas por el Protocolo de Estambul—, esta ley representa una revictimización institucionalizada. No sólo perpetúa la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos (DDHH) en el estallido social y las represiones en el Wallmapu, sino que consagra una herencia pinochetista en Carabineros y FF.AA.: una estructura que históricamente ha operado con un tratamiento penal privilegiado, difícil de quebrar.

El estallido social de octubre de 2019 dejó un saldo de 464 traumas oculares graves, miles de detenciones arbitrarias, torturas y al menos 10.796 denuncias por violencia institucional hasta 2021. En paralelo, el Wallmapu (territorio indígena mapuche) acumula décadas de militarización, con estados de excepción prolongados y uso desproporcionado de fuerza letal contra comunidades en resistencia y reivindicación territorial.

Carabineros, herederos directos del aparato represivo de la dictadura pinochetista (1973-1990), mantienen una cultura de impunidad arraigada. Durante la dictadura, torturadores fueron amnistiados o reciclados; post‑transición, y las posteriores reformas superficiales no alteraron la doctrina de “enemigo interno”. La ley Naín‑Retamal actualiza esto: presume legítima defensa policial frente a protestas, exige probar “incumplimiento reglamentario” para apremios ilegítimos y protege remuneraciones durante las investigaciones.

La revictimización ocurre cuando el sistema penal reproduce el trauma inicial por omisiones o tratos inadecuados. La ley agrava esto:

– Presunción privilegiada:

Carabineros/Fuerzas Armadas se presumen en legítima defensa al usar la fuerza en establecer el “orden público”, invirtiendo la carga probatoria sobre las víctimas —exigiendo demostrar agresión grave pese a evidencia contraria, como en el caso de Gustavo Gatica (protesta pacífica, en el mayor de los casos, y de autodefensa, en los casos más complejos de delimitar, debido a que la protesta pacífica fue posible sólo gracias al cinturón de resistencia de la denominada «primera línea» de manifestantes que contenía las agresiones arbitratias de Carabineros, tal como quedó demostrado en diversos informes de observadores de derechos humanos).

– Reforma apremios: 

Elimina agravante “bajo custodia estatal” y exige “incumplimiento de reglamentos” (algo muy vago), rebajando penas o absolviendo, como en abusos sexuales a internas (revisión retroactiva rebajó de 3 años a 818 días de pena).

– Retroactividad:

Aplicada al estallido/Wallmapu, absolvió a Crespo pese a la prueba balística; esto beneficia a  130 carabineros formalizados desde el 2019.

Para víctimas de tortura (como yo, con Estambul positivo), significa justicia imposible: la ley blinda a los torturadores, reviviendo el trauma de los hechos y del exilio.

La absolución de Crespo en el caso Gatica detonó la crisis: el Partido Comuninista PC y el Frente Amplio FA critican esta ley como “impunidad”, frente a los cual el PS congeló la alianza oficialista acusando “deslealtad”. Este quiebre expone la fractura de la izquierda entre el grupo del garantismo en DDHH versus los centrados en la seguridad pública a cualquier costo y a todo evento. El gobierno de Gabriel Boric, que tramitó ley, enfrenta ahora un mea culpa de los oficialistas, mientras que en particular el FA desdramatiza esto como una “pataleta -bertinche- del PS”, soslayando la dimensión humana que impacta en la ciudadanía.

Carabineros conserva una doctrina contrainsurgente pinochetista: el supuesto “enemigo interno” justificaría la fuerza letal (estallido/Wallmapu). La Ley Naín‑Retamal (que se llama así en virtud de dos Carabineros asesinados en función policial), más unas 70 normas similares (leyes sobre estados excepción, leyes sobre infraestructura crítica, etc.), lo que hacen en la práctica en su conjunto, es que militarizan territorios, normalizando los disparos a la población civil desarmada como “defensa”.

En Chile el pinochetismo vive: aún hay y prosperan pactos de silencio militar y amnistías implícitas. La Ley Naín‑Retamal se constituyó como un retroceso en materia de derechos humanos, en una respuesta política a un tema delicado de responsabilidad frente al orden público y a los conflictos sociales, y representa un quiebre social difícil, al priorizar el “respaldo irrestricto” al actuar de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, por sobre sobre la verdad y la justicia.

En el caso Gustavo Gatica, el Cuarto Tribunal Oral invocó explícitamente la Ley Naín‑Retamal para absolver a Claudio Crespo, pese a confirmar que su escopeta antidisturbios disparó el proyectil que lo cegó (aunque Crespo siempre lo negó, pues mentir es otra práctica muy común en Carabineros). El razonamiento judicial giró en torno al principio de in dubio pro reo —en caso de duda, a favor del acusado— pero sesgado hacia el policía por la presunción automática de legítima defensa: el tribunal interpretó la participación de Gatica en la protesta como una “agresión” que justificaba el disparo, y señaló que no se acreditó el “incumplimiento de reglamentos internos” exigido por la reforma a los apremios ilegítimos. Amnistía Internacional y el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), han declarado que, sin esta presunción privilegiada y los nuevos requisitos probatorios de la ley, la evidencia balística y el contexto de una manifestación mayoritariamente pacífica habrían permitido una conclusión punitiva por apremios ilegítimos o lesiones graves.

La Ley Naín‑Retamal no es un mero ajuste normativo, sino un mecanismo estructural de revictimización que silencia a víctimas del estallido social y las represiones en el Wallmapu, al tiempo que perpetúa la herencia pinochetista de impunidad en Carabineros y las Fuerzas Armadas. Al consagrar una presunción privilegiada de legítima defensa y endurecer la carga probatoria contra las víctimas, la norma transforma el dolor individual en una derrota colectiva, haciendo casi imposible la justicia por torturas, traumas oculares y letalidad desproporcionada. El quiebre oficialista —con el PS congelando su alianza ante críticas del PC y el FA— no es un mero roce político, sino el síntoma de una crisis profunda en la izquierda chilena: la tensión irresuelta entre la agenda de seguridad pública y el imperativo de derechos humanos, heredado del estallido y la transición democrática inconclusa. Como periodista refugiada política en Canadá, asilada por torturas infligidas por Carabineros durante el estallido social —con lesiones físicas y psicológicas certificadas por el Protocolo de Estambul—, mi exilio es la prueba viviente de esta dinámica perversa. Salí de Chile con documentación irrefutable, pero la absolución de Crespo en el caso Gatica y leyes como esta me condenan a un regreso imposible, donde la impunidad no solo niega justicia, sino que amenaza repetición. Exijo verdad integral sobre violaciones sistemáticas; reparación efectiva para las víctimas silenciadas; y garantías de no repetición mediante el desmantelamiento la doctrina contrainsurgente de Carabineros. Chile no será una democracia plena mientras su aparato represivo permanezca blindado por herencias y repeticiones del pasado.