La declaración del Kremlin de que a Venezuela «debe garantizársele el derecho a determinar su propio futuro sin interferencias externas destructivas, particularmente de naturaleza militar», emitida después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, ya estaba cargada de contradicción. La frase en sí es casi un libro de texto de derecho internacional: soberanía, autodeterminación, no intervención. Podría haberse extraído de la Carta de la ONU o del lenguaje de los movimientos de descolonización del siglo XX. Y, sin embargo, pronunciadas por un gobierno que invadió Ucrania, arrasó ciudades, desplazó a millones y anexó territorio por la fuerza, las palabras no convencieron. Las palabras flotaban en el aire, acusadoras incluso mientras dejaban al descubierto la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

La respuesta fácil es tachar la declaración de hipócrita y pasar página. La hipocresía es un diagnóstico satisfactorio porque preserva la arquitectura moral subyacente. La norma sigue siendo válida; el que habla simplemente la ha violado. La norma permanece intacta incluso si quien la infringe no lo está. Pero este consuelo es falso. Lo que la declaración revela no es la hipocresía como una desviación, sino como una estructura. Muestra cómo funcionan realmente las normas internacionales: no como compromisos compartidos, sino como instrumentos que se despliegan cuando son útiles y se descartan cuando son costosos.

Esto no es una aberración rusa. Es la condición de la geopolítica moderna.

La soberanía es una de las ideas más potentes jamás producidas por el pensamiento político. Prometió poner fin a la guerra sin fin al ubicar la autoridad dentro de las fronteras. Dio lenguaje a la lucha antiimperialista. Ofreció a las naciones recién independizadas un reclamo de dignidad, autonomía y reconocimiento. Para gran parte del mundo, la soberanía no era una abstracción sino una tregua difícilmente ganada frente a la dominación.

Y, sin embargo, la soberanía siempre ha tenido una segunda cara. El mismo principio que protege a los débiles también protege a los fuertes. La misma norma que prohíbe la invasión puede invocarse para excusar la represión. Desde sus primeras formulaciones, la soberanía fue menos un logro moral que un compromiso político: una forma de estabilizar el poder más que de trascenderlo.

Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacional intentó disciplinar este compromiso. La Carta de las Naciones Unidas prohibió la guerra de agresión. Elevó la autodeterminación. Apuntó hacia un mundo en el que la fuerza sería constreñida por reglas en lugar de santificada por la victoria. Después de 1945, este compromiso se formalizó en la Ley. El Artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, un intento ambicioso de convertir la intuición moral contra la conquista en una regla global vinculante; una regla que se ha honrado más en la retórica que en la contención. Esta arquitectura legal sigue siendo uno de los proyectos morales más ambiciosos de la Humanidad. La democracia de Ucrania agudiza la injusticia de la invasión, pero no es su fuente; la prohibición de la conquista estaba destinada a sobrevivir a las imperfecciones de los gobiernos, no a recompensar la virtud, porque una vez que la soberanía se vuelve condicional, se convierte en permiso.

Pero la ambición no es cumplimiento.

Desde el momento mismo en que estas normas se codificaron, fueron torcidas. Estados Unidos defendió la soberanía mientras orquestaba golpes de estado en América Latina y Oriente Medio. Invocó el Derecho Internacional mientras lo eludía en Vietnam e Irak. La Unión Soviética hablaba el lenguaje de la liberación socialista mientras aplastaba levantamientos en Hungría y Checoslovaquia. China defiende la no injerencia mientras ejerce una presión implacable sobre Hong Kong, Xinjiang y Taiwán. Rusia condena la intromisión occidental mientras redibuja fronteras a punta de pistola.

Ninguna gran potencia está exenta. El vocabulario cambia. Las justificaciones evolucionan. La estructura persiste.

El teórico político Stephen Krasner llamó a esta realidad «hipocresía organizada», una frase que aún inquieta porque rechaza el consuelo. Los estados no dejan de cumplir las normas por accidente; las afirman precisamente porque las normas confieren legitimidad. La soberanía es valiosa no porque restrinja el poder, sino porque puede invocarse para justificarlo. Las normas no se abandonan cuando se violan. Se readaptan.

Es por eso que toda intervención se enmarca como una excepción. Toda violación es temporal. Toda transgresión es necesaria. La regla nunca se niega, solo se pospone.

Los liberales a menudo se resisten a esta conclusión. El internacionalismo liberal depende de la creencia de que las reglas importan, que las instituciones restringen la violencia y que el progreso, por frágil que sea, es real. Admitir que las normas funcionan instrumentalmente se siente como rendirse al cinismo o al realismo en su forma más cruda. Por eso, el discurso liberal se aferra a binarios: un orden basado en reglas versus el caos, democracia versus autoritarismo, ley versus ilegalidad. La hipocresía se convierte en evidencia de un fracaso moral más que en un diseño estructural.

Los progresistas, entre tanto, a menudo caen en una distorsión diferente. Muy conscientes del imperialismo Occidental, a veces tratan la soberanía como sagrada cuando se invoca contra Washington pero como negociable cuando la violan estados posicionados como antioccidentales. El poder se condena selectivamente, dependiendo de quién lo ejerza. En las primeras respuestas a la invasión rusa de Ucrania, algunas críticas de izquierda Occidental ponían la expansión de la OTAN como marco explicativo central, contextualizando la agresión de Moscú principalmente como una reacción a la política occidental más que como un ejercicio de poder imperial por derecho propio. El resultado no es internacionalismo, sino alineamiento.

Ambas respuestas confunden la retórica con la realidad.

Carl Schmitt, un pensador profundamente comprometido cuyas intuiciones vigilan críticamente la política moderna, sostuvo que la soberanía reside, en última instancia, en el poder de decidir cuándo las reglas dejan de aplicarse. Como escribe en “Teología Política” (.PDF en español), el soberano es «aquel que decide sobre la excepción«, destacando cómo el legalismo y el lenguaje moral pueden enmascarar esta verdad. El liberalismo, advirtió Schmitt, disfraza el poder con normas, haciendo que la suspensión de las reglas parezca una anomalía en lugar de la expresión máxima de la autoridad. La historia le ha dado la razón repetidamente. La excepción no es una anomalía; es el mecanismo mediante el cual el poder se afirma a sí mismo.

La intervención humanitaria ilustra esto con brutal claridad. El lenguaje de los Derechos humanos se ha utilizado para justificar rescate y ruina, protección y saqueo. Algunas intervenciones han salvado vidas. Otras han destruido Estados. La distinción rara vez se resuelve solo por la Ley. Se resuelve por la fuerza, el control de la narrativa y lo que el mundo elige recordar.

Hannah Arendt entendió que cuando los Estados dependen en gran medida de la retórica moral para justificar la violencia, a menudo es porque la legitimidad ya se está desgastando; el poder, argumentó, surge del consentimiento colectivo  (también accesible en español en Google.Docs y en ULA.ve) y la persuasión racional más que de la coerción. La violencia llena el vacío cuando ese consentimiento se erosiona. Cuanto más fuerte es la apelación al principio, más precaria es la autoridad detrás de él.

La literatura siempre ha visto esto más claramente que la política.

George Orwell advirtió que el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el asesinato respetable, para transformar la invasión en «intervención», la ocupación en «seguridad», la muerte civil en «daño colateral». Esto no es mero eufemismo. Es una tecnología de gobierno, como muestra en «La política y el lenguaje inglés» (también en PDF español).

Albert Camus, escribiendo entre los escombros de la violencia ideológica, rechazó tanto el absolutismo moral como el relativismo moral. Insistió en que negarse a la injusticia no concede permiso para cometerla. Su negativa a excusar la violencia revolucionaria lo alienó de la izquierda y le granjeó la sospecha de la derecha, pero preservó una forma de integridad, o seriedad, moral que la ideología corroe, como deja claro en “El rebelde” (también en PDF español ): un rechazo a justificar fines a través de medios violentos que socavan la dignidad humana.

Poetas como W.H. Auden captaron la disonancia entre el principio abstracto y el sufrimiento encarnado: la forma en que los estados hablan en sustantivos mientras la gente sangra en verbos, como en su poema «Musée des Beaux Arts» (en español) donde el mundo «sigue su curso» incluso mientras el sufrimiento humano se desarrolla en sus márgenes. Escritores como Chinua Achebe expusieron cómo el poder colonial encubría la dominación con el lenguaje del orden y la mejora, insistiendo en que la mayor violencia no era solo material sino epistémica: el robo de la voz moral que niega a pueblos enteros su plena humanidad.

Es por eso que la hipocresía perdura. No porque los líderes sean excepcionalmente inmorales, sino porque las normas funcionan como moneda. Legitiman la acción. Estructuran el debate. Incluso cuando se violan, dan forma al argumento. Nadie afirma que la soberanía no signifique nada. Afirman que se aplica aquí, no allá.

El peligro no está en reconocer esto, sino en fingir lo contrario.

Para los ciudadanos de las democracias poderosas, la indignación selectiva no es tanto un fracaso personal como uno sistémico. Los ecosistemas mediáticos, las identidades partidistas y el etiquetado moral nos animan a ver el principio en todas partes excepto donde nos implica. Nuestras violaciones son necesidades trágicas. Las suyas revelan carácter.

Para la izquierda, el desafío es aún más agudo. El antiimperialismo pierde coherencia cuando excusa la violencia autoritaria simplemente porque se opone al poder Occidental. La solidaridad con los pueblos oprimidos no puede detenerse en las fronteras trazadas por los imperios. Criticar la expansión de la OTAN no requiere avalar la invasión. Exponer la hipocresía de EE.UU. no requiere minimizar el sufrimiento ucraniano. La claridad moral no se logra cambiando de uniforme.

Si las normas son herramientas, la tarea no es desecharlas, sino negarse a su monopolización.

Un internacionalismo más honesto comenzaría abandonando la fantasía de que la Ley flota o impera por encima del poder. Trataría las Normas como logros frágiles más que como garantías. Exigiría coherencia no como una expectativa, sino como una lucha política; una que comienza en casa.

Tal ética resistiría tanto el cinismo como la santurronería. Consideraría las violaciones como algo incorrecto incluso cuando las comete «nuestro bando». Trataría la soberanía no como un eslogan, sino como una condición vivida que requiere autonomía económica, política y social, no solo integridad territorial.

Cuando el Kremlin habla del derecho de Venezuela a la autodeterminación, la afirmación no es falsa. Es incompleta. Omite a Ucrania. Omite la historia. Omite al que habla.

El verdadero peligro no es que los estados poderosos mientan sobre las Normas. Es que nosotros sigamos tratando esas mentiras como desviaciones en lugar de revelaciones, y eximamos a nuestras propias instituciones del escrutinio que tan fácilmente aplicamos a otros.

Nombrar esto no es abandonar la esperanza. Es cimentarla. Solo confrontando cómo se usan las normas podemos comenzar el trabajo mucho más difícil de hacer que signifiquen algo al fin.