Reproducimos el comunicado de prensa del Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia sobre las medidas cautelares contra Mohammed Hannoun y otros activistas pro-palestinos.
Expresamos nuestra fuerte perplejidad ante las medidas cautelares emitidas contra Mohammed Hannoun y otros activistas comprometidos en actividades de solidaridad con la población palestina.
Los fundamentos de la acusación (de la Fiscalía o el “Pubblico Ministero”) presenta un elemento de crítica excepcional: dado que una parte relevante de los cargos se basa en documentación producida por el Ejército Israelí, en el curso de operaciones militares realizadas en la Franja de Gaza. Dichos materiales han sido aceptados como pruebas documentales (inusualmente) sin un adecuado examen de imparcialidad, fiabilidad y verificabilidad.
Israel no es un sujeto neutral ni una simple «parte en conflicto». Es un Estado actualmente sometido a escrutinio por genocidio ante la Corte Penal Internacional, destinatario de medidas provisionales vinculantes.
Este dato jurídico no puede ser ignorado cuando sus Fuerzas Armadas producen material ‘probatorio’ destinado a incidir en la libertad personal de ciudadanos residentes en Italia.
Se trata de documentos formados en un contexto radicalmente incompatible con las garantías del debido proceso (tutela judicial efectiva): se configura ausencia de contradicción, producción unilateral y procedencia de un aparato militar directamente implicado en crímenes de guerra objeto de investigación internacional.
Su uso determina un peligroso deslizamiento, desde la cooperación judicial hacia la recepción acrítica de inteligencia militar.
Particularmente alarmante es la calificación de actividades de asistencia humanitaria como «financiación al terrorismo», basada en la inclusión de las organizaciones beneficiarias en listas elaboradas por un Gobierno extranjero.
De este modo, el etiquetado político tiende a sustituir a la comprobación judicial: si un sujeto es definido por el Ejército israelí como «familiar de un terrorista», dicha calificación parece asumirse como presupuesto de relevancia penal, sin una verificación autónoma e independiente por parte de la Autoridad Judicial italiana competente.
En este marco, la acción penal parece doblegarse a una relectura unitaria e incluso retroactiva de más de veinte años de actividad humanitaria, en el intento de atribuir relevancia penal a hechos ya objeto de sobreseimientos previos.
El uso de presuntos «nuevos elementos», proporcionados por el Ejército israelí después del 7 de octubre de 2023, parece configurar un clima de emergencia interpretativa que arriesga arrasar los principios de legalidad y de certeza del derecho (tutela judicial efectiva y principios similares), proyectando retroactivamente una sospecha penal sobre conductas nacidas como formas de solidaridad absolutamente lícitas.
Lo que se perfila es un caso paradigmático de lawfare [guerra jurídica]: el uso del derecho penal como instrumento de proyección de una estrategia política y militar externa, en el que la inteligencia de un Estado acusado de genocidio termina orientando las evaluaciones de un tribunal de la República Italiana.
Constituye un cortocircuito institucional que pone en tela de juicio la soberanía de la función jurisdiccional. Exhortamos por tanto a la magistratura al respeto riguroso de los principios de autonomía e independencia.
La comprobación penal no puede basarse en pruebas producidas por un aparato militar inmerso en un conflicto armado, ni en clasificaciones políticas asumidas como verdades judiciales.
En juego no está solamente la posición de los investigados, sino la solidez misma del Estado de derecho y la frontera, cada vez más frágil, entre Justicia y guerra jurídica.
Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia
