Lo que está ocurriendo en las cárceles israelíes no puede seguir siendo leído como una suma de abusos aislados ni como desviaciones coyunturales propias de un conflicto prolongado. Los informes acumulados de organizaciones palestinas, israelíes y de Naciones Unidas describen una arquitectura coherente, progresiva y deliberada de deshumanización, que hoy permite hablar con fundamento de un proceso de eliminación estructural de la población palestina detenida.
Desde hace años, Israel ha ampliado de manera sistemática la definición de “terrorismo” aplicada a la población palestina. Bajo el régimen de ocupación y justicia militar, conductas que en cualquier otro contexto serían tratadas como delitos menores o actos de protesta —incluido el lanzamiento de piedras, incluso por menores— son tipificadas como amenazas graves a la seguridad. Esta elasticidad conceptual no es accidental: permite absorber prácticamente cualquier forma de resistencia dentro de una categoría penal absoluta, moralmente cerrada y jurídicamente extrema.
Sobre ese primer pilar se monta el segundo: un sistema de detención que ya no puede describirse como punitivo, sino como destructivo. Informes del Palestinian Centre for Human Rights y de organizaciones israelíes como B’Tselem documentan patrones consistentes de tortura, tratos crueles, humillaciones sistemáticas, violencia sexual, aislamiento prolongado y privación deliberada de condiciones básicas de vida. A esto se suma un deterioro grave y generalizado de la atención médica en prisión, incluyendo denuncias de negligencia frente a enfermedades crónicas y potencialmente mortales. La privación de tratamiento no aparece como una falla administrativa, sino como parte de un régimen de abandono que acelera el deterioro físico y psicológico de los detenidos.
Este marco no es nuevo, pero desde octubre de 2023 se ha intensificado y normalizado. La detención deja de ser una herramienta jurídica para convertirse en un espacio de suspensión de humanidad. El preso palestino es reducido a un cuerpo administrado, castigado y expendable.
Es en este contexto donde el debate actual sobre la reinstauración de la pena de muerte adquiere una gravedad radical. No se trata de una discusión abstracta sobre castigos extremos, sino de la introducción de la sanción máxima dentro de un sistema ya degradado, discriminatorio y operado mayoritariamente por tribunales militares. Los expertos de Naciones Unidas han advertido que este proyecto tendría un impacto claramente discriminatorio y violaría el derecho a la vida, precisamente porque se aplicaría sobre una población previamente despojada de garantías legales efectivas y sometida a definiciones expansivas de “terrorismo”.
A esta advertencia se suma un dato político y operativo central: el proyecto de ley que permitiría imponer la pena de muerte por delitos calificados como “terrorismo” ya ha sido aprobado en primera lectura en la Knéset. Aunque aún no se ha convertido en ley definitiva, este avance legislativo ha activado, en paralelo, preparativos concretos dentro del sistema penitenciario israelí. Medios israelíes han informado que el Servicio Penitenciario ha comenzado a planificar la infraestructura y la logística necesarias para aplicar la pena capital, incluyendo la adecuación de espacios destinados a ejecuciones y la elaboración de procedimientos internos. Según esos reportes, el método contemplado sería el ahorcamiento, lo que implica la preparación de patios o áreas específicas y la organización del personal involucrado. No se trata, por tanto, de una hipótesis remota, sino de una anticipación operativa condicionada a la aprobación final de la ley.
La secuencia es clara y no requiere interpretaciones forzadas. Primero, se redefine al enemigo hasta hacerlo omnipresente. Luego, se lo encierra en un sistema que destruye cuerpos y voluntades mediante tortura, hambre y abandono médico. Finalmente, se avanza en el marco normativo y logístico para eliminarlo legalmente. Cada etapa se apoya en la anterior. Cada paso reduce el umbral de lo impensable.
Hablar de “solución final” no es aquí un gesto retórico ni una comparación histórica superficial. Es una categoría analítica que describe un proceso: la eliminación progresiva, legalizada y administrativamente gestionada de una población considerada irreductible, peligrosa y prescindible. No es necesario que las ejecuciones hayan comenzado para que el peligro sea real. El peligro reside en la estructura, no en el acto final.
La indiferencia explícita del Estado israelí frente al derecho internacional refuerza esta lectura. Resoluciones de la ONU, informes de relatores especiales y medidas cautelares de tribunales internacionales han sido ignoradas sin costo político efectivo. Cuando un Estado deja de simular respeto por la legalidad internacional, el marco que queda es el de la fuerza desnuda, sostenida por un lenguaje jurídico propio y cerrado.
Lo que hoy preocupa no es una ley futura ni una amenaza hipotética. Es la coherencia interna de un sistema que ya funciona bajo lógicas de exterminio lento. Esperar a que el último paso se materialice para nombrarlo sería una renuncia ética. El periodismo responsable no certifica catástrofes a posteriori: identifica sus signos cuando aún pueden ser reconocidos como advertencia.
Aquí, los signos están todos a la vista. Y están documentados.
