La más reciente agresión lanzada por Estados Unidos contra la Cuba socialista se suma a las más de 240 medidas coercitivas unilaterales y a las ya innumerables acciones vinculadas al criminal bloqueo, el bloqueo unilateral estadounidense de carácter económico, comercial y financiero, inhumano y criminal, condenado sistemáticamente desde hace treinta y tres años por la práctica totalidad de las Naciones Unidas. Esta nueva ofensiva se despliega en el marco de la renovada agresividad contra Cuba, por parte de la Casa Blanca, claramente encuadrada en los términos del llamado “corolario Trump” de la Doctrina Monroe y en el marco de la reciente Estrategia de Seguridad Nacional.

El objetivo de Estados Unidos es el de siempre, anunciado desde los primeros pasos del criminal bloqueo y explicitado el 6 de abril de 1960 por Lester D. Mallory, entonces Subsecretario de Estado Adjunto (o alto funcionario) para Asuntos Interamericanos, cuando en un memorando secreto del Departamento de Estado señalaba que —“la mayoría de los cubanos apoya a Castro… el único medio previsible para privarle de ese apoyo es mediante la decepción y la insatisfacción que surjan del malestar económico y de las dificultades materiales… deben utilizarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… con el fin de provocar la mayor escasez posible de dinero circulante (dólar) y suministros, reducir los recursos financieros y los salarios reales, y provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

De nuevo, ahora bajo la segunda Administración Trump, se intenta condenar a la población al hambre para provocar un cambio violento de sistema, bloqueando literalmente la isla y asfixiando a su pueblo. Así lo ha denunciado ante el mundo el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel: “Cuba está bajo asedio”.

Pero al mismo tiempo Cuba es un sistema planificado y una sociedad organizada que, aun en un contexto de dificultades indiscutibles y desafíos gigantescos, es capaz de definir prioridades y organizar la vida pública. Así, desde el primer momento, el Gobierno cubano ha adoptado una serie de medidas para garantizar los servicios públicos y sociales esenciales. Como ha declarado el vicepresidente primero y ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, “es importante maximizar el uso de los recursos de que disponemos en el país y diversificar las vías para seguir obteniendo los ingresos que nuestra economía necesita, con el fin de garantizar los programas de desarrollo económico y social”. En consecuencia, todo el combustible disponible en el país se utilizará prioritariamente para asegurar la producción de servicios esenciales como la sanidad y las actividades económicas básicas.

¿En qué consisten, entonces, estas medidas? En primer lugar, la producción de energía eléctrica se sostendrá “principalmente mediante centrales termoeléctricas que consumen petróleo nacional, el gas obtenido de la extracción petrolera y fuentes de energía renovable, que para 2025 han registrado un incremento significativo”. Se han fijado así los objetivos del programa de instalación de módulos solares fotovoltaicos a nivel familiar y comunitario: 20.000 sistemas para viviendas, con sus correspondientes paneles y baterías, distribuidos a nivel estatal; 10.000 sistemas de entrega rápida para escuelas, hospitales y centros de salud; 5.000 módulos solares fotovoltaicos para electrificar el 100 % de las viviendas aisladas en los territorios más remotos de la isla; y otros 5.000 previstos para el primer semestre del año, destinados a espacios sociales como residencias de mayores, guarderías  y servicios comunitarios.

En el ámbito de la producción alimentaria, el programa prevé un esfuerzo adicional para incrementar la producción a nivel local, con el objetivo de sembrar, a lo largo de 2026, hasta 200.000 hectáreas de arroz, además de promover la agricultura urbana y familiar y el uso de fuentes de energía renovable para el riego.

En el ámbito de la salud, se garantizará el suministro de productos de fabricación nacional para satisfacer en lo posible todas las necesidades del sistema sanitario cubano, que, como es sabido, por su carácter público, gratuito y universal, es reconocido y estudiado a nivel mundial. En particular, ya se ha puesto en marcha un programa especial para pacientes crónicos que viven en zonas remotas o con dificultades de transporte, con el fin de garantizar su acceso a los centros sanitarios y el tratamiento cuando sea necesario. Al mismo tiempo, se asegurará la vigilancia epidemiológica, se dará prioridad a las emergencias médicas y al programa de salud materno-infantil, y se garantizará el combustible necesario para la producción nacional de medicamentos esenciales por parte de BioCubaFarma, el principal actor (asimismo estatal) del sector biotecnológico y farmacéutico.

En el ámbito educativo, la enseñanza continuará garantizándose en todo el país, con turnos cuando sea necesario, pero dando siempre prioridad a la educación presencial, especialmente en la educación infantil y primaria. También aquí se establecen prioridades claras, en primer lugar, las escuelas infantiles, dada la especial vulnerabilidad de los niños, y el apoyo a las familias trabajadoras.

En el ámbito de la investigación científica y tecnológica, se garantizarán todos los recursos necesarios para los sistemas fundamentales de alerta temprana (meteorología, sismología, vigilancia radiológica) destinados a proteger a la población contra grandes fenómenos adversos (terremotos y maremotos, ciclones, huracanes, etc.). En cuanto al transporte y la movilidad, se adoptará igualmente una estrategia específica orientada a priorizar los servicios esenciales, las importaciones y exportaciones, y el apoyo a sectores críticos como la sanidad y la educación.

Los trenes nacionales de pasajeros, que actualmente circulan cada cuatro días, pasarán a prestar servicio cada ocho días. En los días en que no haya servicio ferroviario, se organizarán transportes específicos para docentes, estudiantes y trabajadores que regresan a sus hogares. Los servicios de autobuses intermodales en conexión con los trenes nacionales hacia zonas remotas continuarán funcionando de acuerdo al nuevo horario ferroviario. En cuanto a los autobuses nacionales, las salidas serán modificadas o reducidas, manteniendo en todo caso un servicio diario hacia las capitales provinciales y, en el caso de Pinar del Río, dos salidas diarias, y en el de Baracoa, una salida en días alternos.

Este es el marco general, pero se dispone de un dosier analítico que el Gobierno ha elaborado y puesto a disposición para detallar y dar a conocer las medidas de emergencia en todos los ámbitos, disponible en traducción italiana. El panorama que se desprende es claro. Por un lado, Cuba se enfrenta a una amenaza ejercida por un poder violento y criminal, el de Estados Unidos, con la clara intención de estrangularla y someterla al hambre, más aún si se tiene en cuenta que la isla lleva 65 años sometida al bloqueo. Se trata del mismo bloqueo económico, comercial y financiero que ha causado daños acumulados estimados en más de 1,5 billones de dólares (calculados al valor del oro), con un impacto superior a los 5.000 millones de dólares solo en el último año, afectando gravemente a la economía (agricultura, industria, transportes) y al sector sanitario, con escasez de medicamentos y tecnologías, y generando un coste humano y social enorme.

Se trata de cifras desorbitadas para un país del tamaño de Cuba, que, recordemos, tiene una extensión aproximada de 110.000 km² (el 36 % de la de Italia) y una población de algo menos de 11 millones de habitantes (menos del 20 % de la italiana): 1,5 billones de dólares equivalen, para hacerse una idea, a más del PIB anual de un país rico de la Unión Europea como los Países Bajos, lo que da la medida de la ferocidad inhumana de estas medidas.

Por otro lado, Cuba afronta esta misma amenaza con disciplina y organización, en este  contexto de dureza extrema, ante todo para la vida cotidiana de la población, pero en el que no se deja a nadie atrás, se garantizan los Derechos fundamentales, se establecen prioridades y se preservan todos los servicios de asistencia y protección social.

Referencias: