Chile, junto a Brasil y México, impulsa la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas en uno de los momentos más críticos del multilateralismo desde la posguerra. No es solo una postulación política: es una apuesta ética frente al avance del autoritarismo, el desprecio por el derecho internacional y el desmantelamiento deliberado del sistema que sostuvo la convivencia global tras la Segunda Guerra Mundial.
“Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas.” Con esas palabras, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo público un respaldo que trasciende con mucho el gesto diplomático habitual. Boric afirmó además que la expresidenta “encarna fielmente los valores de la ONU” y que esta candidatura expresa una esperanza compartida: “que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”. Subrayó, finalmente, que desde la defensa de la democracia, la gobernanza global, el multilateralismo y los derechos humanos, la región sigue creyendo en un sistema internacional que puede y debe responder con mayor eficacia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global.
La figura de Michelle Bachelet no se comprende desde la neutralidad tecnocrática ni desde el cálculo de poder. Su trayectoria humana está marcada por la violencia política en su forma más brutal. Michelle Bachelet fue secuestrada junto a su madre por agentes de la dictadura chilena, detenida ilegalmente y torturada. Su padre, el general Alberto Bachelet, fue detenido, torturado sistemáticamente y asesinado por agentes del régimen de Augusto Pinochet. Estos hechos no son interpretaciones ni relatos simbólicos: están documentados y confirmados. Bachelet no construyó su carrera política desde la comodidad de la distancia moral, sino desde la experiencia directa del terror de Estado, el exilio forzado y la ruptura radical de la vida democrática.
Esa biografía explica una forma de ejercer el poder que ha sido coherente a lo largo del tiempo. Dos veces presidenta de Chile, impulsó políticas de protección social, ampliación de derechos, igualdad de género y reparación histórica. Más tarde, como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asumió un rol incómodo para gobiernos autoritarios y democracias degradadas por igual, insistiendo en que los derechos humanos no son un discurso ornamental, sino un límite infranqueable al poder.
La candidatura de Bachelet se produce, además, en un momento de extrema fragilidad para la Organización de las Naciones Unidas. El sistema multilateral atraviesa una crisis estructural sin precedentes recientes. No se trata solo de una crisis de legitimidad, sino de una crisis material y política deliberadamente inducida. Estados Unidos ha retirado y condicionado compromisos financieros fundamentales con la ONU, debilitando su capacidad operativa en áreas críticas como ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz y protección de derechos humanos. Este vaciamiento presupuestario no es neutro: es una forma de disciplinamiento político.
Bajo la presidencia de Donald Trump, esta lógica fue expresada sin pudor. Trump sostuvo reiteradamente que no se siente vinculado por la legislación internacional, que no reconoce límites jurídicos externos a su voluntad y que las decisiones de Estados Unidos responden exclusivamente a su propio criterio y a sus intereses nacionales. Esa concepción del poder, donde el derecho internacional es descartado como una molestia prescindible, ha tenido efectos devastadores sobre la arquitectura construida tras la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición del horror.
A este escenario se suma la acción sistemática de gobiernos que, como el de Benjamin Netanyahu, han puesto en jaque principios básicos del derecho internacional humanitario, contribuyendo a la erosión acelerada de los consensos mínimos que sostienen la noción misma de legalidad global. El resultado es un mundo donde la fuerza vuelve a disputarle espacio a la norma, y donde el multilateralismo es atacado tanto desde fuera como desde dentro.
En ese contexto, la postulación de Michelle Bachelet adquiere un sentido que va mucho más allá de su currículum. Es una respuesta política y ética a la pregunta central de nuestro tiempo: si el sistema internacional sobrevivirá como un espacio regido por reglas comunes o si será definitivamente reemplazado por la ley del más fuerte. Que esta defensa recaiga en una mujer no es un detalle menor. En un mundo donde el autoritarismo se expresa cada vez más como violencia, exclusión y desprecio por la vida civil, la figura de Bachelet representa la insistencia en que la civilidad no es debilidad, sino una forma superior de poder.
Chile, junto a Brasil y México, no está solo promoviendo una candidatura. Está tomando posición. Está afirmando que América Latina y el Caribe no aceptan pasivamente la demolición del orden internacional y que todavía creen en la posibilidad de reconstruirlo desde la ética, la memoria y la humanidad. En manos de Michelle Bachelet, la Secretaría General de la ONU no sería simplemente un cargo administrativo. Sería, en el momento más oscuro del sistema multilateral, una línea de defensa de la civilización frente a su descomposición.
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