Cuando la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, lanzó su pregunta al corazón del orden financiero global —¿por qué la flexibilización cuantitativa fue un anatema para el Sur hasta que el G7 la necesitó?— no formuló una consulta técnica. Descargó un desafío moral sobre la mesa de quienes gobiernan la economía mundial. Su interrogante es el dedo que señala la herida supurante de nuestro sistema: la hipocresía estructural como principio de gobierno financiero.

A continuación damos curso a la traducción de la breve entrevista a Mia Amor Mottley, difundida en Youtube, sobre la “flexibilización cuantitativa”. En ella la Primer Ministro de Barbados, cuestiona las visiones dominantes y explica el impacto de esta doble moral o doble rasero. Se pregunta por que la «flexibilización cuantitativa crediticia» no es «recomendable» para los países  donde más grande son las necesidades.

7 de enero de 2026, 23:57

«¿Cómo es posible que la flexibilización cuantitativa no se recomendara a los países de todo el mundo antes de la COVID, pero que, en cuanto llegó la COVID, los países del G7 llevaran a cabo el mayor ejercicio de flexibilización cuantitativa jamás conocido?
¿Cómo es posible que Ghana y otros países de África estén endeudándose a tipos de interés que multiplican varias veces los de los países europeos, en circunstancias en las que las necesidades son mayores y en las que no existe una explicación clara?Pueden hablarme de activos seguros y pueden envolverlo todo en lenguaje técnico, pero, cuando todo está dicho y hecho, lo que existe es una disparidad fundamental.
«¿Cómo es posible que la flexibilización cuantitativa no se recomendara a los países de todo el mundo antes de la COVID, pero que, en cuanto llegó la COVID, los países del G7 llevaran a cabo el mayor ejercicio de flexibilización cuantitativa jamás conocido?
¿Cómo es posible que Ghana y otros países de África estén endeudándose a tipos de interés que multiplican varias veces los de los países europeos, en circunstancias en las que las necesidades son mayores y en las que no existe una explicación clara?
Pueden hablarme de activos seguros y pueden envolverlo todo en lenguaje técnico, pero, cuando todo está dicho y hecho, lo que existe es una disparidad fundamental.»

Durante décadas, al Sur Global —a África, a América Latina, a buena parte de Asia— se le negó el derecho a utilizar herramientas monetarias expansivas. El mantra era único: prudencia, estabilidad, riesgo. Se nos impusieron tasas de interés exorbitantes, programas de austeridad draconianos y una vigilancia asfixiante, todo bajo la amenaza del caos inflacionario y el colapso fiscal. Éramos alumnos indisciplinados a los que había que imponerle un rigor que, al parecer, solo nosotros necesitábamos.

Luego llegó la COVID-19. Y ocurrió el acto de magia más cínico de la historia económica reciente. Cuando el virus golpeó a las metrópolis del G7, el «riesgo» desapareció. De la noche a la mañana, los bancos centrales de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido crearon billones de dólares y euros de la nada. Compraron su propia deuda masivamente, inundaron los mercados de liquidez y socializaron pérdidas a una escala planetaria. Y el mundo no se acabó. La inflación, cuando llegó, se manejó. El apocalipsis que nos pronosticaban a nosotros para justificar la austeridad, para ellos fue solo un problema de gestión.

La pregunta arde en el aire: si este instrumento es seguro y eficaz para los poderosos, ¿por qué se convierte en un crimen cuando lo necesitan los demás? Aquí es donde la farsa del «riesgo país» queda expuesta y desnuda. Nos dicen que los intereses estratosféricos que pagan Mozambique, Ecuador o Pakistán son el precio justo de su «riesgo». Una categoría técnica, neutra, inevitable. Pero rasquemos la superficie de esos créditos.

¿A qué van destinados? A menudo, a financiar infraestructuras extractivas, puertos estratégicos, corredores logísticos y redes energéticas que conectan las materias primas del Sur con los mercados y fábricas del Norte. Y, ¿quién construye, opera y se beneficia? Mayoritariamente, consorcios y empresas del G7 y el G20. Los contratos están blindados por cláusulas leoninas. Los flujos de ingresos, garantizados. Los activos, bajo control extranjero. Los riesgos operativos y políticos, externalizados hacia el Estado receptor.

Es decir, el prestamista ya controla la infraestructura, ya asegura su retorno, ya dicta las condiciones… y aún así, cobra un premio por un «riesgo» que no corre. El riesgo no desaparece; se traslada por completo a los hombros del Estado deudor, su población y su soberanía económica. Es un riesgo invertido: el que asume el endeudado es infinitamente mayor que el del acreedor.

Este es el núcleo del escándalo: un doble estándar monetario que es, en esencia, un instrumento de control neocolonial.

Mientras el Banco Central Europeo compra deuda de Italia o Grecia para calmar los mercados, a Zambia o Sri Lanka se les exige, para recibir un rescate, desmantelar su sanidad pública, vender sus activos nacionales y entregar las riendas de su política económica a burócratas de Washington o Fráncfort. Unos socializan el riesgo para proteger a sus ciudadanos; otros deben privatizar su soberanía para sobrevivir, financiando además proyectos que enriquecen a quienes les prestan caro.

No es una disparidad técnica. Es una jerarquía política. Es un sistema diseñado para extraer renta, asegurar beneficios y disciplinar a los disidentes. El «riesgo país» es la coartada elegante de una arquitectura de saqueo. Un neocolonialismo sin soldados, pero con abogados, economistas y contratos de derivados.

Por eso la pregunta y argumentación de Mottley cae potente como un martillo: —¿quién corre realmente el riesgo y el coste?
Y si la respuesta honesta es que no lo corre el prestamista, entonces la última pregunta es la más incómoda, la más necesaria, la que debe guiar nuestra indignación y nuestra acción:, —¿Por qué demonios seguimos pagando como si lo corriera?

El silencio que sigue a esta pregunta no es de perplejidad. Es la confirmación de que el orden financiero global no se basa en la ciencia económica, sino en la ley del más fuerte. Y toda ley injusta merece, antes que obediencia, una resistencia tenaz. La batalla por la justicia financiera no es técnica. Es profundamente política. Y ha comenzado.

Esta batalla, efectivamente, ya ha trascendido el ámbito de los diagnósticos y las denuncias. Se está librando en el terreno concreto de la arquitectura financiera alternativa. Las estructuras emergentes, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS, creado precisamente para financiar infraestructuras y proyectos de desarrollo sin las condicionalidades predatorias del viejo orden. Es decir, prestamos ajustados:

  • sin exigir programas de ajuste y austeridad,
  • sin forzar recortes en servicios básicos,
  • sin imponer la privatización de activos estratégicos y
  • sin la injerencia de una supervisión externa, de los intereses o inversiones bajo control G7/G20, que suelen asumir el control económico o incluyen el despliegue de vigilancia militar o paramilitar (bases).

Estas instituciones o instrumentos de colaboración económico representan un desafío político directo, puesto que al país receptor tampoco se le interviene en asuntos de política interna o a adoptar posturas en política externa (a conveniencia del prestamista). Son un intento institucional de reescribir las reglas del juego.

Del mismo modo, en el Caribe, los esfuerzos de integración y mutualización financiera dentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se basan en principios de soberanía y cooperación, no en la condicionalidad extractiva. Estas no son meras siglas o burocracias; son trincheras en la contienda geopolítica por la justicia económica y la colaboración sectorial.

La lucha por la justicia financiera no es técnica. Es profundamente política, y ha comenzado en los pasillos del Nuevo Banco de Desarrollo, en las cumbres de la unidad caribeña y en cada foro donde los históricamente excluidos se organizan para, por fin, dejar de pedir permiso y empezar a construir alternativas.