En tiempos de intimidación sistemática, silencios cómplices y cobardía institucional, la decisión conjunta de la Vrije Universiteit Brussel, la Universidad de Amberes y la Universidad de Gante de conceder un doctorado honoris causa a Francesca Albanese no es un gesto académico rutinario. Es una toma de posición. Es una afirmación ética. Y es, sobre todo, una declaración de independencia intelectual frente a un clima global en el que decir la verdad se ha vuelto un acto de riesgo.
Por primera vez en su historia, en ceremonia solemne el próximo 2 de abril en Amberes, estas tres universidades flamencas —todas ellas instituciones de referencia en Europa en investigación, derecho internacional, ciencias sociales y humanidades—, han decidido otorgar de manera conjunta el más alto reconocimiento académico a una jurista cuya trayectoria profesional encarna con rara coherencia los valores que la universidad dice defender: rigor, honestidad, valentía y servicio al bien público. No se trata de una casualidad ni de una concesión simbólica. Se trata de una comunidad intelectual de altísimo nivel que decide hablar con una sola voz.
Francesca Albanese es una abogada internacional con una carrera sólida, extensa y profundamente respetada en el ámbito de los derechos humanos. Antes de asumir en 2022 como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, trabajó durante más de una década como asesora jurídica y experta en distintos mecanismos de la ONU, especializándose en derecho internacional humanitario, protección de civiles, desplazamiento forzado y responsabilidad estatal. Su mandato fue renovado en 2025, reconocimiento explícito a la calidad técnica y a la independencia con que ha ejercido una función particularmente expuesta a presiones políticas.
Los comunicados oficiales de las universidades son claros y deliberados. En su declaración conjunta, las instituciones subrayan el “compromiso excepcional de Francesca Albanese con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del derecho internacional”, así como su capacidad para ejercer su mandato “con independencia profesional y rigor jurídico en contextos de extrema polarización”. No es un elogio vacío: es una descripción precisa de una carrera construida sobre evidencia, derecho y responsabilidad.
Desde la Vrije Universiteit Brussel, su rector ha insistido en que la universidad no es un espacio neutro frente a la injusticia, sino un lugar donde el pensamiento crítico debe mantenerse libre de presiones externas. La Universidad de Amberes ha destacado que este reconocimiento conjunto expresa una convicción compartida: que la academia tiene una responsabilidad social indelegable cuando el derecho internacional es vulnerado de manera sistemática. La Universidad de Gante, por su parte, ha remarcado que honrar a Albanese es honrar el principio de que la investigación y el análisis jurídico no pueden subordinarse a campañas de intimidación o a intereses políticos coyunturales.
Ese último punto no es menor. Porque el anuncio del doctorado ha sido seguido, como era previsible, por una ofensiva de descrédito impulsada por organizaciones sionistas que operan como lobbies políticos, no como actores académicos. No estamos hablando de comunidades religiosas ni de identidades culturales. Estamos hablando de estructuras políticas organizadas que, desde hace años, intentan desacreditar, silenciar o expulsar del espacio público a toda voz que documente los crímenes del Estado de Israel y la naturaleza colonial y violenta del proyecto sionista en su expresión actual.
El patrón es conocido y burdo: tergiversación de declaraciones, acusaciones infundadas, presión mediática, amenazas veladas a instituciones, chantaje moral mediante el uso instrumental del antisemitismo. Nada de eso resiste un análisis serio. Y nada de eso ha sido suficiente para que tres universidades de élite retrocedan. Al contrario: han reafirmado su decisión con claridad, dejando en evidencia la distancia abismal entre el trabajo intelectual riguroso y el juego sucio de quienes confunden intimidación con argumento.
El trasfondo de esta disputa no es abstracto. Es material. Es humano. Es sangriento. Los informes presentados por Francesca Albanese ante Naciones Unidas constituyen una de las documentaciones más severas y meticulosamente fundamentadas sobre la destrucción de Gaza. En ellos, la relatora expone que, al considerar no solo las muertes directas por bombardeos y ataques militares, sino también las muertes indirectas causadas por el hambre inducida, el colapso sanitario, la destrucción deliberada de infraestructura civil, la deshidratación, las enfermedades evitables y el desplazamiento forzado masivo, el número real de palestinos muertos alcanza, como mínimo, las 680.000 personas, población civil, en su gran mayoría niños, mujeres y ancianos.
Ese dato no es retórico. No es propaganda. Es el resultado de aplicar estándares jurídicos y epidemiológicos utilizados históricamente para evaluar mortalidad en contextos de destrucción masiva. Y es, además, una cifra conservadora. La propia Albanese ha sido explícita en señalar que la imposibilidad de contar a los muertos con precisión —cuerpos bajo los escombros, registros destruidos, hospitales arrasados— forma parte del crimen mismo. El genocidio no solo mata: borra.
Frente a esa realidad, la reacción de las organizaciones sionistas que hoy intentan sabotear este reconocimiento académico no es una defensa de la ética ni de la memoria histórica. Es la reacción de un aparato político que se sabe expuesto, cuestionado y crecientemente aislado frente a la evidencia. Es la violencia simbólica de quienes no pueden refutar los hechos y optan por atacar a quien los nombra.
La respuesta de las universidades belgas es, por eso, profundamente significativa. No están premiando una opinión. Están reconociendo una vida profesional dedicada al derecho, a la investigación rigurosa y a la defensa de los principios más básicos de la legalidad internacional. Están diciendo, sin ambigüedades, que la universidad no se pliega ante el matonaje político ni ante el chantaje moral. Están recordando que el conocimiento no se somete al poder cuando el poder delinque.
Francesca Albanese no es una figura pasajera ni una provocadora ocasional. Es una jurista sólida, una investigadora seria y una servidora pública internacional que ha asumido el costo de decir lo que muchos prefieren callar. Y por eso hoy es atacada. Y por eso mismo hoy es honrada.
Ni todo el dinero, ni toda la influencia, ni toda la maquinaria de desinformación de los criminales que hoy arrasan Gaza podrán silenciar una voz honesta. Mucho menos apagar su brillo. Porque cuando la inteligencia se ejerce con ética, y la universidad recuerda su razón de ser, la verdad encuentra siempre dónde sostenerse.
Y esta vez, la sostiene una comunidad académica del más alto nivel que ha decidido no mirar hacia otro lado.
