Un comunicado urgente de Médicos Sin Fronteras informó que, en apenas dos semanas, 167 personas fueron atendidas con heridas graves provocadas por ataques con drones en zonas civiles de Sudán. Tórax perforados, cráneos fracturados, amputaciones infantiles. Lo que el parte médico describe en términos clínicos expone algo más profundo: la consolidación de una forma de guerra tecnológica que opera sobre población civil en un conflicto relegado por la agenda internacional.

En Sudán, el dato no es menor ni aislado. Médicos Sin Fronteras documentó que sus equipos han tratado 167 heridos graves en un período de dos semanas, con lesiones compatibles con explosiones de municiones lanzadas por drones en áreas civiles. Las descripciones no dejan margen para la ambigüedad: heridas penetrantes en tórax y abdomen, traumatismos craneoencefálicos, múltiples fracturas, amputaciones. Entre los casos, un niño de nueve años con metralla en el ojo, fracturas faciales extensas y dos dedos amputados, trasladado a Yamena para cirugía especializada, con alta probabilidad de discapacidad permanente.

El comunicado no es una declaración política. Es un parte clínico ampliado. Y, precisamente por eso, su peso es mayor.

Desde abril de 2023, Sudán enfrenta una guerra abierta entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Lo que comenzó como disputa por el control del aparato estatal derivó en un conflicto urbano prolongado, desplazamientos masivos y colapso del sistema sanitario. En los últimos meses, diversas organizaciones han señalado una escalada en el uso de drones armados en zonas densamente pobladas.

Human Rights Watch ha advertido sobre ataques indiscriminados en áreas residenciales y la utilización de armamento explosivo en entornos urbanos. Amnistía Internacional ha denunciado impactos en infraestructura civil y sanitaria. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reiterado que el principio de distinción y el de proporcionalidad son obligaciones jurídicas vinculantes bajo los Convenios de Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha insistido en que hospitales y personal médico deben ser protegidos en todo momento.

El patrón que describen estas organizaciones converge con el informe médico: explosiones en áreas civiles, víctimas con lesiones por metralla, infraestructura sanitaria desbordada.

El uso de drones introduce una dimensión específica. Se trata de sistemas que permiten atacar sin exponer tropas propias, reducir costos políticos internos y operar a distancia. En el discurso militar contemporáneo, se presentan como instrumentos de precisión. Sin embargo, cuando el resultado reiterado son heridas en niños, amputaciones y traumatismos craneales en barrios residenciales, la precisión deja de ser un atributo técnico y se convierte en una cuestión jurídica.

El Derecho Internacional Humanitario exige distinguir entre objetivos militares y civiles. También prohíbe ataques desproporcionados respecto de la ventaja militar concreta y directa prevista. Cuando los impactos se registran en zonas civiles y los heridos se cuentan por decenas en períodos breves, la obligación no es solo moral: es investigativa. Corresponde determinar si existe patrón, intencionalidad o negligencia sistemática.

Sudán se ha convertido en un espacio donde la tecnología bélica opera con baja visibilidad internacional. A diferencia de otros conflictos, la cobertura mediática es intermitente. La atención diplomática es fragmentaria. La presión política es limitada. Esa combinación produce un terreno propicio para la normalización de prácticas que, en otros escenarios geopolíticamente prioritarios, generarían respuestas más contundentes.

El caso del niño trasladado a Yamena sintetiza la dimensión estructural del conflicto. No solo fue herido por metralla; debió atravesar condiciones extremas para acceder a cirugía especializada fuera del país. El sistema sanitario sudanés, debilitado por años de inestabilidad y agravado por la guerra, no puede absorber el volumen ni la gravedad de los casos.

Cuando un comunicado médico urgente se convierte en la principal fuente de información sobre la escalada tecnológica de una guerra, la señal es clara: el registro humanitario está sustituyendo al registro político. Son las organizaciones médicas y de derechos humanos las que documentan lo que debería estar siendo monitoreado por mecanismos internacionales robustos de investigación.

La frase “la población civil debe ser siempre protegida” no es un recurso retórico. Es la piedra angular del orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si ese principio se erosiona en conflictos periféricos sin consecuencias diplomáticas o judiciales visibles, el sistema en su conjunto se debilita.

Sudán no es solo un conflicto interno prolongado. Es también un espejo de la forma contemporánea de la guerra: externalizada, tecnificada, ejecutada a distancia y soportada, en última instancia, por cuerpos civiles.

El comunicado urgente de Médicos Sin Fronteras no es una nota más en la cronología del conflicto. Es un diagnóstico clínico de una guerra que avanza con drones sobre barrios donde la distinción entre combatiente y niño herido parece haberse desdibujado en la práctica. Y mientras la respuesta internacional permanezca fragmentaria, el parte médico seguirá siendo el documento más preciso para describir la anatomía de esta violencia.